La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas, conocido como PTU o simplemente “reparto de utilidades”, es un derecho obrero y una obligación patronal, previstos en el Artículo 123 Constitucional, apartado A) fracción IX y en los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, que reciben los empleados cada año con fecha límite al 30 de mayo.

Hasta ahí los aspectos legales fundamentales, que al ser una costumbre ya arraigada podría decirse que su cumplimiento es de simple trámite, sin embargo hay voces empresariales que periódicamente piden que se cancele o sea menos del 10% previsto, aduciendo que es gravoso para la economía de los negocios.

El pasado 8 de noviembre se dio a conocer que el sector patronal promueve una propuesta para reducir de 10 a 3% las utilidades, e incluso eliminar esta prestación. Lo planteó el presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorenzo Roel, pretextando que la posibilidad de eliminar el reparto de utilidades funcionaría como una medida que recompensaría el efecto que pudiera tener la regulación del outsourcing legal, que propuso el senador Napoleón Gómez, en donde casi todos los esquemas de outsourcing podrían ser declarados ilegales y bajo algunas condiciones el uso de esta práctica se podría equiparar con delincuencia organizada.

“Primero tenemos que ver si camina la iniciativa de subcontratación, porque el problema es que inhibe actividades prioritarias en las empresas, ahí se tendría que bajar hasta eliminarse las utilidades. “Si quieren eliminar el outsourcing o la subcontratación habría que eliminar ese concepto”, sostuvo Roel.

Al día siguiente, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, desautorizó lo planteado por Lorenzo Roel en un acto que tuvo lugar en Monterrey, al asegurar que no se promueve una reducción en el reparto de utilidades, en cualquier caso, apuntó, la decisión al respecto tendría que ser tomada en una comisión tripartida que se crearía para evaluar la medida. Sostuvo que el PTU “es un derecho vigente, la Coparmex no impulsa ninguna iniciativa tendiente a la reducción o eliminación de esta prestación”.

El tema está en que lo dicho por Roel y negado por De Hoyos pueda ser un “torito” para tantear la reacción de los agrupaciones sindicales obreras, que hasta el momento no se han pronunciado pero que deberían estar alertas, ya que no es la primera vez que se propone acabar con el PTU, lo que de lograrse sería contraproducente ya que afectaría incluso a las empresas y al comercio en general, que es a donde va a dar ese dinero que reciben los trabajadores, ya sea en la compra de artículos para el hogar, ropa, calzado, reparación del automóvil o pago de deudas. Aunque de momento parece afectar a los patrones, al final de cuentas es un recurso que regresa a ellos por diferentes vías, porque los obreros no lo van a ahorrar o tenerlo guardado bajo el colchón, sino que lo utilizan para saldar sus compromisos.

A través del tiempo se ha demostrado que es benéfico para todos, ya que la entrega se hace entre los meses de abril y mayo, lo que reactiva la economía en general, que es lo que debe considerarse y no sólo velar por el propio beneficio, o proponer que a cambio de perder un provecho -en el que nada tiene que ver el trabajador-,  se pretenda arrebatarle esa merced.

En forma breve se debe tener presente los pasos que se dieron para llegar al actual PTU. La Constitución de 1917 estipuló este derecho de los trabajadores pero que no se cumplió, por lo que el 31 de diciembre de 1962 el presidente Adolfo López Mateos ordenó que se publicaran las adiciones a la Ley Federal Trabajo estableciendo el reparto de utilidades como obligatorio, sin embargo antes, en 1856, el legislador liberal Ignacio Ramírez fijó la norma que más tarde sería ley: “Así es que, el grande, el verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los capitalistas; la resolución es muy sencilla, y se reduce a convertir en capital el trabajo. Esta operación, exigida imperiosamente por la justicia, aseguraría al jornalero no solamente el salario que conviene a su subsistencia, sino un derecho a dividir proporcionalmente las ganancias de todo empresario”.

¿ATORAR EDUCACIÓN EN LÍNEA?

