De siempre se ha dicho que los gobiernos locales – tanto estatal como municipal – son los que están mejor enterados de lo que necesitan y esperan los habitantes, por lo que sus titulares son los que deben adoptar las medidas que correspondan a cada escenario y no aguardar a que de las oficinas centrales les digan lo que deben hacer.

También se ha mencionado que meter a todos los estados en una misma realidad es un error, porque cada lugar tiene sus propias condiciones de vida, por consiguiente se les tiene que dar una atención particular y sólo manejando cuestiones generales.

Por lo anterior no extraña la decisión del gobernador Martín Orozco Sandoval, de que la entidad tenga su propio semáforo para definir en qué momento se debe pasar a otra fase en la reactivación de la economía, que debe ir de acuerdo a las condiciones que registre la pandemia en la entidad.

A partir de que la Secretaría de Salud federal dio a conocer el semáforo que regiría a nivel nacional surgieron demasiadas interrogantes en los estados, ya que estarían sujetos a que desde el centro definieran cuándo y cómo tenían que actuar, por lo que al no fiarse de la información que sobre el particular maneja el gobierno de la República, se optó por tener su propia guía.

La diferenciación de los números que maneja el sector salud local y los que más tarde presenta la autoridad federal por medio del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, fue lo que motivó a dar ese paso, porque “la verdad es que nada más son datos. Además, al ubicar a Aguascalientes en semáforo amarillo por presentar casos positivos del Covid-19, no se toma en cuenta que ha habido un mayor control de la pandemia ya que son más los recuperados y menos decesos.

Orozco Sandoval cuestionó la forma federal de aplicar los colores del semáforo, porque “si yo quiero pasar al verde, tengo que tener menos positivos, entonces ¿hago menos pruebas?, esa es una irresponsabilidad”.

El mandatario explicó que se dio este cambio porque no confía en los datos de la Ssa y por el trato que ha recibido la entidad, al ubicar a Aguascalientes en color amarillo, lo que determinaba que sólo unos pocos negocios podrían abrir sus puertas, pese a que en números globales hay un control en materia sanitaria y se ha cumplido con todos los protocolos que ha planteado.

Recalcó que la reapertura de las actividades económicas, principalmente del sector industrial y de otros giros, como el comercial y gastronómico, obliga a cumplir con las formalidades sanitarias que evitar contagios, por lo que el compromiso que asumen propietarios o encargados de cada lugar es acatar de manera estricta lo acuerdos que hacen.

Al recomenzar actividades en un 20% de la industria local y en los próximos días otro 40%, seguirá gradual hasta que todas estén en plena labor, por lo que si bien la movilidad será notoria se pide a los aguascalentenses que no relajen la disciplina personal y sigan utilizado el cubrebocas, eviten provocar aglomeraciones, usen el gel antibacterial y el constante lavado de manos, como medidas necesarias que eviten tener que suspender todo y volver al aislamiento.

Entonces de cada uno depende dejar atrás esta etapa y que pronto vuelva la normalidad en la vida diaria, que el esfuerzo que hoy hace el gobierno del estado al dar un paso adelante sea correspondido con pleno respeto a las normas.

PARAN ENORME INVERSIÓN

De manera incomprensible el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frenó totalmente la puesta en marcha de 44 proyectos de energía solar y energía eólica, entre ellos cuatro de Aguascalientes que representan una inversión cercana a los 700 millones de dólares.

La política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que recién emitió la Secretaría de Energía (Sener), tendrá un impacto en los segmentos industrial, comercial y residencial, así como en las finanzas públicas, afirmaron expertos, pero ataca directamente a las entidades en que se ubican parte de los proyectos, como Sonora, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí en energía solar y Sonora, Jalisco, Tamaulipas y Aguascalientes en energía eólica, además de otros estados, por lo que se generará pérdidas cercanas a los  30 mil millones de dólares.

Además de lo que significa para las empresas nacionales y extranjeras que han aplicado su capital en este programa, perjudica la generación de empleos ya que gran número de trabajadores, técnicos y profesionistas estaban listos para iniciar labores y de pronto llegó la orden de suspender todo.

Es una medida retrógrada que pone en riesgo a por lo menos 40% de la generación eléctrica privada y a los grandes consumidores se les prohíbe mejores opciones de suministro de energía más barata, además pone límites a la inversión privada, incumple compromisos de cambio climático y perjudicará los precios de la energía que se trasladará a los usuarios, apuntan analistas.

El asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera dijo que con esta medida del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dejó en el aire diversos proyectos, que estaban encaminados a la generación de energías limpias en el país y a producir electricidad con capitales privados.

Subrayó que había grandes expectativas con estas acciones, toda vez que México estaba destinado a ser una potencia en energía solar por las horas sol que tiene durante todo el año en función de su posición geográfica, lo que permitiría tener el máximo aprovechamiento. Mientras tanto, varios países utilizan de manera normal energías limpias como Portugal con un 77%, Alemania un 60%, India 10% y México estaba en un 7%, pero con una capacidad enorme para ser una de las principales capacidades a nivel mundial.

Sánchez Herrera mencionó que el impacto es directo a los municipios de El Llano y Cosío. En el Llano la empresa Power China instaló un millón de paneles solares sobre un terreno de 800 hectáreas, lo que comenzó en 2019 y este año se pondría en marcha. En Cosío una empresa italiana tenía previsto invertir sobre un terreno árido, pero todo quedó en suspenso.

Se desconoce si México abandonará el Tratado de París sobre la generación de energías limpias, tanto solar como con el viento, o si ya lo hizo, porque con su actitud empuja al rechazo de los citados postulados.

PASO DE COSTADO

Finalmente será una sola autoridad la que determine el reinicio de las actividades comerciales, industriales y del entretenimiento, con lo cual los empresarios podrán seguir un solo orden en la atención y manejo  de los negocios.

El Ayuntamiento de Aguascalientes, al hacerse a un lado, permite que el Instituto de Salud del Estado sea el único que autorice la reapertura y vigile el respeto a los acuerdos, con lo que termina la dualidad que se había alentado en los acuerdo iniciales y que ponía en un aprieto a los propietarios de industrias, comercios y los demás negocios que estaban listos para volver al trabajo.

Según el director de gobierno de la ciudad, Gerardo Beltrán, se determinó “levantar las medidas de suspensión de actividades y servicios de los establecimientos mercantiles y en adelante será el ISSEA, a través de la Dirección de Regulación Sanitaria, el que decida a partir de cuándo y qué giros irán abriendo paulatinamente”.

Agrega que a partir del viernes 22 de mayo “todos los establecimientos mercantiles y lugares de cualquier giro, cuyas actividades incluyan vender, consumir o expender bebidas alcohólicas, que se encuentren en el municipio de Aguascalientes, sólo podrán ofrecer sus servicios en los horarios y siguiendo las medidas higiénico-sanitarias que se señalan en los protocolos sanitarios y conforme a cada giro en lo particular”.

Ahora falta que hagan lo mismo los demás municipios y se termine el desbarajuste que hay, en que unos aplicaron ley seca, otros permitieron venta de bebidas espiritosas en horario restringido o prohibieron a los abarroteros que expendieran cerveza, que en muchos negocios es uno de los ingresos más importantes que tienen, además que con su actitud provocaron que los ciudadanos adquieran las bebidas en otro lugar.

BABEL ENERGÉTICO

La nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) en materia energética renovable, la cual limita de manera permanente la operación de proyectos particulares, abrió la caja de Pandora, con litigios nacionales y que pueden ampliarse a nivel internacional, debido a que gran parte de las inversiones están listas para entrar en operación.

Lejos de atemperar los ánimos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no busca estatizar la industria eléctrica, “sino poner orden. Ahora hay una polémica lo mismo de las farmacéuticas sucedía en la industria petrolera, en la industria eléctrica, ahora hay protestas porque estaban haciendo jugosos negocios con la Comisión Federal de Electricidad, no sólo a costillas del erario, sino afectando al pueblo”. Dijo que está preparado para ir a tribunales “a defender nuestra decisión, de que no haya privilegios para las empresas, no es posible que estamos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara, la corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora ”

El sector industrial manifestó su rechazo a la decisión del gobierno federal de emitir el ordenamiento que impedirá, en la práctica, la inversión nacional y extranjera en proyectos de energías renovables: “(Es) una decisión que a todas luces solamente responde a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la CFE”, señaló Francisco Cervantes, presidente de la Concamín.

Frente a esta actitud, el sector privado recurrirá a todos los recursos jurídicos posibles para salvaguardar el Estado de Derecho y defenderá al sector energético mexicano y sus inversiones. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) precisó que en conjunto con generadores, comercializadores y consumidores de energías renovables, usarán los recursos que ofrece el orden constitucional mexicano y los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales vigentes.

“Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, con graves consecuencias como la pérdida de empleos, de la confianza de los inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República”, los cuales representan cuantiosas inversiones en dólares, manifestó el CCE en un comunicado conjunto con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y la Cámara Americana de Comercio (AmCham).

