• La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) presenta la edición 2020 de su Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y cultura de la integridad
  • Se trata de uno de los pocos estudios de opinión que presenta estimaciones con representatividad estadística a nivel Estatal, que trata el problema de la corrupción, y que además se encuentra alineado a los Ejes de la Política Estatal Anticorrupción
  • El 72% de los entrevistados considera que la Fiscalía Especializada en el Combate a la corrupción tiene “mucha” responsabilidad en el combate a este flagelo; es la que genera más altas expectativas dentro del Comité Coordinador
  • El 7% de los entrevistados afirmó haber pagado directamente un soborno a un empleado público en el último año. De este grupo: el 54% pagó $500 o menos; el 49% no quedó “nada satisfecho” con el trámite o servicio; y el 44% se sintió amenazado
  • El 24% considera que el sector menos transparente es “seguridad pública”; seguido de “programas sociales” (18%); “salud” (12%); y “desarrollo económico” (11%)

La Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la integridad, de la SESEA, mide la percepción que tienen los ciudadanos que viven en el Estado desde hace más de un año, en relación al fenómeno de la corrupción y qué tan extendido se encuentra este fenómeno en determinados sectores del gobierno.

Asimismo capta información útil para valorar cómo esta opinión se ve influenciada por factores como su concepto de corrupción, por sus valores morales, y por sus expectativas respecto al desempeño de las instituciones en materias tales como transparencia o impartición de justicia.

Sus resultados nos llevarán a interpretar con más cuidado los indicadores relacionados con la percepción de este fenómeno.

Así, por ejemplo, arriba del 90% de las personas considera que comete corrupción “un funcionario en un vehículo del gobierno, que maneja borracho” o “un servidor público que acosa sexualmente al personal a su cargo”.

Por otra parte, la ciudadanía también considera que ciertas conductas realizadas por los particulares, que constituyen ilícitos diversos, son corrupción. En estos términos, arriba de dos terceras partes de los entrevistados consideran que “un abogado que embarga la casa de una familia que no puede pagar”, o “un mecánico que engaña a su cliente con las refacciones de su coche”, cometen corrupción.

Reprobamos el nepotismo y el amiguismo, pero un 35% de la población, consiguió su primer empleo por un amigo o familiar.

Rechazamos el uso del poder público para beneficio privado, pero cuando se les planteó que “Un funcionario público puede aprovecharse de su puesto, siempre y cuando haga cosas buenas”, la ciudadanía se divide, y un 43% se manifiesta a favor (“de acuerdo” o “muy de acuerdo”).

En consonancia, un 74% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que los encargados de los programas sociales deberían tener la opción de “no hacer caso” de algunos requisitos, y entregar despensas a quien las necesite. Mientras que un 71% de los ciudadanos dicen que los encargados de hacer obra pública, deberían tener la libertad para regalar cemento y material a las familias pobres.

También se demuestra que el ciudadano se forma un juicio respecto al desempeño de sus autoridades, con independencia de la información disponible. En este sentido, sólo un 5% de los entrevistados sabe en qué consistió la Estafa Maestra; y un 21% de los hidrocálidos la confunde con otros casos famosos de corrupción. Sin embargo, el 42% de la población considera que la autoridad no actuó correctamente en el caso de la Estafa Maestra.

La encuesta proporciona datos de interés para las instituciones encargadas de promover la denuncia, y de investigar faltas administrativas y hechos de corrupción.

En relación a la denuncia, un 54% de los ciudadanos no denunció los actos de corrupción de los que se dice víctima. La mitad de este grupo no lo hizo justificándose en que “de nada sirve denunciar” y que “las autoridades no hacen nada”, mientras que un 11% del mismo grupo que no denuncia, dice que no lo hace “porque le quita mucho tiempo”.

En relación a la inutilidad de la denuncia, el 50% de la población no tiene idea de en cuánto tiempo cree que tardaría en resolverse una denuncia por un caso de corrupción; de los que sí proporcionaron una respuesta, un 31% tiene la expectativa de que tarde más de 3 años en resolverse una denuncia por este tipo de hechos.

Por otra parte, la ciudadanía no tiene una expectativa sobre el castigo que ameritan actos de corrupción específicos, pues al preguntársele cuánto tiempo cree que dura el castigo en relación a diversos actos de corrupción, entre un 63 y un 86% de la población “no sabe” o “no contesta”.

Además, la Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad, arroja datos de interés para las organizaciones de la sociedad civil así como los representantes de la ciudadanía. Por ejemplo:

  • El 49% de los ciudadanos consideran que pueden influir mucho en las decisiones de su gobierno
  • El 63% de los ciudadanos cree que organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común es “difícil” o “muy difícil”; sin embargo, el 46% ya ha tratado de organizarse con otras personas afectadas por un problema común, para solucionarlo
  • El 71% se dice dispuesto a unirse a una organización anticorrupción

Este ejercicio destacó que la medición sobre la percepción del fenómeno puede verse asimismo afectada por el instrumento de medición. Para probarlo, se preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la frase “Los ciudadanos pueden desobedecer las leyes si le parecen injustas”, mientras que en otra parte de la entrevista, se les consultó sobre la premisa contraria: “Los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes aun cuando sean injustas”. El 31% de la población respondió favorablemente lo primero, es decir, está bien desobedecer leyes injustas; sin embargo, el 33% de este grupo respondió asimismo de manera afirmativa la segunda premisa, es decir, un 10% de la ciudadanía, incurre en una contradicción al considerar que la desobediencia a una ley injusta es bueno y malo a la vez.

Aquiles Romero González, Secretario Técnico de la SESEA, explicó:

“A través del estudio de opinión que hoy se presenta, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, aporta a la generación de conocimiento en la materia, y pone a disposición de todos los entes públicos, y de la ciudadanía en general, una herramienta a considerar, para el análisis de este complejo flagelo que castiga a nuestra entidad”.

“La segunda edición de la Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad 2020, no sólo da seguimiento a un ejercicio que inició en 2019, sino que complementa los planteamientos de la Política Estatal Anticorrupción, y documenta datos que permitirán interpretar de una mejor manera las cifras duras que cada año expone el Comité Coordinador a través de su informe”.

Estos datos, así como la totalidad de la encuesta pueden ser consultados en la página oficial de la SESEA en el siguiente vínculo:

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/Encuesta%20Estatal%202020.pdf