César Martínez 
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 1-Feb .- La organización Comunalidades Vida y Dignidad pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictar medidas cautelares para frenar el operativo “Mochila Segura” que se realiza en el País. El pasado 24 de enero esta agrupación presentó una queja en la Segunda Visitaduría General de la CNDH por presuntas violaciones a los derechos de los menores.
“Queremos que ya se nos dé un folio de expediente para que inicien las investigaciones de la CNDH y que se tomen las medidas cautelares pertinentes para que se pare de manera inmediata todo el Operativo Mochila Segura”, declaró Alan Jiménez, director de la organización, en conferencia de prensa.
La abogada Sayuri Herrera, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, explicó que revisar las pertenencias personales de los menores, como lo pidió la Secretaría de Educación Pública (SEP), transgrede diversos derechos.
“Intentan encontrar un fundamento legal en leyes secundarias, leyes administrativas, pero el texto Constitucional es muy claro: en el artículo cuarto se contiene lo que es el interés superior de la niñez”, argumentó.
“Además, en el artículo 16 constitucional está previsto que ninguna persona puede ser molestada en su privacidad, en sus bienes, en su domicilio, en sus posesiones, sino mediante orden judicial expresa”.
Herrera agregó que los operativos son discriminatorios, al estar dirigidos a la infancia, y transgreden el derecho a la intimidad y a la seguridad jurídica, lo cual no se justifica ni con la presencia de padres de familia, profesores o autoridades.
“No son ellos (los menores) a los que tenemos que perseguir, son ellos a los que tenemos que proteger, y debe de ser mediante una política pública que no sea esta”, demandó.
Para la doctora Corina García Piña, coordinadora de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría, la sobreexposición a la violencia ha impactado el desarrollo de los menores.
“Se ha traducido en estrategias cuyo resultado final suele ser la criminalización de la infancia, lo cual preocupa a nuestra clínica, ya que sin duda se requieren políticas estructurales que atiendan integralmente a la población”, expuso en un posicionamiento escrito.
Alan Jiménez recordó que los derechos humanos son irrenunciables, por lo que no importa que los papás estén de acuerdo en la revisión de las mochilas, aún así se están violando sus derechos.