Érika Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Con una baja expectativa en la participación ciudadana, una pregunta ambigua, desinformación sobre lo que se votará y vacíos legales sobre qué sucederá si gana el Sí, hoy se realizará la primera consulta popular en México.
Se efectuará en medio de una tercera ola de contagios por Covid-19 y entre acusaciones de Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntamente boicotear y minimizar el ejercicio.
El sondeo se concretó después de una batalla política, administrativa y judicial de 10 meses.
En noviembre de 2018, como Presidente electo, López Obrador anunció que sometería varios temas a consulta, entre ellos llevar a juicio a los cinco últimos ex Presidentes de la República.
Pese a insistir en que él no participaría en el sondeo, en 2020 buscó que el ejercicio se realizara en la elección intermedia del 6 de junio, sin tener éxito.
Ante la duda de si los grupos de Morena alcanzarían a reunir un millón 800 firmas para garantizar la consulta, el Mandatario aprovechó su facultad legal y envió a la Corte su propuesta de pregunta.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, planteó.
Sin embargo, ante el argumento de que dicho cuestionamiento violaba derechos humamos, los magistrados reformularon la pregunta, la cual es calificada por todos los sectores como ambigua, sin sentido o susceptible de ser manipulada y malinterpretada.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que aparecerá en las boletas.
En agosto del año pasado, para organizar la consulta, el INE pidió a la Cámara de Diputados mil 500 millones de pesos, a fin de instalar 104 mil 667 casillas, pero se lo negaron.
En un intento por convencer a Hacienda de apoyar económicamente el proyecto, el órgano electoral replanteó el plan para gastar 890 millones de pesos con 91 mil mesas receptoras, pero la dependencia le respondió que no había dinero.
Tras 10 meses de negativas por parte del Gobierno y de generar ahorros internos, se acordó achicar el proyecto y gastar 522 millones de pesos e instalar solamente 57 mil 92 casillas.
En el último mes, la promoción de Morena y sus grupos, en actos públicos y redes sociales, está basada en que la consulta será para juzgar a los ex Presidentes.
Acusaron al INE de boicotear el ejercicio, al promoverlo en radio y televisión únicamente 17 días y propiciar la baja participación, pues habrá pocas casillas y en comunidades rurales quedarán a más de una hora de distancia.
Así que, desde ahora, ya responsabilizan al organismo si no alcanzan los 37 millones 411 mil 389 votos requeridos para que la consulta sea vinculatoria.
En respuesta, el INE se enfocó en aclarar que la pregunta no se refiere a los ex Mandatarios, y los consejeros han advertido que, si querían una organización similar a la elección del 6 de junio, se necesitaban mil 500 millones de pesos.
Mientras, actores políticos de oposición promovieron no acudir a las casillas, argumentando que la justicia no se somete a votación, y que la obligación del Gobierno y la Fiscalía General de la República es presentar denuncias e investigar para que el Poder Judicial actúe contra ex Mandatarios.
Al Congreso tampoco le importó elaborar una legislación secundaria para normar dicha consulta, por lo que existen vacíos sobre cómo ejecutar lo que mandaten los ciudadanos.
En las mesas de discusión organizadas por el INE, la coincidencia entre los expertos es que la pregunta no apunta hacia ningún lado, y se deja en manos del Poder Ejecutivo y Legislativo definir qué actos de corrupción del pasado y ex Mandatarios se van a denunciar, por lo que acusan uso político del sondeo.