Cada vez es más difícil que un individuo logre sustraerse de las obligaciones que adquiere cuando engendra, porque en algún momento ese hijo o hija podrá reclamarle el derecho que le asiste, en primer lugar que reconozca ser el padre y en segundo la manutención. Los tiempos del arrogante que negaba ser el progenitor se terminaron con la prueba del ADN, que puede solicitar la mujer o los hijos para demostrar que es el autor, con lo que se acaban las viejas historias de “ese niño no es mío”, ya que el ADN es una molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos y es responsable de la transmisión hereditaria.

Como en cualquier sociedad, Aguascalientes no es ajeno a ese tipo de situaciones y que se refleja en los trámites que llevan a cabo la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar del DIF Estatal, al ser la pensión alimenticia la principal demanda, donde una parte son de solicitud de primera vez, pero otras es cuando los sujetos obligados se les “olvida” entregar o depositar la cantidad fijada, por lo tanto hay que llevarlo a nuevo juicio para que cumpla con sus deberes.

Es un conflicto que se resiste a irse, porque así como hay quienes solicitan el apoyo de las autoridades, otros no lo hacen, sea por estar amenazados y temen una agresión, o por vergüenza, lo que motiva que ese macho mexicano continúe esparciendo su rastro en varias partes, sin embargo el tiempo cobra demasiado caro, toda vez que cuando llega a anciano se encuentra solo y rumiando sus frustraciones, al saber que sus hijos fuera de matrimonio no quieren saber de él.

Del total de los asuntos que formaliza la citada Dirección de Asistencia Jurídica, el 40% corresponden a la pensión alimenticia de los hijos, lo que además incluye el vestido, habitación, atención médica y hospitalaria, además de la educación, lo que lógicamente no es del agrado de quien es forzado, pero la ley es muy clara, por lo que debe atender íntegramente lo que se le fija y no cesar en hacerlo, porque entonces volverá a ser exigido y tendrá que pagar lo que dejó de aportar.

La directora de esa oficina, Luz María Sánchez del Valle, mencionó que también se tramita el sostenimiento para personas con algún tipo de discapacidad, que además de recibir lo necesario para la alimentación, vestido, cuidado médico y educación, incluye la habilitación, rehabilitación y desarrollo.

Hay otro segmento poblacional igual de importante que también atiende el DIF Estatal y es el de los adultos mayores, que están en dificultades económicas, por lo que pueden exigir a sus hijos una pensión alimenticia y el apoyo para la atención geriátrica, que se les proporcione los alimentos necesarios y se les integre a la familia.

Es fundamental destacar que el porcentaje de la pensión alimenticia en todos los casos varía y se fija a criterio de los jueces, supeditándose a los principios de equidad y proporcionalidad, esto es, con base en el equilibrio entre los recursos del aportador o deudor alimentario y las necesidades del solicitante o acreedor alimentario. El promedio fluctúa en un 20% por hijo, pero es algo variable “porque depende de cuántos hijos tiene, a cuánto ascienden sus gastos, cuánto es lo que gana para proporcionar los alimentos, si tiene a los hijos en escuelas públicas o privada, si es una persona con discapacidad, o si es un recién nacido”, puntualizó Luz María Sánchez.

Hizo hincapié que una vez que el juez dicta la sentencia, fija alimentos de manera proporcional y después los definitivos, lo que muchas veces se garantiza mediante los bienes que tenga el demandado, por lo que en caso de incumplimiento se cobre con él la respectiva pensión.

La funcionaria exhortó a cualquier persona que viva alguna de estas realidades que acuda a la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar del DIF, ubicada en avenida Convención Sur (primer anillo) esquina con Mahatma Gandhi.

OFENSIVA ILEGAL

Aunque tarde, pero finalmente se decidieron los señores juristas a denunciar la serie de atropellos que resienten los ciudadanos por parte de varias dependencias, que por sus pistolas no sólo sancionan sino que decomisan vehículos para obligar a que el presunto infractor pague pensión, grúa, multa y actualización del pago correspondiente.

Lo expresado por Fernando Amador Macías, presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, le cayó como proyectil a los funcionarios, que reaccionaron molestos ya que según ellos se apegan al marco legal, sin embargo no pueden explicar dónde establece que puedan actuar impunemente, como sucede con los motociclistas, a los que por no portar el casco protector en Tránsito Municipal les decomisan el vehículo, algo que no sucede con el conductor de un automóvil que no lleva puesto el cinturón de seguridad y al que sólo le entregan la boleta de infracción.

Desde el punto de vista de los profesionales del derecho, detener y enviar al corralón un vehículo por una falta ambiental es una ilegalidad, a lo que pocos se amparan, porque al ganar el juicio el daño moral y económico ya es un acto consumado.

La ilegalidad que cometen empleados de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), al dedicarse a “cazar” por las calles a los automovilistas que no cumplieron con la verificación, es algo indigno para esta dependencia, ya que aprovecha el factor sorpresa para dejar a pie al conductor y que al recurrir al amparo se considere como un caso consumado.

Dijo que lo han señalado en varias ocasiones, que aún cuando la Ley de Medio Ambiente del Estado tiene una buena intención, la forma en que la aplican quienes hacen labor de patrullaje ambiental es inconstitucional, en función que prevé sanciones para los que incumplan con la verificación, pero no debería de ser la primera acción el retiro del automóvil porque esto perjudica al conductor. “Sucede que, al momento que detectan, mediante cacería en las calles, que un auto sin engomado de centro de verificación, es detenido y retirado de circulación obligando al propietario a de inmediato iniciar trámites para el pago de una multa de 4 mil pesos, además del costo de la grúa y de la pensión y de lo que tiene que invertir para moverse para cumplir con esos requisitos para poder recuperar su coche”.

Consideró que con aplicar la multa basta, por lo que no se requiere llevarse la unidad al corralón, teniendo en cuenta que la Secretaría de Finanzas posee todos los datos del automovilista y es la misma información que se deja cuando se acude a la verificación, por lo que “bastaría que se pongan a trabajar en la revisión de esos archivos, detectar quiénes han cumplido y quiénes no, enviar la multa, si es que la amerita, y que sea a domicilio, de lo contrario seguirá afectándose aún más al bolsillo del ciudadano”.

¿QUÉ HACER?

Si Usted se encuentra en una situación de defender su patrimonio, sea un ladrón ocasional, o de un “profesional” que se mete a su hogar, a su negocio o trata de llevarse su automóvil, ¿qué haría?, lo natural es utilizar algo con que enfrentarlo, pero cuidado, si llega a herir al asaltante entonces Usted irá a la cárcel y el otro al hospital e incluso puede demandarlo por lesiones. Como en el Congreso del Estado padecen de fiaca permanente, no pueden analizar una modificación a la ley que incluya en estos casos la defensa propia y principalmente las circunstancias en que se dan estos hechos. El ejemplo más recurrente es el caso de los veladores o guardianes en obras en construcción, ranchos y casas particulares, que al detectar un merodeador de inmediato actúan en defensa de los productos a su cuidado, pero corren en el riesgo de quedar detenidos. En estas condiciones podría suponerse que lo mejor es no actuar, pero entonces ¿para que están? Ciertamente, hace falta una reforma a la legislación que evite este tipo de dislates legales, algo que sucede con los que son despojados de sus bienes y al localizar al sinvergüenza le dan un escarmiento, lo que motiva que sea detenidos y consignados por lesiones dolosas, en tanto el culpable pasa al hospital y de ahí a la calle, con la posibilidad de ganar una demanda por las lastimaduras que recibió. Un mundo al revés.