Salvador Rodríguez López

Ante la exigencia de diversos grupos sociales para que diera a conocer el costo de una obra, en tiempo ido el entonces gobernante respondía que su administración actuaba con total transparencia, por lo que no había problema para que los ciudadanos consultaran los datos, sólo deberían atender el “protocolo”, esto es, solicitar por escrito la información y hacer saber cuál era el motivo y qué destino tendría, petición que debería ser sometida a un análisis de una comisión designada por la dependencia en cuestión. Era un procedimiento que tardaba meses y cuando finalmente se tenía la respuesta carecía de datos fundamentales, por lo que no se podía valorar su veracidad, sin embargo el mandatario aseguraba que se dio la atención que se demandó y así lo consignaba cuantas veces se abordaba el tema.

Con las debidas proporciones ocurre algo similar en el Ayuntamiento de Aguascalientes, al asegurar el alcalde que “no hay nada que ocultar”, por lo que ordenó suministrar la información que reclama un grupo de regidores, esto después de que pasaron cuatro días que hicieron pública su posición, sin embargo otro asunto más peliagudo y del cual hasta la fecha ha guardado silencio total, es sobre la denuncia que está radicada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la anterior administración, de la que él formó parte, al establecer la senadora Martha Márquez que en un contrato para la adquisición de luminarias hubo un sobreprecio por varios millones de pesos.

El pasado 26 de noviembre ocho regidores de oposición evidenciaron que hay “opacidad y simulación” en el Gobierno Municipal, por lo que exigen al titular de la comuna y a sus secretarios que entreguen la información que aclare el endeudamiento financiero en tres rubros por un total de 370 millones 484 mil 168 pesos, establecido en el Presupuesto de Egresos 2022, por lo que dejaron en claro que aprobarán el paquete económico sólo hasta que tengan la información fidedigna.

La exigencia radica en conocer a qué personas físicas o morales se les adeuda 101 millones de pesos, además cinco millones por intereses por ejercicios fiscales anteriores, que se denominaban ADEFAS. De igual manera se necesita determinar sobre 228 millones de pesos que se adeudan a Asociaciones Públicas Privadas, que tiene relación con el parque fotovoltaico y el sistema de modernización de alumbrado público.

En esta danza multimillonaria los ediles señalaron que están 48 millones que se aplicarán el año próximo por concepto de los 160 millones de pesos acreditados por el Cabildo como parte del adelanto de las participaciones federales.

La denuncia conjunta que hicieron fue que en varias ocasiones solicitaron al presidente municipal y sus secretarios que proporcionaran la información requerida y al no haber una respuesta los impulsó a convocar a los medios de comunicación para hacer público este desdén, buscando poner fin “a la opacidad y la simulación” con que se conduce el jefe de la municipalidad.

Ante la exigencia de quienes son parte del Gobierno local, por lo que están facultados para conocer con precisión todo lo referente al gasto y destino de los recursos públicos, no le quedó otra salida al alcalde que responder el pasado 30 de noviembre que ha ordenado la entrega de los datos reclamados, inclusive, tratando de demostrar autoridad amenazó a sus subalternos que “si no entregan la documentación requerida” podrían ser sancionados “por desacato”. Reiteró que “si se observa un desacato en esta instrucción, los servidores públicos deben saber que serán sancionados de acuerdo con la falta cometida en los diferentes casos”, luego recurrió al clásico baño de pureza: “Leonardo Montañez Castro no oculta nada, siempre he sido transparente a lo largo de mis 20 años como servidor público, así lo entiende la gente que me conoce”.

Pese a esa honestidad que reclama para sí, no hay una sola palabra sobre la acusación que presentó la senadora Márquez Alvarado ante la máxima fiscalía del país, por lo que mientras no se esclarezca este asunto el actual Gobierno de la ciudad estará bajo sospecha.

TOLERANCIA O DUREZA

En toda sociedad hay paciencia ante algunos actos que realiza una parte de la misma, aún cuando no sean del agrado de otro sector, al mismo tiempo se aplican medidas rigoristas para imponer el criterio de una minoría, para ello se eleva a mandato con lo que fuerzan su manejo.

En este sentido está la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes, aprobada en noviembre pasado por el Congreso local, con lo cual quedó estrictamente prohibido el uso de todo material confeccionado con plásticos que tenga un solo destino. Con ello sus promotores presumen que han hecho una gran contribución a la Humanidad, al salvar al planeta ante el calentamiento global.

Como es tradicional entre diputados y diputadas, ellos conciben, acuerdan y aprueban sin tomarse la molestia de socializar los temas, esto es, que los ciudadanos conozcan el contenido de las iniciativas, qué es lo que se pretende con ellas, qué beneficios colectivos tendrá la medida, cuáles serán sus alcances, si lesiona a una parte de la comunidad y en qué sentido, o qué debe hacerse para modificar el documento haciéndolo más satisfactorio para que, inclusive, cuente con la anuencia de aquellos que podrían sentirse lesionados.

Quienes aplauden esa medida aconsejan que siempre se lleve consigo un kit, que incluya plato, cuchara y un vaso de vidrio, esto es, un topper plegable para alimentos y así adquirir en los carritos de “colores” o con la señora que a orilla de banqueta vende gorditas y tacos y de esta manera llevar lo que se desee sin necesidad de pedirle al comerciante que se lo entregue en bolsas de polietileno. En un plano ilusorio sería lo adecuado, pero en la vida real se compra en la calle y casi siempre apremiado por el tiempo de regresar al trabajo o aprovechar unos minutos sobre un asunto que se va a realizar.

Los que están en desacuerdo consideran que aún cuando una cantidad considerable de ese material va a dar a la basura, podría crearse una gratificación a los pepenadores para que acumulen cierta cantidad de material de plástico y luego lo cambien por una despensa, ropa o calzado, con lo que habría un incentivo para recuperar el elemento que pueda ser reutilizado. Inclusive esta acción podría encontrar el patrocinio de las empresas que actualmente se dedican a su fabricación, con lo que la sociedad en su conjunto saldría ganando.

Al haber aprobado esa ley, el Congreso del Estado afecta a 3 mil 822 empresas y de ellas 80 que podrían cerrar en un futuro cercano ante la dificultad financiera para su reconversión, causándose un daño global por 4 mil 342 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias de Plástico.

BISNES SON BISNES

A la mañana siguiente que Israel Díaz García, director de Mercados, Área Comercial y Fraccionamientos del Municipio de Aguascalientes, anunciara que se autorizó la presencia de vendedores semifijos y ambulantes durante la temporada decembrina, en automático aparecieron los puestos, que aún cuando todavía no ofrecen mercancía ya tienen “apartado” el lugar. De ellos alrededor de 80 lo harán en la zona histórica de la ciudad, situación que causa malestar en la asociación de Comerciantes del Centro (Acocen) y la Cámara de Comercio, al ver la “invasión” de la competencia, que no sólo se coloca a la entrada y frente a los aparadores de sus negocios, sino que al no tener los gastos que ellos sí deben cubrir todo el año pueden ofertar los artículos a precios por debajo de su valor real. Aunque ha habido múltiples intentos para “limpiar” el corazón de Aguascalientes para que los 365 días del año ofrezca una imagen amigable a propios y extraños, los sucesivos ayuntamientos se han encargado de dar al traste con ese propósito, por lo que, una vez más volverá a ser una mezcla de vendimia y olores y un estrecho margen para que caminen los potenciales compradores. Ciudades como Morelia y Guanajuato son ejemplo que nunca ha querido seguir Aguascalientes.

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