Ricardo Vargas

Este jueves se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial en cual se anunciaban medidas para enfrentar las crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos a consecuencia de la epidemia del virus COVID-19 en nuestro país. Un documento que, de acuerdo con la opinión pública, carece de toda validez legal se destacó por el anuncio de un recorte importante a los sueldos de funcionarios públicos del Gobierno Federal y así como la eliminación de sus aguinaldos desde los niveles de Subdirectos y superiores. Se anunció también el otorgamiento de ahora tres millones de crédito a la palabra para PyMes con un monto de hasta 25 mil pesos, que incorporarán una tasa de interés anual cercana al 6.0% y a los que podrán acceder únicamente aquellas empresas que no hayan reducido sueldos ni despedido empleados durante los últimos tres meses. Este es el apoyo económico para enfrentar lo que será la peor crisis económica en la historia reciente de nuestro país.

Más allá de la inconstitucionalidad del decreto mismo, pues el presidente no puede modificar el gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (donde ya se incluyeron los salarios de funcionarios públcos), pareciera que nuestor gobierno ve suficiente otorgar 3 millones de créditos que equivalen a menos de 7 salarios mínimos en sólo un mes y a la adopción de una aparente austeridad que se enfoca en recortar la remuneración de empleados del sector público federal. El problema no es el decreto en sí (ignorando por un momento la ilegalidad de quitar aguinaldos), sino que el problema está en creer genuinamente que una crisis económica así de grave se puede resolver con estas medidas. A estos créditos podrán acceder únicamente las empresas que fueron registradas en el “Censo del Bienestar”, algo que no tiene sentido hacer teniendo a una institución tan fuerte y mundialmente aplaudida como el INEGI, y que únicamente crea una vía más para el despilfarro de recursos públicos. Y sin embargo el problema no es solamente ese, pues más allá de que las empresas deban estar registradas en este censo sin metodología conocida, deberán comprobar que a partir del mes de febrero no han despedido a nadie ni recortado ningún sueldo.

Es decir, desde un mes antes de que nos enfrentáramos a lo que el Gobierno Federal bautizó como “Emergencia Sanitaria” las empresas no podían despedir gente ni reducir sueldos. No importa el motivo ni la razón de fondo. Si despediste a alguien, eres no apto a recibir el único apoyo (hasta hoy) del Gobierno hacia las PyMes. Pero otra vez, el problema podría no ser realmente esto.

Se presume en el mismo decreto, como se ha dicho durante los últimos meses, que el precio de los energéticos no aumentará pues se busca apoyar la economía familiar. Una mentira total pues el precio internacional del petróleo vivió esta semana su peor momento en la historia, al cerrar con precios negativos. Es decir, dada la poca demanda de petróleo a nivel globla y los altos costos de detener la producción del mismo, los contratos ya celebrados para el mes de abril llegaron a cerrar con precio negativo. Los dueños de barriles de petróleo en abril tenían que pagar para cancelar contratos. Básicamente la gente pagaba por deshacerse del petróleo; mucho producto y poco inventario en dónde almacenarlo. Pero el problema tampoco es realmente este.

El verdadero problema de fondo es creer que la austeridad es la vía para enfrentar una crisis económica que está siendo causada no por razones internas, sino por cuestiones ajenas a la economía misma y que ha causado un efecto depresivo tanto en la oferta agregada (cierre obligatorio de empresas) como en la demanda agregada (restricciones en actividades de consumo y baja en ingresos). Es decir, frente a una crisis en donde la gente no puede salir a trabajar y en donde la producción apunta a mantener una tendencia fuertemente negativa, se necesitan apoyos gubernamentales que mantengan vivas a las empresas en una épcoca en donde no pueden percibir ingresos, y se necesitan apoyos gubernamentales que apoyen las finanzas familiares de aquellos que tienen una menor capacidad de ahorro. Y estos apoyos no salen de recortarle el aguinaldo a los directivos del gobierno federal. Es un error seguir satanizando la deuda, pues ésta puede ser tan buena y productiva como se desee. Por el contrario, una austeridad apunta a perpetuar una falta de confianza en consumidores, y a disminuir la velocidad en la que circula el dinero dentro de la economía. No solamente no saldremos pronto de la crisis, sino que permaneceremos más tiempo dentro de ella.

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Soy economista del Tec de Monterrey, Campus Monterrey.Tengo un par de años escribiendo artículos de opinión. Escríbeme.
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