Otto Granados

Durante la campaña presidencial de 2018, la coalición opositora (partidos Morena, Verde y del Trabajo) ofreció “cancelar” la reforma educativa de la administración Peña Nieto —”una de las más interesantes y serias jamás emprendidas” en México según la calificó el primer subsecretario de Educación Básica del gobierno actual— con el objetivo inicial de coludirse sobre todo con la delincuencia magisterial que por décadas había controlado (y controla) los servicios educativos de estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, así como en porciones de la ciudad de México, con la promesa de devolverles sus viejos privilegios: tráfico de plazas docentes, negocios con la producción de libros de texto locales, colonización de las secretarías educativas estatales, conceptos de pago discrecionales, y nula exigencia de calidad a los docentes en ejercicio, entre otras cosas.

Una vez que inició, el gobierno eliminó en efecto las evaluaciones de logros de aprendizaje de los niños y las de desempeño de los maestros, introdujo la simulación en las modalidades de ingreso a la carrera docente, y abrió la puerta para que nuevamente el SNTE secuestrara la gestión educativa en distintas entidades federativas, como lo hizo por décadas antes de la reforma educativa. El resultado, bastante claro a estas alturas, es que la educación proporcionada ahora a los niños de México en las escuelas públicas (89% en el nivel básico) vive una situación trágica que, de no ser detenida y revertida, puede convertirse en una catástrofe de consecuencias incalculables.

Empecemos por recordar que el objetivo más importante de una educación de calidad es asegurar que los niños aprendan y que lo aprendido les sirva para su trayectoria laboral, profesional y vital. Para que eso suceda, es necesario articular de manera virtuosa un ecosistema compuesto por varios componentes. Veamos qué pasó en México hasta 2018 y cómo está ahora en tres de esos factores cruciales.

El primero de ellos es que el país contaba con un modelo educativo avanzado y de excelencia, cuyos propósitos principales eran ofrecer una formación integral; desarrollar competencias y habilidades; adquirir conocimientos, sembrar valores y dirigirse hacia los aprendizajes clave. Ahora, el gobierno decidió echar por la borda ese esfuerzo y cambiar una propuesta educativa basada en evidencia por una lógica ideológica que sirve para todo menos para que los niños aprendan.

El primer titular de la SEP se inventó un engendro llamado “nueva escuela mexicana”, que jamás fue lo uno ni lo otro, aduciendo que ésta era para contraponerse al “espíritu individualista y consumista del neoliberalismo”. De esa irresponsabilidad pedagógica surgieron, entre otras cosas, los nuevos libros de texto, cuya evaluación crítica ya ha sido bien documentada, y que, a juicio de los expertos más serios, son un fracaso académico, técnico e histórico en toda regla que dañará a los niños y escuelas que los usen.

En segundo lugar, la reforma educativa del sexenio pasado creó un genuino servicio profesional docente para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros en la carrera. Entre 2014 y 2018, participaron 1,6 millones de personas con licenciatura en concursos de oposición y en evaluaciones de desempeño transparentes, exigentes y meritocráticas, por medio de las cuales entraron al servicio o lograron su ascenso, de acuerdo con las calificaciones obtenidas y las vacantes disponibles, casi 242.000, lo que quiere decir que obtuvieron su plaza o su nombramiento como directores y supervisores los mejores aspirantes.

Ahora, el gobierno decidió “basificar”, que es el eufemismo con que se denomina la entrega de plazas sin ningún filtro de calidad ni verdadera competencia, a 886.000 personas que realizan tareas aparentemente educativas, ya sea como maestros o como personal administrativo. Relacionado con este hecho, un informe de MEJOREDU, una dependencia de la SEP, admitió que actualmente hay 155.000 personas que realizan funciones docentes sin tener un título profesional que los habilite para ello; esto quiere decir que casi el 11% de los maestros de educación básica en México carece de esa acreditación.

La suma de estas decisiones probablemente explica que, de acuerdo con la reciente prueba PISA 2022, el 31% de los estudiantes en México estaban en centros cuyo director informó que la capacidad de la escuela para brindar instrucción se ve obstaculizada por la falta de personal docente y el 18% porque el personal docente es “inadecuado o mal calificado”. En 2018, las proporciones correspondientes fueron del 25% y el 9%, respectivamente.

En tercer término, en el sexenio pasado se estableció el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, un mecanismo indispensable para saber si los niños están aprendiendo o no en áreas esenciales de su formación. Gracias a los incentivos positivos que ese instrumento introdujo y a su utilidad diagnóstica, entre 2015 y 2018, en el caso de secundaria, 11 estados del país mejoraron en lenguaje y comunicación y 18 en matemáticas, con puntajes estadísticamente significativos. Ahora, el desempeño de los niños ha empeorado dramáticamente.

Según el Banco Mundial, del 57% de los niños que padecían “pobreza de aprendizajes” -que es cuando un niño de 10 años no puede leer ni entender un texto simple– pasamos a nivel global al 70%. En septiembre de 2023, MEJOREDU presentó su Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y los Alumnos de Educación Básica que confirma que en lectura, matemáticas y formación cívica y ética, los alumnos mexicanos desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria solo aciertan en las pruebas entre 42% y 46% de los reactivos en promedio; en el caso de Aguascalientes el promedio de aciertos en lectura fue de 45.6% y en matemáticas de 39.8%. Es decir, están reprobados.

Analizada en perspectiva esta secuencia, era relativamente lógico esperar malos resultados de PISA 2022, que no son atribuibles por cierto, como el propio informe de la OCDE sugiere, solo a la pandemia, ni tampoco derivan de aspectos técnicos en la aplicación de la prueba o de los datos arrojados, los cuales cumplieron satisfactoriamente con los más altos estándares de rigor y calidad. Tampoco se puede descalificar a la prueba PISA por motivos ideológicos porque el propio gobierno reconoce sus resultados como indicador relevante en su programa sectorial educativo.  Esa es la razón por la cual, en medio de una intensa presión social, el gobierno de Morena se vio forzado a recular y México sí participará en la edición de la prueba en 2025.

Los resultados de PISA son atroces. En México, el 34% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 o superior (de 6) de competencia en matemáticas, significativamente menor al promedio de los países de la OCDE que es de 69%, y muy lejos del 85% de los estudiantes de Singapur, Macao, Japón, Taiwán, Hong Kong o Estonia que lograron los mejores puntajes entre todos los países incluidos. En lectura, alrededor del 53% de los estudiantes alcanzaron el Nivel 2 o superior frente a un 74% promedio de la OCDE y en ciencias pasó lo mismo: en torno al 49% de los estudiantes mexicanos alcanzaron el Nivel 2 o superior mientras que el promedio OCDE fue de 76%. En conclusión, entre los 81 países y economías participantes, México quedó, en matemáticas y ciencia, en la posición número 57, y en lectura, 49.

La situación actual de la educación en México, a la cual también ha contribuido, justo es decirlo, la complicidad o por lo menos el desinterés de buena parte de los gobiernos estatales, no admite paliativos ni justificaciones: es una tragedia que, de no mitigarse ahora y empezar a revertirla, será una catástrofe con un impacto muy negativo y doloroso en el abandono escolar y la pobreza de aprendizajes de esos niños. Tanto el próximo gobierno de México como las autoridades estatales deberán hacer de la educación de calidad su más alta prioridad y eso no se logrará con las mismas políticas y la destrucción sistemática de estos años.