La iniciativa privada europea, con más de 160 mil millones de dólares invertidos en México, se mostró en alerta en materia de inversiones. En una carta dirigida a la Secretaría de Economía, expresa su preocupación por las modificaciones a las reglas de energías renovables: “Cambiar las reglas del sector energético sin seguir el canal institucional marcado por la ley causa un grave daño a la confianza de los inversionistas, no sólo en el sector de las energías renovables, sino de forma transversal en los demás sectores”.

Como parte de este diferendo, el pasado 18 de mayo un juez federal especializado en temas de competencia económica frenó el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por considerar que es un retroceso en la transmisión energética del país. El juzgador asegura que el Acuerdo difundido el pasado 29 de abril, que bloqueen la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables, puede violar derechos de libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano.

El juez Rodrigo de la Peza concedió dos suspensiones provisionales contra el acuerdo de la Cenace y que podría llegar hasta 25 suspensiones. El trámite fue solicitado previamente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las nuevas reglas emitidas por la Secretaría de Energía y la que se limita la participación de particulares en la generación de energía.

El acuerdo de la Cenace que frenó las pruebas preoperativa a partir del 5 de mayo, afecta a 26 plantas solares y 18 parques eólicos, que representan inversiones por 6 mil 426 millones de dólares.

En defensa de su decisión, la Cenace alegó que las plantas eólicas y solares son intermitentes y provocan fallas en el sistema de transmisión y ante la emergencia del Covid, se necesita garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por lo que se va a privilegiar la entrada en operación de otras centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre las cuales algunas utilizan combustibles y son altamente contaminantes.

No obstante, el juez replicó que las fallas en el SEN se han presentado desde 2019, no parecen tener relación con la pandemia y son parte rutinaria del proceso de entrada en operación de este tipo de plantas: “El acuerdo reclamado podría significar un retroceso en el avance del Estado Mexicano que debe perseguir en materia de transición hacia la energía renovable, ya que su objeto parece ser incongruente con las finalidades de ese proceso”, ordenado por la Ley de Transición Energética, sostuvo el juzgador.

Al día siguiente, el martes 19, las pruebas preoperativas de 17 centrales de energía renovable fueron suspendidas por el Cenace, con base en el acuerdo publicado el 29 de abril que garantiza la confiabilidad del sistema eléctrico.

El director de Operación y Planeación del Cenace, Gustavo Villa, argumentó que estas centrales suman una capacidad instalada de 2 mil 326 megawatts y “a raíz de la emergencia sanitaria y para minimizar riesgos de falla e interrupciones del suministro eléctrico, el Cenace, por disposición de la Secretaría de Energía  (Sener), adoptó acciones para fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Dadas las características de intermitencia, que no tiene inercia y hay indisponibilidad de centrales eléctricas fotovoltaicas y eólica, y dado que están en pruebas y riesgo de perturbaciones al Sistema (…) se suspendió temporalmente las pruebas preoperativas de las 17 centrales”.

De estos parques, 9 se derivan de las subastas eléctricas realizadas por el Cenace que tenían como objetivo vender energía a la CFE y 9 son contratos entre particulares, que presentarán incumplimiento en las fechas de entrada en operación.

Cada quien en su posición, los particulares en defensa de sus derechos y de la inversión que han hecho y el gobierno dispuesto a no dar su brazo a torcer, aún a costa que se deteriore la imagen de México allende las fronteras como país-destino de inversiones extranjeras.

BUSCAPIÉ

Lo que diga, haga o formule el gobierno en turno y el partido en el poder tiene trascendencia, sea para bien o para mal, por lo que la propuesta del líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de que el Inegi sea dotado de facultades para medir la concentración de la riqueza encontró el rechazo casi unánime, inclusive de legisladores de su propio partido.

En el nivel en que está el diputado federal con licencia no se hacen ni se plantean las cosas por ocurrencias sino con un fin calculado, por lo que antes de que apuntaran hacia Palacio Nacional el presidente López Obrador se deslindó de esa iniciativa, incluso la rechazó al afirmar que sólo los servidores públicos tienen la obligación de informar sobre sus bienes. Dijo que no es la manera de conocer la desigualdad en el país, “no veo que sea correcto. Se tiene que mantener en privado. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios”, por lo tanto, “no considero conveniente esta propuesta”.

