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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La regularización de autos chocolate será un golpe para el comercio legal y un premio para las mafias que realizan contrabando de vehículos, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 16 de octubre firmará un decreto para regularizar los autos en México, la cual empezará en los siete estados fronterizos.
«Esto representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta repercusiones por la pandemia y la crisis de los semiconductores.
«La propuesta de regularización de vehículos no sólo se limitará a los siete estados fronterizos, sino que lo ampliará a todo el País, situación que lejos de limitar el problema lo hará más grande», detalló la Asociación mediante un comunicado.
Desde el pasado 29 de junio, este sector solicitó al Presidente una audiencia para explicarle las repercusiones de su propuesta, la cual se anunció originalmente desde el 27 del mismo mes en Baja California.
Durante julio y agosto pasados, la importación legal de vehículos usados creció 69.8 y 84.9 por ciento, es decir, 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales, de manera respectiva.
Mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve, informó el organismo.
«Resultado de esto es que el fenómeno de los vehículos ilegales no disminuyó, sino que ahora es más evidente que nunca ver ese tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades.
«Incluso algunos de estas unidades son del segmento de lujo y deportivos que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida», destacó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
También advirtió que la futura legalización provocará una baja de hasta 20 por ciento en el valor de los autos nacionales del mismo año y modelo, debido a la sobreoferta que se generará.
La Asociación mencionó que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver, pero sin éxito, mediante disposiciones de los Poderes Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011.