Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal declarar la extinción de dominio de la residencia en Lomas de Bezares propiedad de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, preso por cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
La extinción de dominio es un juicio civil que permite al gobierno quedarse con bienes relacionados con un delito sin tener que esperar al resultado de los procesos penales respectivos. La Suprema Corte de Justicia estableció en 2021 que solo procede respecto de bienes cuyo origen lícito no pueda acreditarse por los dueños.
La Corte también estableció que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 solo puede aplicar para hechos previos a esa fecha, cuando se trate de los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, robo de vehículos, delitos contra la salud y trata de personas, por lo que está por verse si la demanda de FGR tendrá éxito.
La demanda fue presentada desde el pasado 21 de octubre y fue admitida a trámite el 3 de noviembre por la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno, quien además decretó el aseguramiento precautorio de la casa.
El inmueble es el número 11 del conjunto Residencial la Retama, en la calle de Ladera 20, Lomas de Bezares, y fue comprado por Lozoya por 38 millones de pesos en 2012.
La demanda de extinción no era conocida públicamente porque el juzgado reservó todos los datos del demandado y la propiedad involucrada, pero la FGR tuvo que publicar un edicto el 21 de diciembre en su portal de internet.
Lozoya tendrá hasta el 21 de febrero para contestar la demanda. El proceso de extinción en todas sus instancias puede durar más de un año, y si el ex funcionario pierde la casa podrá ser vendida por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
El producto de esta venta, según la Ley de Extinción, es decidido discrecionalmente por el Gabinete Social de la Presidencia, que encabeza el Presidente de la República.
Esta ley permitía al Indep vender bienes incluso antes de que el Poder Judicial resolviera en definitiva sobre la extinción, lo que la Corte anuló el año pasado.
En junio de 2019, la FGR intentó quedarse con esta propiedad por medio de la figura del abandono, pero esa maniobra fracasó cuando Lozoya se enteró de que se había publicado un edicto para advertirle que tenía 90 días para reclamar la casa.
La FGR también intentó en 2019 quedarse por abandono con una casa del condominio Quinta Mar en Ixtapa, que la esposa de Lozoya, Marielle Eckes, compró por 1.9 millones de dólares en 2013.
En este caso, la FGR solicitó esta semana a un juez que la casa sea decomisada como pena por los delitos que se imputan a Lozoya por los supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, es decir, la suerte el inmueble dependerá del resultado del juicio penal.

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