El Senado de la República debe exhortar a la Junta de Gobierno del INEGI a ajustar las percepciones de quienes laboran en dicha institución, a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El legislador Ricardo Monreal Ávila, expuso que el pasado 17 de septiembre del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo de la junta de gobierno del INEGI, por el cual se modificó al alza, las percepciones de los servidores públicos de dicho órgano autónomo para el ejercicio fiscal de 2018.
El acuerdo incluyó percepciones brutas mensuales del personal de mando y enlace de carácter presupuestal permanente, así como de la ayuda de despensa para personal de mando y enlace, además de la prima por años efectivos de servicio prestado.
A partir de tales modificaciones, que entraron en vigor apenas en este mes de octubre, la percepción del presidente Julio Santaella será de 151 mil 82 pesos netos al mes, lo que representa un incremento de 6.5% en comparación con 2017 y superior a los 145 mil 298 pesos mensuales aprobados inicialmente para este año.
A dicho concepto se adicionan prestaciones en efectivo y en especie por un monto máximo de 47 mil 107 pesos, un aumento de 6.6% respecto a 2017. Ello representa una percepción total ordinaria para este funcionario de 198 mil 189 pesos al mes, superior a los 185 mil 897 pesos que percibió durante 2017 y al salario que percibirá el próximo presidente de México.
Lo mismo sucede con los vicepresidentes de la Junta de Gobierno del INEGI, quienes a partir de las modificaciones citadas tendrán una percepción de 144 mil 635 pesos, monto superior a los 139 mil 61 pesos aprobados para este año y a los 131 mil 959 pesos que percibieron en 2017. En el caso de las prestaciones en efectivo y en especie el monto pasó a 45 mil 45 pesos.
En el caso de directores generales el sueldo pasó de 152 mil 200 pesos a 168 mil 400 pesos mensuales. Por otra parte, la percepción de un director general adjunto pasó de 147 mil pesos a 157 mil 600 pesos.
Estos aumentos, autorizados por la Junta de Gobierno de dicho órgano autónomo, van en contra de las medidas de austeridad que resultan indispensables para establecer un gobierno verdaderamente democrático, eficaz, sobrio y cercano a las necesidades de la población.
Además, resultan incompatibles con la difícil situación económica y social que vive la mayoría de los habitantes de nuestro país.
La realidad es que nadie puede cerrar los ojos ante ello y menos aún quienes tenemos la alta responsabilidad de velar de forma honesta y cuidadosa por los intereses de México.
El senador Monreal expuso que la austeridad no puede tener criterios diferenciados entre poderes o entes públicos; “debemos reducir el costo del gobierno a la sociedad y eliminar condiciones de excepción que alejan al servicio público de sus propósitos y tareas fundamentales”.
Se pronunció por la eliminación de privilegios, excesos y gastos innecesarios en el ejercicio del servicio público y advirtió que se actuará en consecuencia, en caso de que se actúe fuera de la ley.