Víctor Hugo Granados Zapata

Un problema enorme en nuestro país es el aumento excesivo de instituciones de educación que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE), el cual es esencial para garantizar que dicha escuela o universidad cuente con una calidad “estándar”. Este reconocimiento es vital para la certificación de profesiones en todo el país, ya que con esta figura se garantiza que los aprendizajes que adquieran dentro de este instituto son suficientes para alcanzar otros niveles educativos, o bien, ejercer alguna profesión (aunado a la expedición de cédulas profesionales por parte de la SEP). En este sentido, cuando una escuela no cuenta con el REVOE estamos omitiendo este factor de seguridad indispensable y, con ello, lesionando el patrimonio de las y los estudiantes (cuyos títulos no podrían servir), y aquellas personas que solicitan sus servicios (en caso de las profesiones o carreras). ¿Cómo podemos prevenir este fenómeno? ¿De qué manera podríamos fomentar una expansión de la oferta educativa sin minar la calidad de las escuelas?

La semana pasada, el diputado local Raúl Silva Perezchica presentó una iniciativa al Congreso Local que busca tratar el problema. Su solución es la creación de una nueva figura típica en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes denominada “Impartición de estudios sin autorización o reconocimiento”, con la cual busca imponer sanciones más fuertes e incluso prisión a aquellas personas que oferten servicios educativos sin autorización del estado (contar con el REVOE). De entrada, esta propuesta podría verse como una alternativa válida tomando en cuenta el daño que ocasionan dichas instituciones educativas no validadas en la formación de las y los estudiantes, así como también la pérdida de recursos económicos que esto implica y del recurso más valioso de todos: el tiempo. En este sentido, el propio diputado Silva Perezchica explicó los motivos de su iniciativa a través del portal La Jornada Aguascalientes, argumentando que estas escuelas atentan contra la calidad educativa en el estado y por ello deben sancionarse con mayor efectividad, buscando así la mejora del servicio educativo.

Hace un par de meses expliqué en este mismo espacio el daño que ha ocasionado el populismo penal en México (aumentar los años de condena, crear nuevos delitos, etc.; con la finalidad de aumentar la aprobación), sobre todo porque una de las lecciones más básicas que tenemos las y los estudiantes del derecho es que el derecho penal debe ser el último recurso para solucionar los conflictos. En este sentido, debemos tomar en cuenta que al crear esta nueva figura típica también estamos aumentando la carga de trabajo de los sistemas de procuración e impartición de justicia, cuando quizás la solución se encuentre en medidas de índole regulatoria y administrativa. Debemos retomar el concepto de “calidad” partiendo que éste es un parámetro que va a determinar si una escuela es apta o no para ofertar un servicio educativo, por ello, la solución puede venir de una evaluación integral a todas las escuelas del estado bajo un mismo estándar de calidad (una dinámica similar a lo que se buscó en 2013 con la reforma educativa y la evaluación docente). De esta manera, las escuelas deberán estar en constantes evaluaciones para obtener o no perder su REVOE, cuyas sanciones deben partir exclusivamente de índole administrativa y no penal (a no ser que se involucren otro tipo de delitos, como usurpación de profesiones o fraude). Esta propuesta debe traer consigo un aumento de atribuciones al Instituto de Educación de Aguascalientes, así como la creación de una unidad de evaluación de calidad educativa que se encargue del monitoreo de dichas pruebas de calidad.

Comprendo perfectamente los motivos que tiene el diputado Silva Perezchica (a quien personalmente le reconozco su convicción por mejorar el sector educativo) y los miles ciudadanos hidrocálidos que están preocupados por la calidad educativa. Sin embargo, yo no comparto esta idea de que alguien debe ir a la cárcel por enseñar o dar clases, mucho menos por impulsar la oferta educativa. Hay que promover medidas eficaces y que estén lo más alejadas del populismo penal, porque como he explicado anteriormente, añadiendo nuevas figuras típicas o aumentando los años de cárcel no se ha solucionado ningún problema público. Tenemos la oportunidad de diseñar un sistema de evaluación vanguardista y consolidar a Aguascalientes como un estado líder en el sector educativo, deberíamos optar por esta última opción.

¡Participa con tu opinión!