Si la ciudad capital registra un desfase en el transporte urbano, mayor es el problema en comunidades rurales a donde no llegan las “combis”, por lo que alrededor de 56 mil habitantes de distintos municipios batallan para hacer sus traslados, mismos que por regla general son en el vehículo de un vecino que recibe una cantidad (“para la gasolina”), lo que significa una tarifa mayor a la que aplican las camionetas intermunicipales.

El presidente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo, Armando Santana Valdez, señaló que es acertada la información que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de que hay lugares en esta entidad que carece de dicho servicio, por lo que es urgente que la Dirección de Movilidad avance en la reestructuración de las rutas.

Por norma los medios de comunicación (incluido El Heraldo) le dan mayor atención a lo que sucede en el área de los camiones urbanos, básicamente porque más de 300 mil personas los utilizan todos los días, por consiguiente siempre hay detalles que deben ser atendidos y analizados, sea por el estado mecánico de los carros, horarios, rutas y comportamiento de los operadores, sin embargo, más allá de la ciudad existen situaciones agudas, ya que ni siquiera disponen del servicio.

El directivo de Enlace señaló que aproximadamente un 60% de los habitantes de Rincón de Romos no cuenta con las combis, situación similar que se tiene en El Llano y Asientos, por lo que en algunos casos extienden alguna ruta pero es sólo en casos excepcionales. Lo urgente es integrarlos al programa global y en esto están los concesionarios, al presentar proyectos a la autoridad respectiva, incluyendo el mayor número de comunidades que actualmente carecen del servicio, al mismo tiempo reconoció que hay lugares que dejaron de ser atendidos debido a que es mínimo el número de usuarios.

A menos de un año para que concluya la administración estatal se hacen los estudios correspondientes, que permitan determinar qué lugares pueden ser incluidos de acuerdo con el número de pobladores que lo demandan. Por su parte, los concesionarios tienen su propia visión ya que viven el día a día de cada lugar, por lo que Movilidad recibió el análisis que hicieron y que puede ayudar a acelerar la respuesta. En la actualidad atienden 20 comunidades rurales que no están incluidas, pero al estar cerca de las rutas oficiales las integran en su trayecto, por lo que esperan que pronto se tenga una respuesta en beneficio de los habitantes de cada lugar, ya que no tendrán la zozobra de que no llegue o se desvíe la camioneta.

Ojalá que en Movilidad se sacudan la modorra y actúen con la celeridad que exigen las circunstancias y en breve se logre integrar a esas 56 mil personas, número que significa la cuarta parte del total de los que habitan la zona rural del estado, lo que visualiza la dimensión del problema.

Por otra parte, Armando Santana dio a conocer que continuarán en el mismo lugar tradicional que tienen en la ciudad, una vez que la autoridad decidió que no los moverán hacia la terminal norte que se ubica en la avenida Independencia, por lo que le harán unas mejoras al lugar propio para favorecer al público en general y a los mismos combistas.

SIN AGUA NO HAY CULTURA

¿Cómo se les puede pedir a los aguascalentenses que cuiden el agua potable si la reciben en forma mínima y sólo por unas horas? Parece una chuscada la exhortación que hace Refugio Muñoz de Luna, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), al anunciar que se llevarán a cabo campañas para que la sociedad sea más responsable en el destino del elemento.

Las quejas en contra de Veolia y CCAPAMA son diarias y provienen de distintos rumbos de la ciudad, por lo que antes de promover “una cultura de responsabilidad en el uso del vital líquido” se debe regularizar el servicio. Sólo así se estará en condiciones de solicitar la participación social.

Muñoz de Luna, repetidor en el cargo, dijo que ha integrado 250 comités guardianes del agua en igual número de colonias y comunidades rurales, que además de que vigilen el buen uso “accedan a la información oportuna para contener el vandalismo, fugas y la falta de prestación del servicio”.

Desde el escritorio todo es posible, basta delinear un programa para dar como hecho su realización, pero el contexto es distinto, ya que hay hogares en que tienen no días sino semanas sin el servicio y las veces que tratan de tener un enlace telefónico con la concesionaria o la oficina municipal respectiva no hay quien responda. En estos lugares han adquirido la misma costumbre que en otras dependencias, donde dejan que repiquetee, lo descuelgan y lo vuelven a colgar y así hasta que el usuario deja de intentarlo.

Desde hace varias semanas hay un mayor racionamiento en gran parte de la capital, al suministrarse de las 9 o 10 de la mañana a las 6 de la tarde, por lo que el que tiene aljibe o un depósito podrá almacenarla para no verse presionado en caso de que falte los días subsecuentes, situación que se agudizó el año pasado suponiéndose que era por motivo de la pandemia, pero hoy que las actividades se han empezado a regularizar es peor el abastecimiento.

De cualquier manera, el funcionario presumió que de 600 colonias o fraccionamientos que hay en la capital, en 200 se han integrado comités, a través de los cuales “ayudan a reducir las quejas que, por los medios tradicionales, como el teléfono, se recibían ante la CCAPAMA ya que ahora éstas se reciben a través de los grupos de WhatsApp, además una de sus funciones es el reporte de fugas, la falta de agua, variaciones que pudieran registrarse en el servicio a causa de las válvulas, de las bombas, de los pozos, todo lo que ayuda a ser más rápidos en los tiempos de respuesta de estas problemáticas que afectan a los usuarios”.

Insistió que uno de los grandes retos de estos comités “es generar cultura del agua entre la ciudadanía, a fin de cuidarla y que la gente aprenda a leer sus recibos de consumo”. Son grupos que se crean mediante convocatoria en las colonias interesadas y que deben ser al menos diez las personas las que participen, además en 50 comunidades rurales ya funcionan esos órganos, “los cuales han dado resultados muy importantes, pues ahí no existe el equipo de telemetría por la falta de internet”, sostuvo. Lo que hacen los habitantes es reportar las variaciones en la energía eléctrica que provoca que se apague el sistema de los pozos y se suspenda la dotación, por lo que se envía a personal de la concesionaria o de CCAPAMA para que haga la reconexión.

En hipótesis todo parece fácil, la cuestión radica en la respuesta tardía de ambos organismos cuando deja de haber distribución del líquido y peor aún, que con todo descaro se cobre el mes completo cuando la atención fue parcial.

AL GARETE

En los “anexos” pasa igual que con los accidentes que propicia el transporte pesado dentro de la mancha urbana, al haber voces que exigen medidas inmediatas de seguridad y a lo cual la autoridad responde que habrá las suficientes para, en lo posible, no vuelva a suceder, pero pasan los días y ya ni quien se acuerde de ese compromiso, por lo que hasta que ocurre otro nuevamente están las exclamaciones. A Regulación Sanitaria le importa más multar los anexos por las irregularidades que encuentra, que ordenar su clausura. El octavo de los guardias sanitarios aseguró que han levantado 29 sanciones contra centros de atención de adictos y clausurado tres, que son muy pocas para los 105 lugares que se tienen detectados. El mismo trabajador del ISSEA reconoció que “es complicado llevar a cabo un mayor control, porque cierran uno y abren tres y sin permiso, lo hacen en cualquier casa que rentan o cualquier bodega, ahí se meten y hasta que los denuncia la gente podemos nosotros actuar”. Con esto se entiende el porqué hay sitios donde han asesinado a un interno o el personal no está capacitado para atenderlos, pero esto no parece tener importancia para la autoridad sanitaria que ve y deja pasar.