Una de las mayores demandas que presentó Aguascalientes al Gobierno Federal fue que se incluyera a la mayor brevedad al personal educativo en la Campaña Nacional de Vacunación, ya que en gran medida de esto depende que pueda regresar a las aulas y con ello se reavive la economía, lo que se hará del 28 de abril al 4 de mayo.

Aunque la pandemia sigue presente, las condiciones actuales son distintas a las que se registraron los últimos meses de 2020, situación que anima a considerar una serie de acciones que permitan restablecer la vida en común y que con el debido cuidado sanitario de cada uno de los habitantes, se reanuden las actividades.

El gobernador Martín Orozco Sandoval celebró el envío de 39 mil dosis del Laboratorio CanSino, destinadas a los trabajadores de la educación. El propósito es inyectar a todos los que laboran para este sector, sean de escuelas públicas o privadas y que incluye al personal de apoyo. Confió que en este período se logre cumplir con la etapa, a partir de la experiencia que tiene la entidad en materia de salud.

Una vez que estén inmunizados podrán mejorarse otros sectores de la economía, ya que se volvería a clases y de esta manera se daría el dinamismo tan largamente anhelado, además que los alumnos necesiten estar con los profesores y sus compañeros, desde preescolar y primaria hasta secundaria, bachillerato y profesional. Es importante recuperar la parte académica y también volver a socializar, a vivir el ambiente estudiantil que tanto ayuda en el aspecto emocional.

De acuerdo con la información suministrada por la Federación, serán 39 mil 162 dosis destinadas exclusivamente al personal educativo y la porción será única, porque no requiere de ultra congelación, además ofrece como ventaja que sólo necesita de una dosis, con una eficacia comparable a las demás vacunas.

Será atendido el personal docente, administrativo e intendentes de todos los niveles, tanto públicos como privados y que incluye desde preescolar, primarias, secundarias, bachilleratos, universidades, Conafe y los demás subsistemas, logística en que intervendrán el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, y el secretario general de la Sección Un del SNTE, Ramón García Alvizo.

Para llevar a cabo esta labor se contará con el apoyo de personal del ISSSTE, IMSS, de Salud y del propio Gobierno Federal y de manera paralela continuará la vacunación para adultos mayores, con lo que se espera tener un avance más rápido con los distintos segmentos de la población.

INTENTONA

 

En un amago quedó la amenaza de parar labores en el Hospital Miguel Hidalgo, luego de que el sindicato no pudo acreditar que existía un compromiso del Gobierno del Estado de entregar un bono COVID al personal, lo que conservó las aguas en su punto para el bien de la sociedad, que no está en un momento de soportar este tipo de situaciones.

Durante varios días, el líder sindical Francisco Javier Araiza Méndez excitó a sus compañeros para que presionaran a la autoridad y forzaran a que autorizara el apoyo económico, lo que llegó a su clímax el pasado 16 de abril con la manifestación que llevaron a cabo frente a las instalaciones del centenario nosocomio. Exigieron el pago del citado bono y el cual, adujeron, se les adeuda desde hace más de un año, como parte del riesgo de trabajo a que están expuestos en la atención que brindan a los enfermos de coronavirus.

Bajo la consigna que les cumplen o se iban a paro, demandaron una pronta respuesta para los 1,500 trabajadores, aunque el secretario general del SUTHMH reconoció que hace varios meses se entregó un bono de cuatro mil pesos a un grupo de 150 compañeros del área de enfermería y ahora exigía que fuera a la totalidad para que no exista “distinción entre los que son de primera o segunda línea”, porque “para nosotros debe ser todo el personal porque esa primera y segunda línea no existe, tenemos contacto directo todos los trabajadores con los pacientes”.

La exigencia fue que el bono tenía que darse a los 1,080 trabajadores de base y 500 suplentes, eventuales y personal residente, esto es, a la totalidad de la plantilla, sin embargo Araiza Méndez reconoció que el recurso para el bono COVID nunca ha existido, pero tienen conocimiento que se puede gestionar de otros fondos, aunque “sabemos que las gestiones no son tan sencillas, pero nuestra petición es que se cumpla con eso que sabemos que el gobernador está comprometido con el personal de salud”.

El mismo 16 de abril, el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, aclaró que no fue bono tal el que se entregó a 150 trabajadores del Hospital Hidalgo, sino un apoyo que no comprometía hacerlo con más empleados, sin embargo podría analizarse recurrir al Fondo de Estabilización para otorgarlo a otros, pero a lo sumo sería a la tercera parte, esto es, a 450.

