Llama la Asociación Casa Migrante “Camino a la Vida” a las autoridades estatales y municipales a actuar por humanidad a favor de un grupo de migrantes que viven en condiciones críticas frente a las instalaciones de la delegación del Instituto Nacional de Migración, destacó su coordinador, Cuitláhuac Pavel Cardona Vargas.

El activista comentó que un grupo de 78 personas viven prácticamente hacinadas en una propiedad que temporalmente les facilitó el señor Jesús Antonio Maya López, así como en cocheras de propiedades que los vecinos de la comunidad de Corral de Barrancos les han facilitado, dado que no tienen a dónde ir, tras haber tramitado la Visa Humanitaria que les otorga la delegación del Instituto Nacional de Migración, ubicada en dicha zona.

Estableció que estas personas viven una situación muy crítica ya que hay mujeres embarazadas y niños con muchas carencias. “Hay baños, pero no tienen regaderas, entonces son condiciones un tanto complicadas, pero también las personas no tienen donde emplearse, o cuando buscan algún empleo se topan con que no hay trabajo y no hay un plan de inserción laboral y social para este tipo de personas”.

Indicó que el señor Antonio Maya ha hecho una gran labor con estas personas, sin embargo, él necesita su espacio para habilitarlo, el cual era un restaurante bar y ocupa de adaptarlo.

“Tenemos haitianos, hondureños, africanos, sudafricanos, brasileños, nicaragüenses, guatemaltecos, costarricenses y cubanos. Algunos han sido robados e incluso ha habido abusos por parte de algunos taxistas quienes de la Central Camionera hasta aquí les cobran 200 pesos y hay quien les cobraba hasta 350 por llevarlos al aeropuerto, lo cual es una injusticia”.

Asimismo, dijo que ha habido algunas personas que teniendo el dinero en la mano, han buscado rentar una vivienda y les han negado el acceso como un acto de discriminación y racismo, además de que han acudido al SAT para tramitar su RFC, sin embargo, les piden una constancia de domicilio y carta de residencia, pero los Códigos Municipales indican que deben tener mínimo 6 meses de residir en el estado, lo cual les dificulta su obtención. “El llamado que hacemos es a que el Gobierno Estatal y Municipal tome con seriedad este asunto y sobre todo a que generen un plan de inserción laboral, las empresas han tendido la mano, la sociedad organizada también, pero se ve la ausencia de las autoridades”.

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