Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Norma Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia, propuso ayer a sus colegas conceder un amparo a Brandon Flores Ramírez, supuesto heredero del liderazgo del cártel La Unión Tepito, para inaplicar la regla de prisión preventiva forzosa y revisar si hay razones para mantenerlo recluido mientras es juzgado.
La ministra repartió un proyecto similar al que su colega Luis María Aguilar entregó unas horas antes, con la misma propuesta de inaplicar la prisión preventiva forzosa prevista en el artículo 19 de la Constitución, así como fallar contra el catálogo de delitos graves del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por tratarse de un amparo, la sentencia derivada del proyecto de Piña Hernández no tendría efectos generales, sino que sólo beneficiaría a los quejosos, pero basta el voto de seis de los 11 ministros para concederlo.
Con menos de ocho votos, el criterio de la Corte derivado de este amparo no sería obligatorio para todos los jueces del país.
El proyecto de Aguilar es una acción de inconstitucionalidad, que puede tener efectos generales, pero requiere ocho votos.
Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, incluyó hoy ambos asuntos en los lugares 16 y 17 de la lista de sesión del pleno de la Corte, por lo que serán discutidos en septiembre.
El amparo sería otorgado a Brandon Alexis Flores Ramírez, «El Junior», hermano de Oscar Andrés Flores Ramírez, «El Lunares», ex jefe de La Unión Tepito, y no implicaría su liberación, sino la celebración de una nueva audiencia ante el juez que lleva su caso, para revisar las medidas cautelares impuestas al acusado.
«El Junior» fue detenido con otra persona durante un cateo en la Colonia Guerrero, el 21 de mayo de 2020, en posesión de 1.5 millones de pesos en efectivo, una pistola SIG Sauer calibre 38, una carabina calibre 30 y 4.5 gramos de cocaína.
Ambos detenidos fueron enviados al Reclusorio Sur y están en prisión preventiva forzosa, por los delitos que se les imputan.
«Bajo ninguna circunstancia, esta determinación implica ordenar la libertad de los imputados.
«Si bien la gravedad de los delitos imputados puede ser un elemento para tenerse en cuenta al determinar la procedencia de las medidas cautelares, ésta no es, por sí misma, justificación suficiente para la imposición de la prisión preventiva; sin embargo, se reitera, debe considerarse por los tribunales como un elemento relevante», indica el proyecto de la ministra.
El caso de «El Junior» sería el primero de muchos que, de ser aprobado alguno de los dos proyectos en la Corte, serían revisados para determinar si es correcto mantener en prisión preventiva a los acusados, al ser rechazada la aplicación oficiosa de esta medida.
Es previsible que la gran mayoría de narcotraficantes, secuestradores y otros delincuentes violentos seguirían en la cárcel, pero acusados por delitos no violentos tendrían una oportunidad de ser sometidos a medidas cautelares menos rigurosas.