Acusan organizaciones civiles al Obispo de la Diócesis de Aguascalientes de estar detrás de las pretensiones para modificar los artículos 2º y 4º de la Constitución Local para la protección de la vida desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural. Al respecto, Marcela Martínez Roaro, integrante de CECADEC, acusó que con esta medida sólo buscan criminalizar a las mujeres que buscan efectuarse un aborto.
En conferencia de prensa, representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su oposición a esta iniciativa que pretenden impulsar en el Congreso del Estado, por lo que Marcela Martínez Roaro denunció que el Obispo permanentemente mete las manos en este tema y responsabilizó a altos funcionarios y a diputados locales por ser cómplices de esta medida.
Afirmó que esta modificación que pretenden aprobar los diputados viola los tratados internacionales que México ha suscrito, así como las leyes de la Constitución Federal, por lo que recurrirán a la controversia constitucional, a los amparos y a todos los instrumentos legales que sean necesarios para echar abajo esta pretensión. “Si tenemos que llevar el tema hasta la Corte Interamericana, lo haremos, sabemos el camino, hemos ganado y vamos a seguir ganando”.
Aclaró que las organizaciones de la sociedad civil no están a favor del aborto, sino de la penalización de esta medida y a que se meta a la cárcel a las mujeres que lo practiquen, recalcando que hay medidas más urgentes como la falta de recursos para los institutos de las mujeres, para el Centro de Justicia, y en la atención para problemas de adicciones en las mujeres. “Hay otros temas en los que deberían focalizarse y no andar con cosas que verdaderamente dan pena, porque dejan al estado en la prehistoria sin prepararse, sin informarse; queremos a diputadas que respondan por nuestras necesidades”.