Antonio Baranda
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Ejecutivo quiere una reforma constitucional para que, sin control judicial, los gobiernos federal y estatales puedan otorgar beneficios de libertad anticipada a reos que estén acusados de delitos no graves, tengan condenas «breves» o presenten estado de vulnerabilidad.
Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), justificó ayer la propuesta -ante un grupo de legisladores- con el argumento de los jueces «a veces tardan mucho» en sus resoluciones.
Sin que se conozca la iniciativa, explicó que serían necesarios cambios al artículo 21 constitucional, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Ejecución Penal, en lo relativo a beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de la libertad.
«Se requieren también (estas) reformas, que seguramente generarán polémica, pero las queremos poner en la mesa», expresó Rodríguez al participar en una reunión plenaria de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados.
«Para facultar al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales a que, a través de un Comité integrado por autoridades penitenciarias, el Poder Judicial, las fiscalías y la Defensoría Pública, puedan determinar la procedencia y otorgamiento del beneficio de libertad anticipada de personas con condenas breves o en estado de vulnerabilidad o por delitos no graves», planteó.
«Lo dejamos en la mesa para su consideración y debate, y que ustedes tomen la decisión de cómo vean, que no solamente sean los jueces los que tomen esas decisiones, sino también que sean los ejecutivos federal y estatales, los que puedan definir y decidir porque, a veces, tardan mucho las decisiones sobre este tipo de ejecución de estas penas».
En la mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que su Gobierno no ha logrado liberar a presos que están injustamente en la cárcel y lo achacó al burocratismo y la falta de voluntad de los jueces para hacer justicia.
«Los procedimientos judiciales son de lo más complejos. Y además también no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia, se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia, y hay todavía mucho burocratismo», expuso.

Mayor pena a taladores
Al tiempo que se analiza en la Corte la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa para todo tipo de delitos, y dar a los jueces libertad para decidir en cada caso, Rodríguez también planteó modificar la Constitución para aplicar esa medida cautelar a otro delito: la tala clandestina.
«Nosotros hemos recibido algunas observaciones, quejas, por parte de este partido político (PVEM), a quien le preocupa la preservación del medio ambiente. Por eso nos preocupa la tala clandestina», señaló.
«Un delito que afecta al medio ambiente y puede generar un desequilibrio ecológico. Creemos que es necesaria una reforma al artículo 19 constitucional para elevar la gravedad de este tipo de actos, a fin de que amerite prisión preventiva oficiosa».
La Corte se perfila a eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa, con el argumento de que esa figura viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, además de que motivado una condena contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.