La implementación del nuevo modelo de justicia laboral en Aguascalientes encontrará en el tema financiero su principal problema, advirtió el subsecretario del Trabajo, Oziel Guerrero de Anda, al señalar que tan solo para iniciar se requerirán veinte millones de pesos.
Dijo que los recortes presupuestales están alcanzando muchas áreas del gobierno federal y de los estatales, por lo que aterrizar en los hechos la reforma que lleva la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Judicial, podría ser de manera escalonada en los siguientes años.
Si bien, el decreto establece que sea el 24 de febrero de 2018, a un año de su promulgación, lo cierto, dijo, es que se tratará de una primera fase y mucho dependerá del tema presupuestal, reiteró.
Durante su participación en la sesión de la Comisión Laboral de Coparmex Aguascalientes, el funcionario del gobierno estatal dio a conocer a los empresarios que ha quedado constituido un grupo de trabajo con representantes de los Tres Poderes del Estado que eventualmente será la Unidad Implementadora de la reforma sobre justicia laboral.
El reto es avanzar sobre los temas implicados en esta instrumentación de la nueva norma como son recursos financieros, humanos e infraestructura a través del análisis de cinco vertientes: legislación, organización, financiamiento, capital humano y transición.
En ese sentido explicó que el Poder Judicial ha presentado un anteproyecto que plantea la habilitación de seis juzgados de oralidad para la justicia laboral, que estarían ubicados en Ciudad Justicia.
Se trata de una propuesta que será analizada de conformidad con la disposición de dinero y en su caso se resolvería de manera paulatina, conforme avance el tiempo pues además se estaría hablando de más personal, gastos operativos y todo lo que conlleva una estructura judicial como la que se aspira a tener para esta materia del derecho y no se sabe aún, cuánto se pueda generar por cada estado o cuánto vaya a aportar la federación.
Guerrero de Anda recordó que la reforma para la justicia laboral contempla que ésta sea impartida ya desde el Poder Judicial, prevé la conciliación obligatoria para todos los casos, a fin de que disminuir el número de juicios, así como un organismo descentralizado para el registro de contratos colectivos de trabajo a nivel federal.