Sin recursos, podría haber un colapso en justicia laboral. Juventino Romero de la Torre, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, señaló que la próxima desaparición de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje resulta positiva, pues garantiza una mayor autonomía, sin embargo, para realizar la transición del Ejecutivo al Judicial, se debe garantizar un presupuesto suficiente para la contratación de personal capacitado y con experiencia, pues de lo contrario, podría haber problemas.

Indicó que a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se gozará de un periodo de un año para modificar las leyes secundarias en la materia; asimismo, se deberá de engrosar la infraestructura para implementar los juzgados laborales en el Poder Judicial, lo cual además va ligado a la contratación de jueces, magistrados, secretarios de acuerdos, actuarios, notificadores y proyectistas, entre otros, por ello resulta indispensable que el Congreso del Estado conozca a fondo las reformas para preparar un presupuesto adecuado.

Romero de la Torre destacó que uno de los problemas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es precisamente la falta de presupuesto, pues cuentan con poco personal y lleva muchos juicios; añadió que el sector empresarial espera que con las modificaciones en justicia laboral disminuya el número de juicios, pues la reforma propone la creación de un organismo descentralizado que va a mejorar la figura de la conciliación, así como la instalación de centros de conciliación, con el fin resolver conflictos y evitar juicios.

Apuntó que de cumplirse con los presupuestos establecidos en el decreto será una buena reforma, en lo cual ya está trabajando el Poder Judicial a nivel Federal, pues está haciendo trámites para recibir recursos suficientes para la implementación de este sistema; asimismo, agregó que se está redactando un código nacional de procedimientos laborales que estará vigente en todo el país.

Para concluir, el presidente de la Comisión Laboral de Coparmex recordó que con la modificación a los artículos 103 y 107 constitucional, las juntas que impartían justicia laboral en el país, dejan de formar parte del Ejecutivo y pasarán al Poder Judicial, en el orden federal y local.