Saúl Alejandro Flores

Continuamos amables lectores con la temática de los organismos operadores de agua, sus sustentabilidad y de la importancia que reviste la tarifa para tal fin, pero además acerca de la relevancia de contar con una política clara en materia de gestión y administración para los organismos operadores.

Me permitiré citarles algunas referencias que les brinden una panorámica general, tal como fue en la entrega de la semana pasada; abordemos entonces algunos pormenores que se han discutido en diversos foros. Según en el estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA, tiene a Aguascalientes como una entidad ubicada en el rango de aquellas que tienen la tarifa de agua más cara del país. El análisis Modelo tarifario de agua potable en México: Ventajas y debilidades, el cual compara el costo en 30 ciudades mexicanas, exhibe a Aguascalientes con un tarifa de 18.33 pesos, aproximadamente, lo cual la coloca  como la séptima más cara, por debajo de Tijuana, 31.83; Querétaro 28.76; León 28.12; Ciudad de México 23.89; Tuxtla Gutiérrez 21.99 y Monterrey 19.88.

Como antecedente tenemos que la tarifa la fija el organismo operador a su vez autorizada por el Congreso local, partiendo del título de concesión. El estudio citado considera entre las principales debilidades del modelo tarifario en México, la inexistencia de un marco legal con criterios homogéneos en relación con la calidad del servicio, eficiencia y sostenibilidad financiera, denuncia que tampoco existe un ente regulador que evalúe la gestión de los organismos operadores y que fije parámetros para establecer tarifas razonables y asequibles para los usuarios, lo que propicia que se den incrementos que la población no pueda cubrir.

Se habla de que el IMTA propone crear un sistema de cuotas y tarifas que considere los distintos usos del agua; promueva el uso eficiente del recurso y racionalice los patrones de consumo, desaliente las actividades que impliquen demandas excesivas y propicie el uso de aguas residuales.

Lo dicho en el mencionado estudio del IMTA es cierto, pero antes de continuar me gustaría ahondar más en el tema tarifario y hacer algunas precisiones con detalles que no pueden omitirse y que considero complementarían dicho estudio. Dentro del sector agua potable, las tarifas más comúnmente utilizadas son las crecientes con parte fija y/o consumo mínimo, las cuales han tenido una rápida difusión al ayudar a disminuir el consumo de agua a través del establecimiento del pago de acuerdo al volumen que se consume. Pero además se aprecia la existencia de un consumo mínimo, el cual teóricamente es el volumen que necesita una persona para vivir y cubrir al menos sus necesidades más básicas, y se cobra una parte fija para cubrir los costos fijos en la prestación de los servicios independientemente de que no haya consumo. Por otra parte, es importante subrayar y dejar en claro que por ningún motivo, las tarifas decrecientes no son recomendables en el sector agua porque fomentan el despilfarro.

Otro beneficio que trae consigo la implementación de tarifas crecientes es que permiten la implementación de subsidios cruzados, el cual puede ser por consumo o entre usuarios de diferentes giros. En el primer caso, el consumo de los primeros metros cúbicos es subsidiado por los últimos que naturalmente son los más caros, y en el segundo caso, los usuarios industriales y comerciales subsidian a los domésticos con menos capacidad de pago, es decir, el tipo de usuario que consuma la mayor cantidad de agua, estará obligado a pagar cada vez más, dada la característica creciente de la tarifas, y dichos ingresos servirán para cubrir la insuficiente cuota que en múltiples ocasiones cubren los usuarios con recursos menores o con un consumo notablemente inferior.

Uno de los indicadores más importantes a la hora de comparar diferentes operadores de agua, públicos o privados, es la tarifa por cada metro cúbico consumido. Tema que abordaremos la siguiente semana, así como cada uno de sus componentes, mientras tanto volvamos al estudio del IMTA y la presencia de un sistema de cuotas y tarifas, así como de un ente regulador.

En el fallido intento de contar con una Ley General de Aguas en el año 2015 como se le conoció a la “Ley Korenfeld”, nombre que tomó por el entonces director general de Conagua, instrumento que no prosperó y generó discusiones y rechazo, estaba un aspecto que al finalizar no se concretizó, y fue el de implementar una política regulatoria, hablaba de ella, pero no estaba clara, además de que hace algunos años, quienes discutían la necesidad de una ley, proponían implementar un sistema financiero del agua con un componente sólido y relevante en materia de cuotas y tarifas, ese sistema o subsistema debió de estar insertado en modelo de gestión que tendría su base en el Sistema Nacional del Agua, por tal motivo la política tarifaria sincronizada y funcional estaría por así decirlo huérfana de una nueva visión en materia de regulación con varios beneficiados, como lo son los usuarios de agua, los organismos operadores, y a su vez la propia sustentabilidad del recurso agua.

Definitivamente se deben madurar los conceptos y contar con un sólido soporte técnico y teórico, por supuesto jurídico y administrativo, que por fin deje claridad en cuanto a la naturaleza de la política regulatoria, y su ejecutor es decir el ente regulador, un vacío que ha dejado CCAPAMA y todos los actores políticos que deberían respaldarlo, esto va más allá de dejar a la concesionaria o cambiarla por otra, o contar con organismo mixto, social o de cualquier tipo, cualquier modalidad de organismo operador chocaría con los problemas consecuencia de la ausencia de política hídrica, recuerden amables lectores que estas deben ser acciones tendientes a que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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