Ricardo Vargas

Esta semana el tema del presupuesto federal fue el centro de atención de la opinión pública y de medios de comunicación, luego de que nuestro presidente enviara al congreso un primer dictamen que formula una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La propuesta fue polémica y controvertida pues otorga al líder del Poder Ejecutivo (Presidente de México), la capacidad de poder redirigir, sin necesidad de aprobación, hasta el 10% de los recursos ya asignados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso.

El dictamen no ha sido votado pues por sugerencia de la Secretaría de Salud, no se pudo convocar a un período extraordinario de sesiones en el Congreso, a pesar de la insistencia del grupo parlamentario que tiene mayoría actualmente. Y en estos últimos días, la atención se ha centrado en este tema pues de forma quizá general, los partidos que pudieran considerarse como “de oposición” rechazaron tajantemente la iniciativa de reformar la Ley Federal de Presupuesto y otorgarle esta facultad al Presidente de la República. Si bien se habló de que esta iniciativa restaba facultades a la Cámara de Diputados, esto no es necesariamente correcto, pues más bien le otorga nuevas facultades al líder del Ejecutivo, sin vulnerar las facultades con las que ya cuenta el Poder Legislativo a través de la Cámara de Senadores. Sin embargo, lo que correctamente señalaron varios líderes de partidos “opositores” es que existe mucha incertidumbre en el dictamen y da pie a que esta (innecesaria) iniciativa pueda malinterpretarse. En primer lugar, la iniciativa propone que al enfrentar una “emergencia económica” el Presidente del país podrá usar a su criterio hasta el 10% de los recursos que ya han sido aprobados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para destinarlos a proyectos que son prioritarios para el Gobierno Federal. En este punto es muy importante resaltar que no se define ni se propone siquiera una definición propia para “emergencia económica”. Pareciera por el entorno en el que nos encontramos, que esta emergencia económica se pudiera referir a la situación que enfrentamos por contingencia del Covid-19, pero al no tener una definición propia de este concepto, nada nos asegura que en situaciones sanitarias normales, se determine que estamos en una “emergencia económica”, con tal de disponer libremente de dichos recursos. Asimismo, no se establece ningún control que determine si los proyectos “prioritarios” para el Gobierno Federal puedan realmente activar sectores de la economía, por lo que no hay una garantía de que esta redirección de recursos generaría un mejor efecto en la economía, que haber respetado el rubro para el que ya habían sido aprobado dichos recursos.

En segundo lugar, y aunque como mencioné no se le restan facultades a la Cámara de Diputados, sí se compromete la que por muchos es considerada como la tarea más importante de nuestros Diputados Federal; la discusión y aprobación del Paquete Económico que contiene la Ley Federal de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Me refiero a esto porque aunque seguirían siendo ellos quienes finalmente aprueben el paquete económico de cada año, la realidad es que el 10% de los recursos podrían tener el destino que nuestro Presidente considere mejor (en caso de que entremos a esta incierta y poco clara “emergencia económica”).

En tercer lugar y hablando sobre lo que podría ser el trasfondo de esta iniciativa, está indudablemente el tema económico y el margen de maniobra que tiene el Gobierno Federal para lo que resta de este año y buena parte del próximo. Es muy simple; nuestro Gobierno Federal recibe ingresos por medio de la recaudación de impuestos, pues en el tema del petróleo son más las pérdidas. En este sentido, y frente a la depresión económica que enfrentamos, los ingresos que recibirá el Gobierno Federal por concepto de impuestos serán mucho menores a los proyectados. Esto impactará directamente en los recursos disponibles para programas sociales, obras de infraestructura, etc, que ya habían sido presupuestadas a finales del año anterior. Tan sólo en el mes de abril, la recaudación de impuestos federales cayó 10% anual, y el período enero-abril muestra una variación anual positiva únicamente porque la contingencia sanitaria inició realmente a finales de marzo, pero en los próximos meses esta caída en recaudación será mucho menor como una consecuencia natural a una actividad económica prácticamente nula en el país.

La solución a una crisis económica no es otorgar más facultades al Poder Ejecutivo. Dejemos la facultad del tema presupuestario al Poder Legislativo.

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Soy economista del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Tengo un par de años escribiendo artículos de opinión. Escríbeme. rvargas@publimagen.mx @1ricardovargas