La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que la figura de los esquemas reportables que se aplica este ejercicio 2021 ya no genera el miedo de sufrir una persecución fiscal hacia abogados, contadores y asesores que generan las estrategias de beneficios fiscales a las personas físicas o morales, informó la delegada Pamela Cueva Mendoza.

Hace dos semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación que los esquemas reportables serán aplicables solo para aquellos diseños de estrategia fiscal que se cuantifique en la cantidad superior a 100 millones de pesos, es decir no aplica para todos los diseños fiscales, estrategias o esquemas que hagan los profesionales, apuntó.

En entrevista, la delegada recalcó que hubo un tiempo de pánico sobre lo que iba a suceder en este tema, ya que los legisladores federales diseñaron esta figura para el ejercicio 2020 para aquellos que comercialicen, organicen, implementen o administren algún esquema, asesoría o estrategia fiscal que tenga el objetivo de generar un beneficio fiscal para el contribuyente.

Y cuando se hiciere esa estrategia fiscal era obligatorio reportar al fisco a quien diseñó ese esquema. Por ende había miedo de una persecución fiscal a los contribuyentes, y apenas este 2021 entró en vigor, aunque fue diseñado desde el año anterior.

Indicó que los esquemas reportables se integran para reducir la carga administrativa de los grandes contribuyentes y por ello sólo aquellos que obtienen montos superiores a 100 millones de pesos estarán obligados a revelarlo ante la autoridad, ya sea que lo haya aplicado el contribuyente y el asesor fiscal.

Pamela Cueva Mendoza informó que estas cantidades son realmente difíciles de cuantificar en el tema de los beneficios fiscales, pero los contribuyentes deberán estar atentos a la información y a las obligaciones, haciendo a un lado los temores y ajustarse al cumplimiento hacendario.

Indicó que el umbral de más de 100 millones de pesos permite que esta figura quede inactiva para la mayoría de los contribuyentes de Aguascalientes y del resto del país.

Aunque las multas para las personas obligadas van de los 50 mil a los 2 millones de pesos, de acuerdo a lo vigente en el Código Fiscal de la Federación.