La Asociación de Mujeres Jefas de Familia, a través de su presidenta, Gwendolyne Negrete Sánchez, expresó sus preocupaciones sobre los impactos en el acceso a la justicia para las mujeres derivados de los recientes cambios en el sistema judicial, destacando cómo esta situación amenaza los derechos fundamentales de miles de mujeres que luchan por una justicia inclusiva y efectiva.
Uno de los puntos críticos planteados es la controversia en torno a la elección popular de jueces. Aunque el debate ha tomado tintes políticos, la activista señaló que esta propuesta podría minar gravemente la imparcialidad del sistema de justicia. Según su perspectiva, abrir estos cargos a procesos electorales haría a los jueces susceptibles a presiones políticas y electorales, poniendo en riesgo el principio de autonomía que debería caracterizar al Poder Judicial.
Negrete Sánchez señaló que uno de los efectos colaterales más visibles y preocupantes es el retraso en procesos clave como los juicios de pensión alimenticia, que ya suelen tardar alrededor de un año en condiciones normales. Con las recientes paralizaciones en los procesos judiciales, este tipo de casos enfrenta un estancamiento aún mayor, perjudicando directamente a las familias de escasos recursos que dependen de un sistema funcional para asegurar el bienestar de sus hijos e hijas.
Advirtió que el problema no es solo de acceso, sino de igualdad sustantiva y perspectiva de género, conceptos que en México aún son letra muerta para muchas mujeres que buscan justicia.
La falta de una justicia restaurativa es, a decir de Negrete Sánchez, uno de los grandes pendientes. En su opinión, México ha avanzado en la promulgación de leyes progresistas y constantemente busca mejorar la protección de las mujeres, pero estas leyes no se aplican de manera efectiva. De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Familia, la solución no está en crear nuevas leyes, sino en implementar las ya existentes.