No obstante, en un ensayo que escribió en fecha reciente asevera que su gobierno no está en contra de los empresarios, sino “en contra de la riqueza mal habida y de la corrupción, no hay piso parejo cuando por influyentismo grandes empresas no pagan impuestos y otras sí”.

El planteamiento de Ramírez Cuéllar es dotar de facultades constitucionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que mida la concentración de la riqueza. La iniciativa forma parte de la propuesta llamada Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional y se funda en que “tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza  notablemente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas”. Dijo que es “un gran avance” medir la pobreza en México “pero ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”.

En estas condiciones, sostuvo el dirigente de Morena, el Inegi debe entrar, sin impedimento legal, “a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, para ello cada dos años deberá dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano, además debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”.

Legisladores de Morena, como Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier y Porfirio Muñoz Ledo reprobaron que el Inegi indague la riqueza. En una acción inmediata la bancada morenista en el Senado se desmarcó de la propuesta del dirigente de su partido. Monreal llamó al diálogo en este tema y si se habla del bienestar y uso final del recurso público, que son fundamentales, “no se deben dar más facultades al Inegi y menos si se violenta el uso de datos personales y se atenta contra las libertades al acceder sin restricción a cuentas y otros”.

Muñoz Ledo advirtió que el gobierno no puede convertirse en cazador de ricos, “difiero ligeramente con Alfonso, no tenemos porque dar la impresión de cazadores de ricos, como si los estuviéramos cazando en la esquina ni menos de tener un sentido confiscatorio. Los ricos los tiene detectados el SAT, no vamos a caerles en su casa para abriles las cajas fuertes para ver cuánto dinero tienen, hay métodos, la Bolsa Mexicana (de Valores), el SAT, hay instrumentos que nos permiten saber con cierta exactitud la concentración de riqueza”.

En tanto la diputada Tatiana Clouthier dijo que “no se deben dar facultades al Inegi” para que indague las posesiones de los mexicanos porque eso violentaría el uso de datos personales y se atenta contra las libertades “al acceder sin restricción a cuentas y otros”.

En un posicionamiento, el PRI manifestó que “es inadmisible que el gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionales reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso del poder”.

Independientemente de lo que afirmen unos y otros, la semilla está sembrada y sólo es cuestión de tiempo para saber si germinó, en tanto Ramírez Cuéllar reitera que seguirá insistiendo en que se haga como lo propone, porque el cargo que ocupa en Morena “no es de florero ni de barandal en los pleitos internos”.

GUANTAZO A FGR

Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) daba por hecho que tenía la razón, un juez negó ordenar la aprehensión de Rafael y Teófilo Zaga Tawil por defraudación fiscal, porque la dependencia no acreditó que los imputados trataran de evadir su comparecencia de la justicia.

Ambos hermanos son acusados por las FGR de un fraude al fisco por mil 82 millones de pesos, tras recibir, presuntamente, una fraudulenta indemnización del Infonavit, por medio de su empresa Telra.

Este asunto se remonta al mes de agosto de 2017 cuando el Infonavit pagó 5 mil 88 millones de pesos para cancelar un contrato de “Movilidad Hipotecaria”. La indemnización se realizó en tiempos de Alejandro Murat, sin embargo el hoy gobernador de Oaxaca aseguró que todo lo orquestó su sucesor David Perezchica.

El juez de control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, consideró que instruir las capturas de los Zaga sería desproporcionado, en virtud que el delito que les imputan tampoco contempla prisión preventiva oficiosa. “Al no demostrarse la necesidad de la cautela deviene improcedente el libramiento de la orden de aprehensión”, apuntó.

Por su parte la FGR pidió la aprehensión de los Zaga porque el 11 y 12 de mayo no asistieron a sus audiencias y que al tener diversos domicilios fue imposible localizarlos y se corría el peligro que abandonaran el país, pese a ello el juez precisó que los empresarios solicitaron su aplazamiento hasta la reanudación de las actividades judiciales, petición que calificó de procedente.

Previamente, los Zaga acusaron al Fiscal Alejandro Gertz Manero de acosarlos para regresar la indemnización que ellos aseguran fue legal, incluso acusaron que sus socios de la familia El-Mann, fueron presionados por Gertz para regresar 2 mil millones de pesos.

Mientras el juicio continúe todo puede suceder, pero este round fue ganado por los Zaga, que reiteran que si por decir la verdad irán a la cárcel están dispuestos a que así sea, por lo tanto es necesaria una  investigación sobre la acusación que hicieron contra el fiscal Alejandro Gertz ya que es mucho lo que está en juego.

¡Participa con tu opinión!