Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores después un periodo vacacional, retomamos el tema que dejamos pendiente respecto a la planeación en los organismos operadores de agua, cuyo objetivo es elevar la calidad del servicio, volvemos con la reflexión en torno a la realidad que impera en nuestro país en donde: 1. ¿Cuántas entidades públicas conoce que sean buenos administradores, presten buenos servicios, sean autosuficientes y garanticen su sostenibilidad y rindan buenas cuentas públicas? Son casos muy escasos y por períodos no muy largos, dado que la rotación que obedece a los cambios en las administraciones municipales sabotea los avances cuando estos se logran.
No es malo que una empresa preste el servicio a través de una concesión, o que el prestador sea el propio municipio. Sin una regulación efectiva, capaz de sancionar a unos y otros, además de condicionar su vigencia a la oferta de un buen servicio, sostenible y asequible, unos caen en el abuso y otros en el manejo político, sufriendo los efectos de ambos extremos, la población usuaria.
Vale la pena recordar que no existe en el país una dependencia que pueda considerarse en derecho, como encargada y responsable de la rectoría en materia de servicios de agua potable y saneamiento. Ninguna entidad conoce en forma cierta los datos en materia de servicios públicos de agua potable y saneamiento. Los operadores no tienen ninguna obligación por ley de entregar información de su gestión en forma completa y periódica.
El derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento no es lo mismo que los servicios domiciliarios a cargo de los operadores actuales. Pero sin servicios domiciliarios sostenibles y eficientes, con posibilidades de extensión al universo completo de la población, el derecho humano es y será letra muerta. Estas son las piezas de un complejo rompecabezas, es difícil ensamblarlas para integrar un subsector eficaz y eficiente, sin cambios de paradigmas serios y sin ajustes profundos del marco legal y político, que termina siendo la raíz de los problemas y es en gran parte responsable de la situación actual de los servicios.
La planeación es un ejercicio que debe abordarse seriamente si lo que se pretende, es no solamente prever el futuro mediato, sino sentar las bases de una sostenibilidad real y las posibilidades de una mejora real de los servicios, hasta llevarlos a niveles de excelencia. Pensando en los servicios de agua y saneamiento y analizando las nuevas propuestas legislativas en la materia, en las que resalta el pánico a la privatización, se desencadena una serie de absurdos en las creencias que se sostienen sobre la privatización, la participación ciudadana, la participación privada, los monopolios y desde luego, la regulación.
Analizar con frialdad y rigor demanda dejar a un lado las tendencias o ideologías que sólo han servido y sirven para campañas políticas, no para ejecutar políticas públicas, tratemos solamente de ser lógicos y de tener sentido común, aunque a veces resulte muy difícil para algunos. El agua como recurso es un bien de la nación que no puede privatizarse, sino solamente concesionarse. Eso establece la Constitución y no hay ninguna ley que lo contradiga. Mientras no se cambie la Constitución, ninguna ley podrá cambiar eso y, por lo tanto, acusar de privatizadora a una iniciativa de ley, sin modificar la Constitución, no es más que una postura política, una banalidad o un burdo panfleto electoral.
Los servicios públicos de agua potable y saneamiento son un monopolio natural. Es más, son el ejemplo perfecto y por excelencia de un monopolio natural. Si dejáramos que cualquiera pudiera construir sus propios sistemas para competir por un mercado, los costos y, por ende, los precios libres de mercado serían mayores y no menores, si existieran dos o más sistemas en paralelo. ¿Mejor definición de un monopolio natural? Pero, por si fuera poco, la Constitución hace responsable de ellos a los municipios y el Congreso se cierra la potestad de reglamentarlos, impidiendo así la posibilidad de una política nacional y una ley específica en la materia cuya propuesta cae siempre en la inconstitucionalidad. Continuamos la próxima semana con la planeación, no sin antes recordarles la importancia de emprender una auténtica política hídrica que permita que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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