Tuvo que venir un cambio en la dirección de la dependencia ambiental para que se entendiera que la persecución y la incautación de vehículos no era la ruta adecuada, por lo que es bienvenida la decisión que adoptó el recién designado titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Aguascalientes (Proespa), de buscar el diálogo con los automovilistas que no han cumplido con la verificación y como último recurso aplicar sanciones.

La incautación de unidades motorizadas ocupó la atención por varios meses, en virtud de la actitud adoptada por la entonces titular de la dependencia, Ofelia Patricia Castillo Díaz, que mantuvo hasta el último día, al ordenar operativos para de inmediato retirar de circulación a los que no portaban el engomado correspondiente, lo que llevó a que se enfrentara al Colegio de Abogados que en todo momento señaló la inconstitucionalidad de la medida, por lo que anunciaron que recurrirían a los tribunales locales y de ser necesario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenaza que no evitó que continuara con la misma actitud.

De manera paralela vino el cambio, en el que el Congreso del Estado decidió que Héctor Eduardo Anaya Pérez fuera el nuevo responsable de la Proespa y una de las primeras medidas que dictó fue dar por terminada la confiscación que tanto revuelo provocó, lo que algunos calificaron como “terrorismo ambiental”.

Con lo anterior también se terminó el negocio de las empresas propietarias de grúas, que se encargaban de llevar la unidad al corralón y claro está, el perjudicado tenía que pagar por el “arrastre” sin que alguien se hiciera cargo de los daños que sufría el vehículo al engancharlo y durante el traslado.

Todo ello ya es historia porque ahora, de acuerdo con lo declarado por Anaya Pérez, seguirán los operativos de revisión para localizar a los eludidos, pero los empleados de la Proespa ya no los sacarán de circulación sino que les entregarán la boleta de infracción, invitándolos a que regularicen su situación, ante todo entiendan que en las condiciones que traen el motor contamina el medio ambiente, por lo que tiene la obligación moral de evitarlo.

El funcionario consideró que aún cuando no hubo eco en la demanda de los litigantes, “se decidió dejar de lado esa acción de verificación, eso se retira, ya no vamos a trabajar de esa manera, sí vamos a levantar la infracción, pero de ninguna manera vamos a perjudicar más allá al ciudadano”.

Las instrucciones que tiene el personal son que exhorte a las personas que no han verificado su vehículo a que lo hagan, haciéndoles saber que sí tendrán que pagar la sanción económica prevista en el reglamento e incluso pueden recibir un descuento si se apegan a los programas que hay, buscándose ante todo que sin excepción todos los habitantes cooperen para tener una mejor calidad del aire y la única manera es no ser un agente contaminante.

Esta acción se lleva a cabo en los once municipios, ya que es un deber ciudadano cuidar el medio ambiente, por lo que los operativos tienen lugar tanto en la ciudad capital como en las otras diez alcaldías, confiándose que exista buena respuesta y en poco tiempo sea un asunto superado.

PISCACHA FEDERAL

Después de casi tres años de insistir finalmente se recibirán 1,600 millones de pesos de la Federación, lo que permitirá el reforzar los programas estatales en el último año de gobierno de Martín Orozco para así cerrar el ciclo.

Al informar que se prevé esa cantidad, el secretario estatal de finanzas Carlos de Jesús Magallanes, dijo que será en participaciones adicionales, que se aplicarán principalmente a la educación y al sector de salud, rubros que hoy exigen la máxima atención, sin descuidar los demás.

El propósito que tiene el Gobierno del Estado es que el área de salud reciba los recursos que requiere para seguir atendiendo la pandemia y que ésta se mantenga bajo control, ya que en ello va de por medio la vida y el desarrollo de los habitantes en general, por lo que se busca tener la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. Los hospitales y policlínicas deben tener la potencia suficiente para enfrentar la demanda que se presente, tanto en equipo y medicamentos como de personal.

