Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

La pandemia dejó al descubierto la fragilidad del sistema educativo; la atención a distancia de los alumnos de educación básica oficial se hizo como se pudo, toda vez que no existía experiencia al respecto; la carencia de dispositivos electrónicos fue y es una seria limitante para el proceso enseñanza–aprendizaje en casa; y el factor económico, de un alto porcentaje de familias de los educandos, no contribuyó en la adquisición de computadoras y de conectividad. En síntesis, las condiciones fueron y son escasas para llevar a cabo la educación a distancia. Estas carencias trajeron como consecuencia un drástico retroceso de los estudiantes en cuanto a conocimientos (de dos años de escolaridad, según investigaciones) y, por otra parte, provocaron el abandono escolar de un alto porcentaje de educandos.

Como respuesta lógica, se esperaba que el Gobierno Federal (que es el que dispone de los recursos presupuestales) apoyaría al sector educativo con lo indispensable y con capacitaciones pertinentes, a los docentes, para implementar un proceso educativo con base en las nuevas tecnologías, no tan sólo por la pandemia, sino para modernizar, integralmente, el sistema educativo; y, de esta forma, elevar la calidad de la educación. De igual manera, se esperaban adecuaciones y mejoramientos en las instalaciones físicas de los planteles con el fin de evitar contagios de COVID-19 entre estudiantes y maestros. Sin embargo, los apoyos tecnológicos no han llegado ni llegarán durante esta administración; como tampoco se han hecho ni se harán remozamientos en las plantas físicas; porque en lugar de apoyos las prioridades del gobierno son acabar con programas y reducir los recursos del sector educativo.

También se esperaba que la Secretaría de Educación implementara programas para superar el rezago educativo y para recuperar a los alumnos que abandonaron la escuela. Nada de esto se ha hecho y, tal vez, no se haga; porque el interés no está en la educación, sino en la política y en las elecciones.

Como una forma de subsanar lo anterior, el GobiernoFederal, a través de la Secretaría de Educación, en lugar de brindar apoyos presupuestales para mejorar la atención educativa de los estudiantes, optó por lo más fácil: ordenar la aprobación de todos los alumnos de educación básica, incluyendo, principalmente, a los que no asistieron a clases y a los que no mostraron aprendizajes por no realizar actividades ni trabajos señalados en los programas de estudio. Tal vez haya padres de familia que sientan gratitud por esta medida populista; sin embargo, deberían darse cuenta que, con el tiempo y ante los hechos, resultará peor; porque certificar la ignorancia no es ninguna garantía para el desarrollo personal de los estudiantes ni bienestar para las familias ni para la sociedad.

Con la medida en comento, se puede caer en severas consecuencias negativas, pues, cada vez más bajarán los niveles de aprendizaje; los alumnos que hoy hacen esfuerzos por estudiar y superarse, muchos de éstos perderán interés en los aprendizajes y hasta pueden dejar de asistir a la escuela, con regularidad, por la falta de seriedad en el proceso educacional del sistema escolar; y en los docentes, también puede haber desánimo debido a que no se respetan las estrategias de la enseñanza y porque tampoco se respetan los criterios de la evaluación que se establecen desde el principio del ciclo escolar; entre otras cosas.

Ante este penoso panorama, queda el recurso de acudir al vigor profesional de cada maestra y de cada maestro para que con vocación, determinación, entusiasmo, perseverancia, fervor, firmeza y pasión de educadora y de educador, puedan superar las adversidades que ensombrecen el ámbito educativo; pues como se mostró antaño: “Ahí donde palpita el corazón de un auténtico maestro, ahí la Patria está a salvo”; pero se necesita quién los acompañe.