Hay programas gubernamentales que tienen como finalidad apoyar a los micros, pequeños y medianos empresarios para que se consoliden y continúen como fuente segura de empleo, sin embargo esta acción no siempre es interpretada correctamente por algunos beneficiarios, que no pagan o sólo aportan una parte del crédito, lo que perjudica enormemente a quienes están a la espera de recibir este tipo de refuerzo, al romperse la cadena de recuperación-beneficio.

Este Diario ha apoyado los programas que tienen esa finalidad, porque está convencido que si un negocio prospera habrá una sociedad más equilibrada e igualitaria, por lo que no termina de entender que existan personas que reciben un préstamo y deban regresarlo en las fechas fijadas, pero llegado el día se hagan las desentendidas, lo que provoca que de la cobranza se pase al litigio, que a final de cuentas sale más costoso que aquello que se pretende recuperar.

En virtud de que resulta más gravoso estar en los tribunales, el Fondo Asunción concluye su presencia en diciembre próximo, dejando atrás números rojos que en algunos casos datan desde hace 18 años, sí, a lo largo de tres sexenios los deudores se han hecho los perdidos. Lo más lamentable es que, en muchos casos, los empréstitos fueron de 3 a 10 mil pesos que pudieron haber pagado si tuvieran un poco de vergüenza.

El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal, Manuel Alejandro González Martínez, afirmó que ante el incumplimiento de una parte de las personas beneficiadas con algún tipo de apoyo, se optó por cancelar el Fondo Asunción debido a que genera gastos extraordinarios de cobranza y sólo de aquí a diciembre se mantendrá la exigencia. Es lo que en el medio bancario se conoce como “créditos incobrables”. Su objetivo inicial fue apoyar a los pequeños comerciantes con créditos de 3 a 10 mil pesos y con tasas muy bajas, pero por el tiempo que han dejado de cumplir se consideró que es preferible darlos por perdidos a seguir gastando dinero en tratar de recuperarlos.

Es un actividad que se encuentra en la penúltima etapa, esperándose dejar saneada la cartera de créditos de 3 a 10 mil pesos, pero no porque se haya logrado rescatar sino que se da por perdido, con lo cual se liquidará. “No tiene caso seguir en temas judiciales y administrativos, por lo que en este año será extinguida”, en otras palabras, sale más caro el caldo que las albóndigas.

Algo similar ocurre con el Fondo Aguascalientes, que tiene una cartera de 160 millones de pesos, misma que se busca recuperar en lo que resta de esta administración, lo que no va a ser nada sencillo a partir de que cínicamente los atrasados han dejado pasar el tiempo en espera que al final se decida la suspensión definitiva.

Estos hechos no han sido obstáculo para que el Gobierno del Estado continúe apoyando a las pequeñas y medianas empresas, mediante una bolsa de 2 mil millones de pesos y que ha servido para que sigan funcionado los negocios, además se tiene el proyecto que en 2022, que será el último año de esta administración, se destinen recursos para apoyar a la ciencia, innovación y tecnología, tan duramente castigadas por la Federación, por lo que todo lo que esté a su alcance se hará, destinándose los recursos necesarios para el cumplimiento de sus programas.

EXIGENCIA JUSTIFICADA

La demanda para que se cree un Fondo de Contingencia tiene tiempo de haberse presentado sin que exista respuesta de las autoridades y menos del Congreso del Estado, por lo que comerciantes y empresarios continúan soportando fuertes pérdidas cuando se lleva a cabo una obra pública con una duración de varios meses.

Con un simple “usted disculpe por las molestias que le causa esa obra” los constructores dan por zanjado el problema. Para ellos las afectaciones a los negocios son situaciones colaterales de las que no se consideran responsables, no obstante que la caída de las ventas, muchas veces de manera total, deberían de ser parte de su compromiso.

