Al presidente y sus allegados se les ha hecho costumbre atacar continuamente las labores del Poder Judicial Federal. Empleando su estrategia política de base, lanzan ataques y mentiras sobre el funcionamiento de la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito, con la intención de polarizar la discusión y promover una reforma (que anunció que presentará el próximo 5 de febrero) en la cual se establece que las y los jueces serán designados mediante voto popular, argumentando que con ello se les dará mayor representatividad a dichos funcionarios públicos. Sin embargo, la propia naturaleza jurisdiccional es impopular, toda vez que las decisiones que toman las y los administradores de justicia nunca van a agradar a toda la población (partiendo de que su trabajo es resolver controversias suscitadas entre la ciudadanía y el Estado). El fondo detrás de la iniciativa es muy claro: el presidente quiere promover a sus amigos y ‘leales’ como jueces, aunque no sean aptos para dicho encargo, por ello debemos preguntarnos ¿es viable elegir a las y los jueces mediante el voto? La respuesta es no, y a continuación abordaremos las razones por las cuales este mecanismo traería consigo consecuencias catastróficas para la democracia y el estado de derecho en nuestro país.

En primer lugar, las y los jueces no deben resolver con base en el ‘aplauso’; esto debido a que los grupos vulnerables y minorías se encontrarían en clara desventaja (social y jurídica), aunado a que los partidos políticos buscarían presionar a los órganos de impartición de justicia a resolver a su favor sin tomar en cuenta si se vulneran o no derechos fundamentales. Stephen Breyer, juez asociado de la Suprema Corte de los Estados Unidos y académico de la Universidad de Harvard, publicó un libro llamado ‘Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El punto de vista de un juez’, en el cual destaca un caso que marcó la historia judicial de los Estados Unidos y que podría darse en México si avalamos una reforma como ésta: el caso Dred Scott. Esencialmente, podemos resumir este caso en que se originó a mediados del siglo XIX, cuando en EUA estaba permitida la esclavitud y existía un conflicto político entre el norte y el sur de dicho país (norte abolicionista y sur conservador). Dred Scott era una persona afroamericana que nació en un estado esclavista, sin embargo, gran parte de su vida la vivió en Wisconsin (actualmente Minnesota), un estado donde la esclavitud no estaba permitida localmente, por lo que cuando él y su dueño regresaron a San Louis, Missouri, él demandó ante un tribunal estatal que se le reconociera como un hombre libre. Este tribunal emitió un fallo en el cual negaba que Dred Scott contara con dicha condición, a pesar de haber vivido como un hombre libre en otra entidad, por ello decidió llevar su caso ante los tribunales federales y de ahí a la Suprema Corte. Describe Breyer que en ese entonces, el presidente de la Corte era Roger Taney, quien planteó que el caso se resolviera tomando en cuenta el contexto político por el cual estaba pasando el país, toda vez que existía una fuerte renuencia de los estados sureños en acatar las decisiones abolicionistas de algunos tribunales federales, por lo que propuso que se emitiera un fallo en el cual le negaran, de acuerdo a un criterio basado en el originalismo (la intención original de los constituyentes que elaboraron la constitución de 1776), su condición como hombre libre y, mediante una interpretación estrictamente formalista y bajo una enorme presión política, la mayoría de los ministros votaron a favor de este sentido. Este criterio, emitido en el año 1857, trajo consigo un enorme descontento en las entidades del norte, quienes evidenciaron en los periódicos nacionales y locales que la decisión fue un error ‘vergonzoso’ de la Corte, impulsando un descontento (irónicamente) en la población norteamericana que un par de años más tarde condujo a la guerra civil. ¿Cuál fue el error de la Suprema Corte? Tratar de resolver el caso sin aumentar la tensión política dejando el fondo del caso a un lado, un intento fallido y con consecuencias desastrosas para el país.

Regresando a la actualidad, donde el panorama político siempre está en constante polémica y el poder ejecutivo se ha encargado de difundir un discurso de polarización entre ‘buenos’ y ‘malos’, ¿es conveniente someter a presión política a las y los jueces? Lo único que traería consigo es que las y los jueces resuelvan con base en las presiones políticas (colocando en segundo plano el estado de derecho y el orden constitucional). Esto, sin considerar que no tendremos una garantía en la formación de quienes aspiren a ser jueces, dado que no será su capacidad lo que les dé la oportunidad de resolver las controversias, sino su cercanía con los partidos políticos y su popularidad, lo que fomentaría decisiones ineficientes por parte de los tribunales y comprometería la libertad de las personas, su patrimonio y la garantía de sus derechos fundamentales.

Un caso vigente de lo anterior lo podemos ver con la nueva ministra de la SCJN, Lenia Batres, quien se autoproclamó ‘ministra del pueblo’ por haber sido designada directamente por López Obrador; ya que el pasado jueves participó por primera vez en la sesión de pleno (con el resto de ministras y ministros), planteando un proyecto en el cual evidenciaba que desconocía completamente la materia de amparo al describir erróneamente la naturaleza de la suspensión provisional y definitiva ante un caso de desacato, a lo que el resto de sus compañeras y compañeros tuvieron que hacer precisiones en torno al caso para ‘aclarar’ el fondo del asunto y resolverlo.

Ante esta situación, hago nuevamente la pregunta: ¿es viable que las y los jueces lleguen mediante el voto popular? ¿es conveniente comprometer la calidad, autonomía e independencia de la justicia y dejarla en manos de personas que no están capacitadas para su cargo? Yo considero que no, por el contrario, sería catastrófico para nuestro país. Si realmente quisieran mejorar el funcionamiento del PJF en su conjunto, deberían reconocer la labor de las y los integrantes de esta institución en vez de atacarles cuando resuelvan en contra de sus intereses políticos. Las decisiones de las y los administradores de justicia jamás serán populares, pero son vitales para garantizar los derechos de la ciudadanía, proteger los derechos de los grupos minoritarios e impulsar la progresividad de los derechos humanos; de lo contrario, lo único que se traería consigo es la ampliación de la influencia del presidente y cimentar las bases de un régimen autoritario.