El funcionario mencionó que ante el último año de esta administración se trabaja en cada una de las áreas con la idea de concluir el sexenio con la mayor capacidad de respuesta ante las demandas sociales, además ocupa especial atención el nuevo diseño del Instituto de Planeación.

Ha sido una etapa difícil la que se ha vivido desde 2020 y que se complicó por la falta de recursos, lo que no ha sido obstáculo para que Aguascalientes mantenga unas finanzas sanas, se ha logrado gracias a la disciplina aplicada, lo que permite mantener al estado dentro del indicador verde de la Secretaría de Hacienda y de las mismas calificadoras, que colocan a esta entidad en el primer lugar de cumplimiento de su deuda pública, misma que asciende a 2 mil 800 millones de pesos.

El funcionario adelantó que para el próximo año no se contemplan nuevos impuestos, más bien habrá una ligera reducción del 0.5% en el Impuesto Sobre la Nómina, en tanto que el costo del control vehicular aumentará cerca del 3%, en relación con la inflación.

Magallanes reiteró que la obligación del Gobierno del Estado y en particular de la dependencia a su cargo “es tener una disciplina financiera estricta, en pago de deudas al corriente y esto nos ha permitido ser el primer lugar nacional de acuerdo con las calificadoras y ante todo estaremos destinando recursos para proyectos prioritarios como parte de los compromisos”.

(Piscacha. El diccionario abierto establece que piscacha es “una pequeña porción que se mide con tres deditos y lo que alcancen a agarrar esa es la piscacha”, palabra utilizada en las recetas de cocina y que por analogía se aplica en esta ocasión por lo escasos recursos federales que se enviaron a Aguascalientes, pese a que hubo un gasto adicional muy importante durante el año pasado y parte del actual para hacerle frente a la emergencia sanitaria).

JORGE RODRÍGUEZ LEÓN

Aunque nadie es eterno, siempre causa congoja cuando alguien cercano concluye su ciclo de vida, como es el caso de Jorge Rodríguez León, cuyo óbito fue público hasta que su familia lo dio a conocer. Habría sido estimulante haberle acompañado en sus últimos minutos en este mundo, lo que no obsta para que hoy se le tenga presente. Fue un personaje del medio sindical y político con el que el autor de este espacio, por razones del trabajo informativo lo acompañó en diversas etapas. Como dicen en el medio taurino, juntos recorrimos la legua, principalmente cuando fue candidato a Senador (1991), al visitar toda la geografía estatal. Sus mensajes los centró en exhortar a los habitantes de cada lugar a una entrega sin límites a la actividad que desarrollaban, porque al hacerlo, decía, contribuían a tener un mayor crecimiento y una economía pujante. En las reuniones con las agrupaciones sindicales les pedía que con su esfuerzo contribuyeran al desarrollo de las empresas, porque lográndolo traería concatenado un mayor ingreso en beneficio de ellos y de su familia. Un detalle que nunca faltó en cada una de las giras fue que siempre se preocupó por que el equipo de apoyo recibiera la atención necesaria, por lo que personalmente preguntaba si habían desayunado o comido y de no haber sido así, de su bolsillo les daba para que fueran a algún lugar a ingerir los alimentos. En broma decían que eran “los hijos adoptivos del candidato”, que le provocaba sólo una sonrisa. Aunque los últimos años se retiró de toda actividad laboral y sindical, siempre estaba al tanto de lo que sucedía en la ciudad, el estado y el país, por lo que en las oportunidades que había de platicar con él se hablaba de las “últimas”, en que su opinión por lo general era certera. En la década de los 80 fue de los primeros dirigentes sindicales en el país que puso sobre la mesa que se pagara un salario igual en México y Estados Unidos, como única forma de frenar el éxodo, algo que hoy es una novedad y hasta objeto de controversia, cuando lo justo es que quien hace una actividad similar debe recibir una remutación igual. Sin duda una gran pérdida para el sindicalismo y el ámbito político.