Saúl Alejandro Flores

Amables lectores la semana anterior, me llamaron la atención dos notas publicadas y reproducidas en el espacio de Facebook de ANEAS (Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, respecto a dos proyectos de ley que son interesantes, el primero respecto a una ley de agua subterránea y otro que se propone en la Ciudad de México, a la que llaman Ley de Sustentabilidad Hídrica, ambos proyectos suenan y son interesantes, aunque considero desde un muy personal punto de vista, que merecen una profunda reflexión, no me refiero a descalificar, sino a integrar por las razones que expondré, sin embargo, los argumentos que exponen son por demás interesantes y válidos.
Como antecedente se argumenta que en el año de 2015 el ejecutivo federal emitió un decreto que manifiesta que en el país hay 653 acuíferos. Pero de éstos, 126 están sobrexplotados, cifra que se disparó en cuatro décadas, pues en los años 70 el número era apenas de 35. Además manifiestan que esto exhibe el fracaso de la gestión, cierto es una muestra que los acuíferos son mal administrados, en otras palabras toda el agua en México ha sido mal administrada en las últimas décadas o siglo, esto implica por supuesto a los cuerpos de agua superficial, véase el estado deplorable de lagos y ríos, como Chapala y ríos como el Lerma o el Santiago por decir algunos casos y en lo local al río San Pedro.
De manera acertada los académicos manifiestan la necesidad de crear lineamientos para controlar la extracción, incluyendo parámetros de calidad, “instaurar un servicio hidrogeológico nacional, fijar un principio precautorio para revisar si el concesionario o asignatario extrae irracionalmente el agua subterránea, que sean los pueblos indígenas los que tengan prioridad para su aprovechamiento, después los usos domésticos, público urbano, agrícola, acuacultura y al final el turismo y al recreación y que haya reglas para los acuíferos trasfronterizos”.
Definitivamente es un proyecto ambicioso y necesario, pero como lo advertí desde mi punto de vista requiere otra focalización, es importante aprender de las diversas experiencias que se han tenido a lo largo de los años en México, desde los inicios en la época virreinal que partía de las “Ordenanzas de descubrimiento, población y pacificación de indios”, que independientemente de lo que pueda decirse, se establecían reglas para urbanizar y por lo tanto la crianza de ganado y uso de agua, las reglas eran claras y si alguna región no era propicia para la producción de cereales, pues simplemente no se hacía, se priorizaban las huertas, y basta no sólo con mirar las ordenanzas, sino en los litigios de la época y sus correspondientes resoluciones.
Podríamos pasar por el siglo XIX, y la visión que comenzaba, luego con la privatización en algunos aspectos en la época del porfiriato, luego tenemos a la Constitución de 1917 y su artículo 27 que planteaba otras realidades, la Comisión de irrigación en tiempo de Cárdenas con la visión de la época, para luego llegar a las famosas secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Asentamientos humanos y Obras Públicas en la década de los setenta y parte de los ochenta, aquí se vive un ejemplo que ha impactado en la actualidad que fue el separar el agua en el uso agrícola y el público urbano por otro lado, hasta la fecha esto ha complicado la gestión del recurso, al faltar una autoridad única en la administración del agua, hay una fragmentación que ha complicado y que incluso a nivel estatal se repite.
Debo advertir que mi intención no es ir contra la producción agrícola, la economía es importante y la actividad del campo lo es de una manera a veces que no percibimos su gran dimensión e importancia y por eso seguimos fracasando por no entenderla, ni conocer su importancia, vicios y prejuicios, malas prácticas como suele decirse, ni las tareas de quienes tienen la responsabilidad pública en la administración del agua en el uso agrícola, como los productores y su simulación, aunado al tráfico de derechos, el panorama es en verdad colosalmente decepcionante.
Por otro lado, como lo señalé, el agua superficial no deja de ser importante y el fracaso ha sido considerable, el manejo del agua gris no se diga, y a eso le sumamos el agua procedente de lluvia, si contáramos con una evaluación del aprovechamiento estaríamos desde una visión escolar, reprobados.
Los elementos que el sector académico externan no deben tirarse a la basura deben potenciarse y buscar una vertebración en una legislación de nueva visión, por eso me refiero a la otra nota que menciona respecto a la iniciativa en la Ciudad de México de la Ley de Sustentabilidad Hídrica, no porque el nombre suene bonito o se escuche “muy padre” o sea moda, la verdad esta denominación ya marca en sí misma una visión a la que se debe de atender, el agua y su administración no pueden dividirse, debe sectorizarse para su ejercicio por reglas que corresponden a cada sector, pero integradas bajo los mismos principios y estos deben partir del principio de la sustentabilidad, porque si ese criterio impera los acuíferos y el uso agrícola presentarían grandes avances, y nos dejaríamos de la simulación que ha imperado tal como se da con las aproximaciones de los decretos que nos dicen cuánto se extrae y cuánto se recarga, como en el caso del Valle de Aguascalientes, cifras de los 5 millones de metros cúbicos de extracción y de recarga de 3 millones que ya no son confiables, la tecnología nos podría mostrar un escenario distinto, aunque no halagador.
La próxima semana continuaré con este tema, manifestando lo que puede vertebrar e integrar una legislación acorde a la problemática actual, pero más allá a algo que debe ir más allá que la ley, y es tener la claridad de lo que debe ser el espíritu de la ley, aspecto que vendría a darnos un nuevo esquema de gestión y administración que sería idóneo para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.
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