A partir del 1° de marzo, la totalidad de las sentencias dictadas por el Poder Judicial del Estado son públicas para aquellos que quieran hacer una consulta sobre ellas, salvo que están protegidos algunos datos que ameritan serlo por ser sensibles y que podrían significar un riesgo para los involucrados.
De acuerdo a información vertida por el Poder Judicial del Estado, esto abona a la transparencia en el trabajo que realizan jueces y magistrados, pero además, los litigantes podrán conocer el criterio y razonamiento que se pudiera haber considerado para dictar las sentencias respectivas.
Si bien las sentencias que serán públicas son aquellas que comenzaron a dictarse a partir de este mes, pues las anteriores están bajo otro régimen y por lo tanto, se mantendrán en la secrecía como ocurrió hasta antes de haber sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, la obligación de que la consulta sobre éstas pueda ser abierta.

LO QUE SE MANTIENE OCULTO. El sentido de la resolución estará disponible y permitirá a los litigantes tener una estimación sobre el rumbo que pudieran tener sus asuntos en caso de ser similares a alguno que haya sido ya sentenciado. En cambio, los datos que no se podrán hacer públicos en las sentencias que estarán en línea para consultas generales, son:
· Nombres de las partes involucradas
· Cuentas bancarias
· Domicilios
· Datos específicos o sensibles

La información que no se hace pública es en atención a lo que se señala en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, tema en el que el Poder Judicial del Estado ha sido reconocido por realizar su trabajo y actividades con esta consigna. Además, queda aclarado que el ejercicio jurisdiccional siempre será asunto de interés público, no sólo porque haya resolución a los conflictos legales entre personas involucradas, sino porque el conocimiento y la transparencia permiten dotar de certeza jurídica a la colectividad.