Jorge Cano
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La disminución en las transferencias federales a los estados recrudecerá la inversión en obra pública y afectará principalmente a las entidades menos desarrolladas, coincidieron especialistas.

En 2018, diez entidades registraron una inversión en obra pública menor a 2 por ciento de sus ingresos disponibles, según Aregional con datos de las cuentas públicas.

Entre éstas se encuentran Chiapas, Guerrero y Tabasco, que ostentan los menores desempeños económicos.

En contraste, las entidades que más invirtieron en obra pública -Estado de México, Sinaloa, Ciudad de México y Baja California Sur- lo hicieron con más de 10 por ciento de sus ingresos disponibles.

Al cierre de mayo pasado, el gasto federalizado que se pagó a las entidades federativas reportó una caída real de 3.8 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Con la disminución del gasto federalizado, la inversión productiva se mantendrá rezagada en el País, aseguró Daniela Brandazza, directora del área de Calificaciones de Estados y Municipios de S&P.

Esto significa que mermarán obras de infraestructura necesarias para el crecimiento económico como carreteras, rellenos sanitarios, escuelas, hospitales, puertos, construcciones para abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, seguridad, transporte, telecomunicaciones, entre otras.

Menores trasferencias a los estados y la baja inversión física complican lograr un crecimiento superior a 4 por ciento prometido por la Administración. Esta situación es peor para en los estados menos desarrollados del País, afirmó.

“Con la inversión que está en los presupuestos públicos y estatales es muy difícil prever que la inversión planeada pueda explicar un crecimiento alto. La inversión se mantendría rezagada con lo cual podría aportar poco a llegar a niveles tan altos (de crecimiento)”, confirmó.

En 2017, la inversión pública de las 32 entidades representó el 5.8 por ciento de sus ingresos, mientras que en 2018 cayó a 5.3 por ciento, según datos de Aregional

Sin embargo, la especialista de S&P señaló que para 2019 se estima que la inversión pública no supere 5 por ciento del presupuesto estatal y se mantenga baja durante este y el siguiente año.

“Ante la disminución presupuestal los estados estarán más centrados en equilibrar y controlar los gastos operativos que en impulsar gasto de inversión”, afirmó Brandazza.

Las entidades de menor inversión física, como Chiapas y Guerrero, evidencian un bajo uso de recursos propios para atender gastos de capital y dependen en gran medida de los recursos etiquetados provenientes de la Federación, así como de financiamiento adicional, mencionó Aregional.

Según el análisis, aquellas entidades que realizan un mayor número de proyectos de inversión en general tienen una alta capacidad de generación de ingresos propios y de ahorro interno, así como una importante base económica, centrada en la manufactura y los servicios.

Las excepciones son Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Baja California y Coahuila, que a pesar de tener un buen desempeño económico, su elevado nivel de endeudamiento y alto costo por su servicio de deuda las ha llevado a limitar su inversión productiva.