El 14 de noviembre, de la semana pasada, el secretario general de la Sección I del SNTE, Ramón García Alvizo, declaró públicamente que recibiría a los maestros que pretendían entrevistarlo para entregarle un pliego petitorio acerca de mejoras salariales. Irónicamente, al día siguiente, el 15 de noviembre, cuando cerca de un millar de maestras y maestros se congregaron en las oficinas de la Sección I del SNTE para entregar el pliego de peticiones, García Alvizo no estaba en su oficina, ya que había ido a México, dejando a los docentes sin la oportunidad de dialogar. Inopinadamente, en la entrada de la Sección Sindical, donde estaba el grupo de maestros, aparecieron tres personas del Instituto de Educación con la intención de recibir el pliego petitorio y dialogar con los manifestantes; pero los docentes les dijeron que preferían hablar con la directora general del Instituto de Educación y se trasladaron a sus oficinas; pero, ¡oh, qué coincidencia!, tampoco estaba Lorena Martínez Rodríguez, también andaba en México. Ante este orden de cosas, los maestros se trasladaron al Palacio del Gobierno Estatal con la intención de hablar con la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel, quien con gran sensibilidad política los atendió y escuchó.

Una representación de los docentes expresó a la gobernadora que las maestras y maestros, allí presentes, a diario se preparaban con ahínco, como todos los demás, para atender a sus alumnos de manera responsable y eficaz; que eran maestras y maestros interesados en superarse profesionalmente con estudios de maestría y doctorado; docentes que servían con el mejor de sus desempeños educativos para formar ciudadanos responsables y que, incluso, frecuentemente aportaban recursos de sus bolsillos en la compra de materiales necesarios para los alumnos más necesitados; que laboraban en condiciones precarias en sus escuelas; y que, sin embargo, recibían salarios bajos y desiguales; por lo que pedían salarios dignos por su trabajo; reconocimiento a su labor docente; mantenimiento y mejoras de las escuelas; conectividad e internet, equipos tecnológicos y materiales educativos, para las escuelas de la entidad.

La gobernadora, María Teresa Jiménez Esquivel, al escuchar a los maestros y recibir su pliego petitorio, les expresó que los entendía y que estaba con ellos; que tenía particular simpatía con el magisterio de Aguascalientes; por lo tanto, que analizaría cuidadosamente su pliego de peticiones, y lo que fuera de competencia federal lo plantearía por escrito a la Secretaría de Educación Pública y lo que fuera de incumbencia estatal vería la posibilidad de resolverlo localmente; y que para ello instalaría mesas de trabajo para analizar las peticiones. Además, les garantizó que no se les descontarían de sus sueldos por los días de paro laboral. Los maestros aplaudieron efusivamente a la gobernadora por su buena disposición en atenderlos y escucharlos.

Pero el mismo día, 14 de noviembre, en que Ramón García Alvizo se comprometió a dialogar con el grupo de maestros para analizar su pliego petitorio, ese mismo día García Alvizo ordenó a todos los secretarios sindicales de las zonas y de las escuelas de todo el estado que no permitieran que ningún maestro hiciera paro laboral y que mucho menos permitieran la marcha hacia las oficinas de la Sección Sindical; de lo contrario, que cada quien se atuviera a las consecuencias. Evidentemente, al secretario general de la Sección I del SNTE, le molestó la movilización magisterial y por eso se hizo el perdido el 15 de noviembre. Por su parte, dicen los maestros, la directora de Educación Básica y el director jurídico del IEA, a partir del día 16 de noviembre “desataron una persecución y acoso laboral” en contra de las maestras y maestros que se movilizaron el 15 de noviembre. Ambas autoridades, por encima de lo expresado por la gobernadora, ordenaron a los titulares de las oficinas regionales de todo el estado, a supervisores y directores, que enviaran al Instituto los nombres de las maestras y maestros que se habían manifestado el 15 de noviembre; y en caso de que algunos de ellos se presentaran a laborar en las escuelas los días 16 y 17 de noviembre, que no los dejaran firmar de asistencia para poder levantarles actas administrativas con miras de sancionarlos, obstaculizar sus futuras gestiones y para posibles descuentos en sus salarios. Además, personal del Instituto de Educación se dio a la tarea de levantar actas administrativas en las escuelas; y algunos departamentos indicaron que, a partir del 21 de noviembre, cada maestra y maestro debería enviar a su director, éste al supervisor y éste al Instituto, una fotografía en WhatsApp para hacer constar que está laborando en la escuela.

¿Por qué esta “persecución y acoso laboral”? Cuando la Constitución, en su Artículo 6, establece que “La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa…”; Artículo 8, “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición…”; y el Artículo 9, “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; …”. ¿Entonces?