El gobernador Martín Orozco expresó el día 20 que “tengo la voluntad, no hay dinero, no hay compromiso”, pero dejó abierta la posibilidad de que una vez que bajen los contagios y ya no tenga que invertirse de manera extraordinaria en materia de salud, “se podrá pensar en entregar un apoyo, aunque a una parte de ellos ya se les otorgó”.

En consonancia con lo manifestado por Flores Femat, el mandatario estatal dijo que durante la sesión del mes próximo que realice el Fondo de Estabilización, se determinará si puede destinarse alguna cantidad para favorecer a una parte de los trabajadores del Hospital Hidalgo.

En resumen, no hubo paro en el HH por la sencilla razón que legalmente no había elementos para suspender labores, principalmente que el sindicato no cuenta con un escrito que establezca el compromiso gubernamental de conceder el citado bono, por lo que el dirigente tendrá que repensar otra estrategia que le permita atraer los reflectores y no sólo fantasías, presunciones o simples jactancias.

AGUAS CON EL LOBO

Con puntualidad inglesa llega el fiscal en delitos electorales y sin más preámbulo desenreda el chicote con que espera azotar a los malportados durante el proceso comicial en marcha. Cada tres o seis años aparece con la misma retórica, de que habrá castigos “severos” al que se le compruebe un ilícito electivo, lo que naturalmente no causa mayor temor porque a la hora de aplicar la ley el acusado recurre a una serie de argucias que hace nugatorio cualquier castigo.

De cualquier manera, el fiscal Óscar Montoya vive sus momentos de gloria y de entrada anunció que ya recibió las primeras denuncias en contra de algunos partidos y candidatos a diputados federales, por presuntamente haber violado la norma, lo que se investigará y actuará “hasta las últimas consecuencias” sin importar de quién se trate.

Consideró que al ser las elecciones “más grandes de la historia” en México, se espera un número importante de presuntos delitos, que “en caso de comprobarse, los responsables pudieran enfrentar sanciones carcelarias de 3 a 9 años de prisión o multas económicas, para el caso de ministros de culto”.

Hizo mención que la legislación general en delitos electorales prevé prisión preventiva oficiosa, por lo que el sujeto sometido a juicio tendrá que permanecer detenido el tiempo que dure el proceso y luego cumplir la pena que dicte el juez.

Montoya enumeró algunos de los delitos electorales, como recoger una o más credenciales de elector, solicitar apoyo para alianzas o candidatos a cambio de dádivas o posterior a la jornada electoral; utilizar recursos públicos y condicionar apoyos de programas sociales a favor de algún candidato.

El fiscal afirmó que en cada elección se presentan de 37 a 43 denuncias por presuntos delitos electorales y por regla general no proceden al no haber elementos que sustenten la falta, sin embargo, cuando sí ha habido condiciones para llevar tras las rejas al referido, algo pasa que evita que suceda, como fue el caso de la esposa de un candidato a diputado federal panista que hace varios años fue sorprendida con material electoral y pese a que la entregaron a unos patrulleros, nunca se le puso a disposición del Ministerio Público, o el del empleado municipal local que en 2013 fue despedido para tapar al candidato a diputado, que fue quien cometió el ilícito.

En función de lo anterior, la presencia del fiscal únicamente sirve para “vestir” de legalidad las elecciones y dejar la sensación que hay una “súper-vigilancia”, por lo que todo mundo debe estar seguro que el resultado del 6 de junio será apegado a derecho.

INTERCAMBIO

Bajo el criterio que en esta vida nada es gratis, el candidato morenista, petista y aliancista a presidente municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, ofrece “borrón y cuenta nueva” a los morosos con el pago del agua potable, lo que será posible siempre y cuando voten por él. Es el clásico “si tú me das, yo te doy”, que en otras palabras es un claro cambalache de favores.

Como se había anticipado, el tema del agua potable iba a ser utilizado por enésima ocasión. Así ha sido desde 1995, cuando gracias a ello el PAN se hizo de la alcaldía, pero una vez que estuvo en el cargo –a los tres meses de su arribo- modificó el título de concesión, por lo que ahora que está próximo a llegar a su fin la mayoría de los abanderados de todos los partidos hacen compromisos de que con ellos será diferente, lo que no pasa de ser una quimera.

En cuanto al convenio que asume Ávila con los ciudadanos, es una calca de lo que hizo el presidente de la República en Tabasco, al condonar 11 mil millones de pesos que adeudaban sus paisanos desde 1995 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuyo movimiento para que no pagaran fue encabezado entonces por el actual mandatario. Lo que no menciona el morenista es que si llegado el caso, el municipio pagará a Veolia dicha cancelación, porque en el caso de la CFE, al ser del Gobierno puede disponer de los recursos, en cambio aquí es una empresa particular.