Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Mientras los gobiernos Federal, estatales y municipales, no soporten con recursos financieros a las escuelas para su adecuado funcionamiento, las reparaciones de su planta física y el mantenimiento de los enseres de  trabajo; cada año se tendrá que solicitar cooperación a los padres de familia con el fin de atender lo anterior, provocando polémica ya trillada.

La Federación construye escuelas, paga maestros, otorga libros de texto y, hasta antes de la descentralización educativa, radicaba en las escuelas ORDEN DE PAGO “B”, consistente en dinero para la compra de papelería, máquinas de escribir, substancias de laboratorio, materiales de aseo, gises, borradores, focos, y para dar mantenimiento a los talleres, entre otros rubros. Con la descentralización, a los gobiernos estatales se les autorizó una partida presupuestaria, mayor que la Orden de Pago “B”, para continuar  apoyando a las escuelas en lo indispensable. Los directores jamás tuvieron explicación por qué estos recursos ya no llegan a sus instituciones. Sin embargo, las escuelas requieren constante mantenimiento (esto lo sabe todo el mundo). En tal virtud, ante la falta de recursos, los directivos se ven en la necesidad de solicitar cooperaciones económicas a los padres de familia para atender las necesidades más apremiantes de sus escuelas. Hecho que provoca malestar en las autoridades, a grado tal que llaman la atención y amenazan hasta con cesar a los directores.

Si en Aguascalientes se quiere apoyar a las escuelas para que funcionen decorosamente, sin pedir cuotas a los padres de familia, es cuestión que la administración educativa asegure una partida presupuestaria suficiente para lo básico de las escuelas; una mínima parte, por ejemplo, de los 7 mil 710 millones de pesos que el congreso local autorizó, al sector educativo, para ser ejercidos durante 2017. Esta partida presupuestaria sería en sustitución de la ORDEN DE PAGO “B”, con la cual se puedan comprar materiales de oficina, limpieza, de la biblioteca, los laboratorios, los deportes y para el mantenimiento del mobiliario, las computadoras y demás enseres de la escuela. Y que el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales se encarguen, bajo un programa definido en sus respectivos ámbitos de competencia, de reparaciones mayores como en los baños, los techos; en la planta física, en general, de los planteles. Todo con cargo a los presupuestos que, anualmente, se les asignan para educación, más recursos propios; sin perjuicio que la Federación siga haciendo otro tanto con las escuelas de la Entidad. Si hay gobernanza, esto es, si las distintas instancias gubernamentales se coordinan y ejercen efectivamente lo que está previsto en sus respectivas responsabilidades, las cosas se pueden resolver de buena manera y se deja de presionar a los padres de familia, después que éstos pagan sus impuestos. Acéptese, que el problema no es la falta de recursos, sino la mala distribución de los mismos.

Pero si los padres de familia han de seguir aportando “cuotas voluntarias”, por lo menos que se haga un estudio previo para saber qué necesita cada escuela, qué de lo que se necesita pueden solventar los padres de familia o cuánto pueden aportar para resolver en parte las necesidades. Luego, habrá que llevar un control y ejercer los recursos aportados de manera eficiente y transparente, para poder comprobar satisfactoriamente lo ejercido. En este momento, alguien sabe, ¿por qué en unas escuelas se pide, a los padres, 400 pesos, en otras 800 y en otras mil 800 pesos? Alguien sabe, ¿qué destino se le da al dinero recaudado? Alguien sabe, ¿cuánto se gasta, de lo reunido, en las fiestas navideñas, cuánto el día del niño, cuánto para diversos gastos innecesarios y cuánto se destina, realmente, para la escuela?

Lo que se deba hacer, que se haga; pero que se haga bien en beneficio de las escuelas y de la educación. Todo esto, está en manos de las autoridades.