Empresarios que integran la Línea Express solicitaron la intervención del presidente López Obrador ante lo que califican como un atropello a la legalidad y al Estado de Derecho de la que son objeto por parte del Gobierno del Estado.

Jaime Carranza Ochoa, presidente de Línea Express, argumentó en carta enviada al presidente de México que, sin el mínimo respeto a la ley y al Estado de Derecho, pretenden despojarlos del patrimonio que han construido a través de tres generaciones prestando el servicio público de transporte urbano en la ciudad de Aguascalientes y zona conurbada.

“Aguascalientes está en un proceso de modernización de la movilidad. La ley en la materia creada por el gobernador Martín Orozco Sandoval, con sus áreas de mejora, constituye el marco jurídico idóneo para este proceso modernizador, sólo que lamentablemente no se está cumpliendo porque tenemos plenamente documentado en un juicio de nulidad que interpusimos en tiempo y forma ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, así como en la Contraloría General del Estado, la serie de irregularidades en las que ha caído las autoridades a través de sus funcionarios y que lesionan nuestros intereses”, señala el documento.

Explica que es una estrategia bien orquestada entre el mandatario estatal, el coordinador general de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, y el director de Transporte, entre otros funcionarios, quienes en contubernio con quien se ha ostentado como el representante legal de la empresa Movility ADO, Juan Pablo Fernández Turueño Orozco, “buscan despojarnos de nuestra empresa mediante presiones usando su poder público como funcionarios y violando sistemáticamente la ley para beneficiar de forma indebida a la empresa ADO”.

Ante la situación que enfrenta la empresa, se solicita la intervención del presidente en escrito remitido al Palacio Nacional y del que turnaron copia al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que tengan conocimiento de lo que se hace en Aguascalientes y que atenta contra la legalidad, el Estado de Derecho y en contra del patrimonio de cientos de familias que están siendo afectadas con la conducción irregular de las autoridades locales.

“Nosotros no queremos ceder el lugar como se nos está obligando. Queremos contribuir al desarrollo de la ciudad y la zona conurbada, como lo hemos hecho en los últimos 70 años, desde que nuestros abuelos comenzaron este noble e importante negocio y que nuestros padres supieron fortalecerlo, pero que ahora lo vemos amenazado por intereses particulares entre funcionarios estatales y la mencionada empresa”, expresaron los empresarios quienes confían en que el Gobierno de la República tomará cartas en el asunto.

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