Parece un cuento kafkiano que en el paquete económico federal de 2020 se eliminen los recursos para el funcionamiento de la Prepa en Línea, que ha beneficiado a miles de personas para concluir este ciclo escolar sin necesidad de estar en las aulas.

La voz de alerta la hizo la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y diversos grupos de estudiantes que en las redes iniciaron una campaña para que el Congreso de la Unión corrija ese dislate, que se hace en aras de ahorrar recursos como si la educación fuera un producto cualquiera.

Aunque no se tiene un dato concreto del número de personas que en Aguascalientes estudian la preparatoria por este medio, quienes se han acogido a dicho sistema necesitan que se mantenga como una posibilidad de seguir adelante en su interés de ampliar sus conocimientos y poder acceder a una licenciatura.

La UNPF solicitó al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, que avale el apoyo correspondiente para la continuación de este programa, al que recurren en su mayoría trabajadores y amas de casa, que entre paréntesis son a los que más dice el presidente de la República respaldar, por lo que se requiere que los hechos sean los que hablen.

Para darle mayor sustento a sus demandas, el presidente de la UNPF, Leonardo García Camarena, señaló que las propias estadísticas de la SEP demuestran que Prepa en Línea ha impactado positivamente a millares de municipios con rezago social y sostuvo que México tiene graves problemas en educación, lo cual debe obligar a fortalecer programas que disminuyan estas dificultades, sobre todo si han demostrado resultados efectivos.

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Hogares 2016, 34.4% de las personas de 15 años y más del país se encuentran en situación de rezago educativo y el hoy extinguido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer que en 2017 por cada año 1.2 millones de niños y jóvenes abandonan la educación obligatoria en México, esto es 6 mil al día, y de ese total 700 mil dejan la educación media superior, a razón de 3 mil 500 cada día del calendario escolar.

Con estos datos está claro que eliminar el programa Prepa en Línea atenta contra la mejoría de miles de ciudadanos y cierra la oportunidad a los jóvenes que por diversas causas abandonaron los estudios y buscaban una opción de reanudarlos sin que sea de manera presencial.

Para darle mayor soporte a lo descrito, hay que recordar que hace unos años una ex directora del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), estaba satisfecha por el resultado que había en los estudios profesionales en línea que puso en marcha, ya que por ejemplo varias señoras del municipio de El Llano, quienes al haberse casado truncaron su preparación, con esta oportunidades que se abrió pudieron reanudarlos desde su hogar o en una aula que facilitó el Ayuntamiento. Ahí está la razón central del porqué es tan importante este sistema que hoy defiende la Unión Nacional de Padres de Familia.

HOMBRE ENÉRGICO

Así, sin tanto circunloquio, puede definirse a don Felipe Reynoso Jiménez, que a lo largo de su vida se guió por ser una persona de resultados, mismos que esperaba de quienes lo rodeaban. Una anécdota deja constancia de esa forma de actuar que lo caracterizó: En una ocasión, como alcalde de Aguascalientes, visitó a temprana hora las obras que se llevaban a cabo en la entonces delegación municipal de San Francisco de los Romo. Aunque era abogado, también conocía el ramo de la construcción, por lo que al llegar a su oficina mandó llamar al director de Obras Públicas, preguntándole cuál era el avance de esos trabajos y la respuesta fue que del 75%, lo que de inmediato le refutó ya que apenas llegaba al 30%, por lo que ahí mismo le pidió su renuncia. Eso marcó su administración, porque ninguno de los funcionarios sabía cuándo y qué horas estaría en alguna dependencia. Fue un gobierno eficiente, que dejó huella entre los ciudadanos y que hoy se rememora con su desaparición física a la edad de 100 años. Su mayor ilusión se frustró, que fue haber sido gobernador, pese a tener todos los entorchados, ya que al ser jalisciense la Constitución local sólo permitía para ese cargo a los nacidos en esta entidad, pero no por ello dejó de seguir adelante en sus proyectos personales, políticos y profesionales. Ciertamente, un hombre intenso.

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