Dulce Soto Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Las personas con discapacidad, sobre todo los sordos, ven vulnerado su derecho de acceso a la justicia cuando enfrentan un proceso jurídico porque el Sistema de Justicia Penal del país no cuenta con intérpretes de lenguaje de señas, planteó María del Carmen Carreón, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
«Con la reforma al Sistema Penal Acusatorio es gravísimo que no se conozca en dónde debe colocarse un intérprete de lengua de señas, no se encuentra contemplada la figura. Y (en cada juicio) se necesitan dos intérpretes: uno para el juzgador y otro para el ofendido o para la persona que está siendo sujeto a proceso», afirmó.
En entrevista, indicó que aunque debiera ser una obligación del Estado proporcionar intérpretes a los sordos que están en un juicio, al no asignarles uno, la mayoría contrata a cualquier persona que entienda el lenguaje de señas, aunque no sepa conceptos jurídicos.
«Está reconocido el perito en grafoscopia, criminalístico, en balística, pero en lengua de señas no. Y, entonces, ante esa necesidad, les cobran lo que se les pega su gana», sostuvo.
La magistrada organizó el primer taller de profesionalización de intérpretes de lengua de señas mexicana, donde capacitaron a quienes dominan ese lenguaje en términos jurídicos.
El curso fue impartido por un especialista en derecho y juicios penales y un intérprete de señas que sabe traducir términos jurídicos.
«Existe un protocolo de actuación para los casos en que se involucre una persona con discapacidad que fue emitido por la Suprema Corte de Justicia, pero la mayoría de los jueces no lo conocen porque es de orientación, no es obligatorio conocerlo ni llevarlo a cabo, lo cual es grave», describió.
En el País hay 45 intérpretes de señas certificados en procesos penales, cuando en el país hay alrededor de 700 mil personas con discapacidad auditiva y 64 mil sólo en la Ciudad de México, según datos del Inegi.
Además detalló, en el Tribunal Electoral trabajan en la creación de un manual básico de términos jurídicos traducidos a lenguaje de señas y en la edición de la Constitución en formatos accesibles para cualquier tipo de discapacidad.
«Hemos buscado generar impacto para que cambie esta inercia de exclusión, de vulneración de derechos, de hacerlos invisibles y de que nadie los tome en cuenta», señaló.
