Adriana Dávila
Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Como castigo por haber utilizado a funcionarios para recabar firmas en apoyo a su candidatura presidencial en el 2018, la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado plantearía esta semana la destitución del cargo y la inhabilitación por tres años como servidor público del Gobernador Jaime Rodríguez.
También proyecta inhabilitar por tres años al Secretario General de Gobierno, Manuel González, quien fungió como Gobernador interino mientras «El Bronco» hacía campaña.
En el predictamen que se espera poner a consideración de los legisladores de la Comisión esta misma semana y al que Grupo REFORMA tuvo acceso, se plantea que, en el caso del Mandatario, la sanción aplicaría una vez que se resuelva la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia en la que cuestiona la facultad del Congreso para sancionarlo.
El proyecto deberá aprobarse primeramente en la Comisión y después en el Pleno con mayoría simple de votos.
Con esto, el Congreso habría cumplido con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar las infracciones electorales cometidas por el Gobernador y su Secretario de Gobierno.
«La sanción consiste en: destitución del cargo de Gobernador del Estado de Nuevo León e inhabilitación como servidor público por tres años contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen», señala el acuerdo del proyecto sobre el castigo para «El Bronco».
«En lo específico», aclara, «de acuerdo con la resolución dentro del incidente de suspensión en la Controversia Constitucional 310/2019, emitida por los Ministro Eduardo Medina Mora y Juan Luis González Alcántara Carrancá, esta sanción no se ejecutará hasta en tanto se resuelva ese medio de control constitucional».
Una fuente legislativa señaló que la Comisión Anticorrupción consideró que las suspensiones otorgadas solamente protegen al titular del Ejecutivo y no al Secretario, por lo que la sanción para González sería ejecutable desde el momento en que la propuesta se apruebe en el Pleno.
La propuesta de sanción que realizará la Comisión Anticorrupción, que encabeza el Diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio De la Garza, surge en medio de la discusión del presupuesto estatal, en el que el Congreso busca obtener 370 millones de pesos para su operación en el 2020, un 5.7 por ciento más que este año y pese a que no transparenta su gasto.
La propuesta señala que una vez desahogada la controversia constitucional, si la sanción contra el Mandatario llega a ejecutarse, deberá nombrarse a un Gobernador sustituto.