Por Jesús Alejandro Aizpuru Zacarias.

La participación tiene un valor instrumental pero también intrínseco en términos de internalizar una actitud en favor del bien público por encima del privado o individual.

Una prioridad importante para todos los gobiernos, es la relación entre ciudadanos e instituciones públicas. A pesar de que en la actualidad los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil buscan incidir cada vez más en la toma de decisiones; la relación se encuentra muy deteriorada y existe cada vez menos participación en los procesos democráticos formales <tal es el caso de la tasa de participación en los comicios electorales>.

Al hablar de participación ciudadana, lo primero que se viene a la mente son palabras como: elecciones y voto, es decir, representación política; si bien es cierto la participación ciudadana es el método que le da vida a la democracia, y es, a través de ella que se forman los órganos de gobierno, por otro lado, también constituye un mecanismo de control y de influencia en la toma de decisiones de dichos órganos. Este último aspecto es el que pocos gobiernos se han preocupado por fortalecer, y el cual, es fundamental en todo ejercicio democrático.

La democracia representativa implica una constante interacción entre ciudadanos e instituciones públicas, la cuestión es la siguiente: ¿cómo fortalecer esta relación?

Un primer punto es la Información, es decir, los entes de la administración pública deben difundir información sobre la elaboración de las políticas y el estado que guardan las mismas, o bien el ciudadano obtener datos e información a partir de su solicitud <relación unidireccional>, tal es el caso de los sitios web de transparencia y acceso a la información.

Un segundo punto es la Consulta, a través de la cual, las instituciones públicas demandan una opinión sobre algún o algunos puntos específicos y reciben respuestas de igual forma, de interlocutores específicos <relación bidireccional limitada>.

Como tercer punto tenemos a la Participación Activa, esta consiste en que los ciudadanos interpreten un papel en la elaboración de las políticas públicas, a través de la coparticipación <instituciones públicas – ciudadanía> creando una relación bidireccional, ya sea mediante grupos de trabajo abiertos, paneles, foros, procesos de diálogo, entre otros.

Cada vez es más compleja la problemática de las sociedades, por lo cual resulta fundamental el fortalecimiento de la relación entre instituciones públicas y ciudadanía. Al fortalecer esta interacción, la ciudadanía contribuye de manera directa en la generación de una mejor base para la elaboración de políticas públicas, a su vez, al estar los ciudadanos más familiarizados con dichas políticas públicas <ya que participaron en su elaboración> resultan más receptivos a las mismas, y por ende, su implementación resulta más eficaz, este involucramiento resulta fundamental para las democracias, puesto que sin la participación de la ciudadanía resulta sumamente difícil lograr un alto grado de aceptación de las políticas públicas.

Por otro lado, una vez que la ciudadanía se involucra dando a conocer su opinión y contribuyendo en la toma de decisiones, se familiarizan con la administración pública y sus políticas, lo cual genera confianza en las instituciones públicas, esta confianza incrementa la legitimidad de todo gobierno, es por ello que resulta importantísimo la apertura y el acercamiento con la sociedad.

Un gobierno cercano genera información, busca la consulta y fomenta la participación activa de la ciudadanía, incrementando así la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Estas acciones fortalecen las relaciones entre sociedad y gobierno. A su vez, comprometen a la ciudadanía con el quehacer público, lo cual se refleja en un mejor actuar gubernamental que responde a la expectativa ciudadana, incitando a que la sociedad participe de manera activa, escuchando su voz y considerando sus puntos de vista fortaleciendo a la democracia.

Por todo lo anterior, es necesario que los gobiernos se acerquen a los ciudadanos y generen las condiciones necesarias para ampliar el círculo de participantes en la elaboración de políticas públicas, y que estos, a su vez, se involucren en todos los aspectos de la toma de decisiones, desde la planeación de las políticas hasta su implementación y evaluación. De esta forma se fortalecen las bases de una ciudadanía activa, lo cual resulta redituable tanto para gobernados como gobernantes.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y los espero una vez más, la próxima semana.

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