Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Si es de sabios cambiar de opinión, ni duda cabe que en México habemos muchos, desde el primerísimo primer mandatario hasta el último de sus mandantes, que a lo mejor ni idea tiene de que lo es y de tenerla seguramente le tendría sin cuidado. En unas cuantas semanas, lo que va de la toma de posesión al día que vivimos, se han tomado decisiones que han contrariado las propuestas de campaña, las han matizado, y en muchos casos las han hecho a un lado. Es cierto que en su mayoría los cambios de decisiones han estado soportadas en formas que les dan legalidad, en eso estamos de acuerdo, y en eso se asemejan a los gobiernos anteriores, bicolores o tricolores, que en su mayoría cuidaron las formas. De eso dan cuenta las más de novecientas reformas a la Constitución para “legitimar” medidas que los siguientes gobiernos tirarían o tirarán por la borda. El ex presidente (afortunadamente) Enrique Peña Nieto ha sido el que más decretos de reformas constitucionales ha sancionado y el presidente (¿afortunadamente?) Andrés Manuel López Obrador será el que mas reformas eche pa’trás.

Por supuesto, la cuestión no es de números, aunque son un indicativo. Nuestra Constitución tiene 136 artículos y cien años y pico de promulgada, lo que quiere decir que en promedio cada artículo ha sido reformado casi siete veces y cada año se ha reformado al menos nueve veces la Carta Magna. Conclusión: hemos sido víctimas del más vil engaño cuando, año tras año, sexenio tras sexenio, se nos ha dicho que la nuestra era una de las mejores del mundo. El resultado -no podría ser de otra manera- es un mamotreto, profuso, farragoso, falto de unidad y desde luego ayuno de técnica jurídica, y sin embargo es uno de los sagrados fetiches de nuestro país. No sería malo que dentro de la cuarta mentada, se plantease una especie de Pacto de la Moncloa para replantear una constitución que actualice lo que somos, lo que quisiéramos ser y los medios para conseguirlo.

¡No!, no hay que rasgarse las vestiduras, nada más hay que rasgar el mamotreto, dejando a salvo los que, supongo, son intocables: las decisiones políticas fundamentales, según las llamaba Carl Schmitt. Ser una república, democrática, representativa y federal son aspiraciones que no hemos conseguido, pero son guías de lo que quisiéramos como pueblo. Sería bueno que fuéramos una única nación, pero hay que reconocer que no lo somos. La convivencia sería más sencilla si fuéramos un país unicultural, no lo somos. Los Derechos Fundamentales son irrenunciables habría que promoverlos, tutelarlos, protegerlos, aplicarlos y reivindicarlos. Esto hubiera sido parte de mi cartita al Niño Dios, pero se me fue el santo al cielo. Lo dejaré para el año próximo.

Entretanto, el Congreso de la Unión se ha dado vuelo aprobando decretos de reformas reglamentarias, legales y constitucionales. Especialmente preocupan las que tienen que ver con Derechos Humanos y de éstas, la aprobación para la creación de la Guardia Nacional y las reformas al artículo 19 constitucional en materia de delitos graves.

Es cierto que desde el texto original de la constitución del 17 se preveía por allí, medio escondida, la figura de la Guardia Nacional como un órgano garante de la seguridad interior, diferente del Ejército (se entiende comprendidas la Marina Armada y la Fuerza Aérea) que tiene a su cargo la seguridad nacional. Es cierto también que su sola mención resultaba insuficiente para normarla y echarla andar. Durante muchos años se consideró no solamente innecesaria su creación sino hasta un dislate. En estas mismas páginas -cuando la desafortunada “declaración de guerra” del presidente Calderón-, señalé que una opción especializada para el combate de la delincuencia organizada sería la creación de la Guardia Nacional, como la que existe en otros países: un cuerpo especializado para el combate a la delincuencia, independiente del ejército. Esto último es fundamental: la finalidad, el entrenamiento, la mentalidad, la actuación del militar es muy diferente de la del policía. Básicamente el militar se enfrenta al enemigo, la policía combate a un ciudadano que desvía su conducta y al que hay que sancionar para reinsertar a la sociedad.

Unánimemente los organismos defensores de Derechos Humanos, desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hasta la más humilde organización de la sociedad civil para su promoción y defensa, pasando por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la Federación Mexicana de Organismos Defensores de Derechos Humanos, externaron su desacuerdo con la creación de la Guardia Nacional como un organismo de carácter militarizado y con un mando militar. Aunque fueron escuchados, la decisión ya estaba tomada. Antes de la votación del Congreso el presidente López Obrador, en un funesto desplante de burla a su soberanía y a la dignidad de los organismos invitados a ser oídos en consulta, convocó a integrar la Guardia Nacional, presentándose incluso el que será su uniforme y empezándose a contratar personal. Se aprobó el proyecto con modificaciones que no gustaron al presidente, pero tampoco a los defensores de DH. Ahora tiene la palabra el Senado, ojalá sea sensato y se ciña a los derechos fundamentales.

También los órganos defensores de DH habían externado su preocupación por la iniciativa de agregar nuevos tipos delictivos como delitos graves, lo que permite la prisión oficiosa en el proceso. La tendencia pro-persona del (nuevo) sistema de justicia penal y las reformas constitucionales que le dieron marco, son hechas a un lado, con la argumentación falaz de que de otra manera no se puede combatir al crimen. La prisión oficiosa quebranta, de entrada, el principio de presunción de inocencia.

La lucha por los Derechos Humanos ha sido larga, esforzada, desgastante y no pocas veces desilusionante. Su defensor se enfrenta no sólo a los intereses creados, a las prácticas corruptas de los cuerpos policíacos preventivos y ministeriales, sino a la incomprensión de importantes sectores de la sociedad, que creen real el falso dilema que la autoridad suele esgrimir como justificante. “Los derechos humanos son para los humanos derechos”, suelen decir estúpidamente. ¡No!, ¡los derechos humanos son para los humanos!, punto. Afortunadamente, la justicia federal y los órganos internacionales tendrán competencia para la revisión de estas reformas.

Hay que confiar en la justicia.

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