Martha Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Especialistas advirtieron que el acuerdo que permite declarar de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del Gobierno federal es un retroceso en materia de rendición de cuentas, ya que éstos podrán iniciar sin dar cumplimiento al marco normativo en materia de obra pública y de transparencia.
Ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece que las obras y proyectos del Ejecutivo federal podrán ser consideradas de seguridad nacional, e instruye a las dependencias y entidades públicas a otorgar de manera provisional las autorizaciones que les sean requeridas en un plazo máximo de cinco días hábiles, porque de lo contrario se considerará como una afirmativa ficta. Dichas autorizaciones tendrán una vigencia de un año.
Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), señaló que, según el acuerdo, el Gobierno federal podrá iniciar proyectos sin cumplir con los requisitos que establece la ley para ello, como la presentación de manifestaciones de impacto social, económico y ambiental e incluso las consultas a las comunidades afectadas.
«Se están dando cuenta, como deberían de haberse dado cuenta antes, que para hacer obra pública uno necesita requisitos y cumplir con la ley y tener dictámenes de impacto ambiental, dictámenes de impacto social, o sea, necesitan un sustento técnico y un sustento que va en muchos sentidos, no es sólo un sustento financiero y económico, es un sustento legal de que no afectas a las comunidades», explicó.
Moy dijo que lo que el acuerdo parece buscar es que las obras del Gobierno federal no tengan cuestionamientos de ninguna índole y lamentó que los requisitos establecidos por la ley sean vistos como un obstáculo y no como candados que pretender cuidar aspectos como el medio ambiente.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, indicó que aunque el INAI ha mostrado que un tema de seguridad nacional no adquiere en automático la clasificación de «información reservada», el documento sí dificulta y encarece el acceso a la información pública.
«Serán necesarios recurso de revisión ante el INAI y hasta amparos para poder acceder a información que hasta el día de hoy se clasificaba como pública», señaló.
Advirtió que el acuerdo extiende a otras dependencias y entidades gubernamentales como Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) y Fonatur lo que hasta ahora se reservaba sólo a las Fuerzas Armadas.
«Lo inquietante es que justo donde se podía mostrar el compromiso de esta Administración con la transparencia y la apertura, en los proyectos estratégicos del Estado, la decisión haya sido la de dificultar la transparencia y el acceso a la información gubernamental», expresó.
Para la ex presidenta del INAI, Jacqueline Peschard, el acuerdo pasa por encima de la transparencia.
«Pasa por encima de la transparencia de acuerdo con la propia Constitución, con el Artículo 6 de la Constitución todas las obras públicas, todo lo que tiene que ver con recursos públicos deber de ser público, entonces no puede simplemente ser algo que se decide arbitrariamente», indicó.
Peschard dijo que esta medida es un retroceso que se suma al ataque de este Gobierno en contra de organismos autónomos como el INAI.
«Esperemos que no pase de un acuerdo que pueda impugnarse rápidamente, porque no es una medida, no es un decreto, pero son prácticas que a este Gobierno le gusta mucho hacer: acuerdos para obligar a sus funcionarios que directamente dependen de él», sostuvo.

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