Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al magistrado José Luis Vargas del delito de enriquecimiento ilícito por el que fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que fue responsable de la investigación contra el “magistrado billetes”, archivó la respectiva carpeta desde el pasado 15 de junio.
En su denuncia de febrero del año pasado, la UIF señaló un presunto enriquecimiento ilícito de Vargas por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.
Conforme la denuncia, en ese periodo Vargas tuvo gastos comprobables por ese monto en tres conceptos: pagos con una tarjeta de crédito, pago de colegiaturas y compra de bienes inmuebles.
Sin embargo, la Fiscalía estimó, a 16 meses de iniciada la indagatoria, que no había evidencias de delito.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la indagatoria, la Fiscalía dio por acreditada la licitud de los bienes y operaciones investigadas.
Vargas alegó ante las autoridades ministeriales que bienes denunciados como suyos en realidad son de su esposa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de PepsicCo.
Sin embargo, el grueso del monto corresponde a los pagos con una tarjeta American Express a su nombre por 29.7 millones de pesos, mientras que sólo declaró ingresos al Servicio de Administración Tributaria por 16.7 millones de pesos en el mismo periodo.
Desde noviembre de 2020, la titular de la Fiscalía Anticorrupción dio indicios de la decisión que finalmente tomó.
La fiscal indicó en ese entonces que la UIF no había presentado pruebas para sustentar la acusación y que había girado apercibimientos a distintas dependencias de gobierno que por la contingencia sanitaria no habían respondido a sus requerimientos de información.
Vargas, en tanto, señaló que las imputaciones confundían su evolución patrimonial de 2012 a 2016, cuando no desempeñó un cargo público, con sus ingresos desde noviembre de 2016, en que ocupa el cargo de magistrado del Tribunal Electoral.
Si bien la UIF podría impugnar la resolución ministerial, hasta el momento no se tiene noticia de que lo haya hecho. Al menos públicamente no se conocen casos donde la unidad hacendaria consiguiera en calidad de víctima u ofendida revocar el archivo de una investigación relevante.