Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

Una de las principales críticas que recibió la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado de la pasada administración federal, fue la ausencia de un planteamiento claro que diferenciara las medidas a realizar en la materia en las diferentes regiones del territorio nacional. Diversas voces advirtieron que la observación del problema desde una visión centralizada y general, que no se sustentara en un diagnóstico preciso sobre las condiciones sociales y culturales de cada zona del país, constituía un error de origen que impediría el desarrollo exitoso del proyecto del gobierno en este importante tema.

Si bien resulta aventurado atribuir el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón únicamente a dicho factor, los logros que la presente administración ha conseguido en el estado de Michoacán nos permiten pensar que la consideración del planteamiento mencionado habría podido contribuir a lograr mejores resultados durante aquel periodo. En ningún momento del sexenio pasado -ni siquiera considerando lo realizado en Ciudad Juárez- se crearon las condiciones y el análisis que permitieran realizar acciones específicas para una región considerando sus circunstancias culturales, históricas, políticas y sociales como lo que viene ocurriendo en la entidad mencionada.

Ante lo conseguido en Michoacán y los graves problemas de seguridad que han surgido en otras entidades federativas del país, el gobierno del Presidente Peña Nieto se enfrenta al dilema de valorar la conveniencia de replicar el modelo aplicado a estados fuertemente asediados por el crimen organizado y la delincuencia como Tamaulipas y Morelos. Las decisiones al respecto han mostrado que no existe la intención de copiar la estrategia michoacana en dichas entidades y que las acciones que se han puesto marcha en ellas son producto del análisis de sus condiciones particulares.

Considero lo anterior como un acierto y observo en las determinaciones de la actual administración una comprensión plena de la necesidad de actuar atendiendo y respetando las características propias de los diferentes estados del país. Sin embargo, creo que la respuesta a los casos particulares mencionados ha tenido su origen en crisis y coyunturas producidas por incrementos extraordinarios de la criminalidad.

El establecimiento de una agenda de seguridad que integre las acciones particulares a realizar en las diversas regiones de nuestro México aún está pendiente; de no consolidarse pronto, podría abrir la posibilidad a que los esfuerzos realizados en la materia pierdan congruencia como parte de un plan y se enfoquen a resolver las crisis inmediatas que vayan surgiendo. El trabajo en la inmediatez ha mostrado ya sus consecuencias, hoy seguimos a la espera de una estrategia verdaderamente integral que no deje a la sociedad mexicana de los diferentes estados de la república en espera de ser los siguientes en recibir el apoyo de un plan de contingencia.