Más de quinientos millones de pesos requiere el Poder Judicial del Estado para 2018, a fin de garantizar el cumplimiento cabal de nuevas obligaciones dictadas en leyes y que éstas no queden reducidas a “buenas intenciones”, advirtió el magistrado presidente, Juan Manuel Ponce Sánchez.

Explicó que se requieren por lo menos dos juzgados más, uno de lo familiar y otro de lo civil, para atender rezagos en esas materias, pero además, el despliegue de infraestructura y recursos humanos suficientes para la incorporación de la justicia laboral y del tema anticorrupción, que a partir del próximo año asumirá el PJE.

En entrevista, dejó en claro que adicionalmente se debe seguir atendiendo y fortaleciendo el tema de la justicia penal, cuyo sistema es ambicioso y requiere continuidad para su consolidación.

En ese sentido, recordó que si queremos seguridad jurídica en todas las áreas y combate efectivo a la corrupción en el ejercicio de la función pública, la promulgación de leyes no es el único paso a dar.

“Es la base sobre la que deben generarse las condiciones para que la administración de justicia haga su parte, pues de lo contrario vamos a quedar solamente con la buena intención plasmada en la norma”.

Ponce Sánchez demandó comprensión a los poderes Ejecutivo y Legislativo para el efecto de que, en esta época difícil, por lo menos apoyen al Judicial para que pueda sacar adelante los asuntos urgentes.

Puntualizó que, ante obligaciones inscritas en ley, el Poder Judicial está obligado a actuar y lo hace bajo las condiciones y circunstancias que tenga, de tal manera que si hay apoyo se hace bien.

De lo contrario, las cumplirá, pero simple y sencillamente no podrá garantizar que las leyes que ahora se han expedido sean funcionales y eficaces en los hechos y con los efectos benéficos que el legislador previó para la población.

Detalló que el año en curso el Poder Judicial ejerce un presupuesto de 383 millones de pesos, pero ante las nuevas obligaciones, sobre todo en materia de justica laboral y de anticorrupción, además del crecimiento propio de los servicios, deberá superar los 500 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.