En varias ocasiones se ha planteado que se cree el Fondo de Contingencia o que cada obra, de acuerdo al tiempo calculado de duración, incluya en el costo lo correspondiente a la indemnización a los lugares que son obligados a cerrar, o que impide el paso de los compradores y esto los lleva a la ruina.

Es un problema que se registra en cualquier parte de la ciudad y del estado, por lo que diputados y diputadas deberían estar más atentos y buscar la manera que se legisle para no dejar a la buena voluntad de los encargados de la obra o de la administración pública que se atienda la demanda.

La Asociación de Comerciantes del Centro, que dirige Perla Alejandra Romo Sánchez, reiteró que la exigencia se mantiene, por lo que en primera instancia solicitarán al alcalde Leonardo Montañez la creación de un fondo de apoyo, que auxilie a los establecimientos a que enfrenten los gastos fijos mientras dure una obra pública. Lo que no mencionó la dirigente es que además de los desembolsos obligados, no les perdonan los impuestos y derechos, por lo que los tres niveles de Gobierno exigen el pago correspondiente sin interesar que no habido ingresos o que éstos son muy pocos.

Romo Sánchez consideró que el apoyo podría ser con el pago de la renta de los locales y los gastos obligados en el tiempo que duren los trabajos, todo dependerá de llegar a un acuerdo y que ojalá el presidente municipal se muestre receptivo a uno de los grupos económicos más importantes de la ciudad, que considera que el beneficio debería de ser no sólo para ellos sino al alcance de cualquier lugar donde se lleve a cabo una obra pública.

Otro punto que abordarán con Leonardo Montañez es la reubicación de los vendedores ambulantes a un lugar específico, ya que en las actuales circunstancias su presencia no abona a tener una ciudad ejemplar, toda vez que la venta la hacen sobre la banqueta o en el arrojo de la calle, obstaculizando el paso de los peatones y en algunos entorpecen el ingreso de los clientes que van a las tiendas o cubren los aparadores, algo que es común en las calles Juárez y Allende y parte de 5 de Mayo y Gómez Farías.

De ninguna manera se pide que les prohíban vender, simplemente que lo hagan en un lugar donde no generen competencia y tampoco entorpezcan el paso peatonal, reubicación que de lograrse beneficiará a todos lo que participan en actividades comerciales.

Por último, consideran que la recuperación del Centro Histórico como zona comercial es posible con eventos como el Festival de las Calaveras y el que se planea de Villa Navidad, con lo que atraerán a las personas que no sólo comprarán productos en esos lugares, sino que aprovecharán para acudir a las tiendas, con lo que el beneficio tiene un efecto multiplicador y contribuye a que ese espacio histórico recobre el lugar que ha tenido a lo largo del tiempo.

VIGOR FAMILIAR

Las condiciones actuales exigen que las familias sean más cohesionadas, seguras, participativas y que cada uno de sus miembros se preocupe por lo que le pasa a los demás. Sólo así se tendrá una sociedad mayormente cohesionada e interactiva, donde reine la confianza en el futuro. En lo anterior se resume el trabajo que ha desarrollado el DIF Estatal durante los últimos cinco años, al pugnar su presidenta Yolanda Ramírez de Orozco, por contribuir a que la colectividad sea más responsable y comprensiva y ante todo que vea por lo que más necesitan de apoyo. En un recuento de lo que se ha alcanzado en este quinquenio de labores, señaló que hay una mayor atención a la familias y lógicamente, en un mundo tan cambiante hay retos por cumplir, por lo que la exigencia para ella misma y sus colaboradores es seguir trabajando para que atender las necesidades que tienen personas del medio urbano y rural, que cada quien tenga mejores condiciones de vida, haciendo el llamado en el quinto informe para unir fuerzas y ser receptivos de las necesidades que tengan otros y así tener un tejido social más cohesionado, más vigoroso y unido, donde todos tengan la oportunidad de alcanzar las metas que se han propuesto.