Jesús Guerrero
Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.-Desde 2013, un año antes de los hechos de Iguala, los lugareños de Mezcala han vivido en situación de inseguridad.
De acuerdo con testimonios, desde esa fecha grupos de la delincuencia comenzaron a realizar en la zona secuestros, extorsiones y hasta asesinatos.
El grupo delictivo que opera actualmente en el sitio, aseguran, también controla las empresas mineras asentadas aquí desde hace más de dos décadas.
«Antes de que llegaran estos delincuentes, nuestros negocios estaban abiertos toda la noche para que a la gente que transitara por aquí se les brindara atención, pero ahora cerramos a las nueve de la noche», contó un comerciante.
En este tramo carretero, donde está el entronque hacia Mezcala y la comunidad de Valerio Trujano, se han registrado enfrentamientos a balazos, levantones, además de que la zona ha servido como tiradero de cadáveres.
En mayo del 2013, en las inmediaciones de la comunidad de Valerio Trujano, fueron hallados los cadáveres de los activistas de la organización Unión Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona (líder), Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Balderas.
Tres días antes, los hombres fueron levantados por un comando armado, presuntamente del grupo «Guerreros Unidos», junto con otros cuatro miembros de la agrupación que lograron escapar.
De estos hechos, existe una averiguación previa en contra del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su probable responsabilidad en los asesinatos.
Versiones de la gente de Carrizalillo señalan que cuando la PGR y la Procuraduría General del Estado ya tenían evidencias de que los integrantes de «Guerreros Unidos» habían perpetrado la agresión contra los normalistas, durante varios días hubo operativos en la zona.
Incluso, cuando el ex Alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se fugaron, los operativos policiacos y del Ejército se intensificaron, no sólo para detener a los dos indiciados, sino para localizar a los 43 normalistas desaparecidos.
El 21 de octubre, tres días antes de que el Gobernador perredista, Ángel Aguirre, solicitara licencia para separarse del cargo, varios helicópteros de La Marina, Policías Federales, Gendarmería y del Ejército, arribaron a Carrizalillo.
Les había llegado el informe de que el ex Edil y su esposa estaban refugiados en una casa de uno de los integrantes de «Guerreros Unidos».
En ese operativo policiaco y militar, sólo fueron detenidos varios integrantes de este grupo delictivo.