César Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A dos años de la creación de la Guardia Nacional, el 75 por ciento de sus elementos son de extracción castrense, y sus 32 coordinadores estatales provienen de las Fuerzas Armadas, revela un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).
Bajo el título “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”, el Centro ProDH advierte sobre el riesgo de violaciones a derechos humanos por mantener en labores de seguridad a un cuerpo básicamente castrense.
De acuerdo con datos a marzo, de 101 mil 182 efectivos con los que contaba la Guardia Nacional, 59 mil 439 eran de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 16 mil 350 de la Secretaría de Marina (Sedena).
Además, de las unidades de Órganos Especializados por Competencia, para la Protección de los Derechos Humanos, de Asuntos Internos y de Asuntos Jurídicos y Transparencia, sólo la última es ocupada por un civil.
Datos de la propia Guardia Nacional, obtenidos para el informe, revelan que en 66 eventos en los que se empleó la fuerza letal, de agosto de 2019 a abril pasado, murieron 14 agentes, 89 “agresores” y 5 “civiles”.
“Esta identificación, que hace eco de la manera en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones, es problemática, pues las personas a quienes la Guardia Nacional identifica como ‘agresores’ también detentan derechos”, añade el Centro ProDH.
En cuanto a los controles de la Guardia Nacional, “Poder Militar” refiere que Asuntos Internos acumula 3 mil 400 quejas, de las cuales se han concluido mil 300 y de estas sólo 39 fueron procedentes.
“La Guardia Nacional refirió que su Unidad de Asuntos Internos contaba con 25 registros de señalamientos de ‘vínculos con la delincuencia organizada’ de sus elementos, sugiriendo que eran indagados por la propia Guardia”, detalla el informe.
El Centro ProDH se mostró aséptico de esta forma de investigar los abusos dentro de la Guardia Nacional.
“La Unidad de Asuntos Internos la encabeza un General de Brigada retirado, con antecedentes de haber sido parte de un cuerpo especialmente opaco y propenso a la vulneración de derechos humanos, como lo es la Policía Judicial Militar”, acusa en referencia al General David Enrique Velarde Sigüenza.
Para Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, el informe muestra que es preocupante que el Presidente Andrés Manuel López Obrador busque una reforma en 2023 para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena.
“Pues cancelaría la posibilidad de que algún día México cuente con una policía civil de presencia nacional”, dijo.
“Se abriría una etapa cargada de riesgos inéditos respecto de la presencia y el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional”.