Cuanta verdad encierra aquello que el poder se ejerce, no se comparte, consecuentemente quien tiene el poder es responsable de todo lo que le rodea, cuestión que en los últimos años se ha relegado para dar paso a la “ciudadanización” de los cargos públicos, lo que ha llevado a que el gobernante se vea atrapado por una exigencia de ciertos grupos para que designe a personas ajenas a su proyecto.

De los cambios que tuvieron lugar el viernes pasado, con cinco nombramientos en igual número de dependencia del gobierno del estado, el de la Secretaría de Fiscalización y de Rendición de Cuentas (Sefirecu) levantó polvareda, al grado que se lanzaron advertencias de que habrá marcaje para determinar el desempeño que tenga de la nueva titular Martha Cecilia Márquez Alvarado.

Hasta la víspera secretaria de Bienestar y Desarrollo Social (Sebideso), Márquez Alvarado relevó a Miguel Ángel Martínez Berumen, que fue una propuesta de la “sociedad civil” a la hora de las nominaciones que el año pasado llevó a cabo el gobernador Martín Orozco Sandoval.

En cuanto se hizo oficial los substituciones, el presidente del comité ciudadano anticorrupción, Juan Carlos Soledad, anunció que este organismo “tendrá bajo la lupa” a la funcionaria “para que trabaje con visión orientada a resultados y cumplimiento de metas”.

Por su parte, el dirigente de la agrupación patronal capítulo Aguascalientes, Francisco Ruiz, imitó el estribillo de hace unas semanas de los partidos PRD y PAN: “Los ciudadanos no queremos fiscales ni secretarios de fiscalización carnales, ni carnalas”, por lo que “habrá vigilancia y exigencia de resultados”. Aceptó que “hay consternación y reflexión entre los representantes sociales por el nombramiento (…), ya que se trata de una persona que tiene enorme conflicto de interés por ser juez y parte del partido en el gobierno”.

Aún cuando Francisco Ruiz sostiene que “la sociedad es quien manda”, por lo que debe haber “los mejores perfiles que ocupen los mejores puestos”, olvida que Orozco Sandoval fue electo por mayoría y es a todo el pueblo al que debe responder de sus actos.

A partir que los aguascalentenses delegaron en él los destinos de la entidad tiene facultades constitucionales para nombrar o remover a sus colaboradores, sin necesidad de consultar o pedir permiso, por lo mismo debe estar consciente que el éxito o el fracaso de sus adjuntos será de su total incumbencia.

Aquellos que suponen estar por encima de los funcionarios tienen la gran oportunidad de postularse como candidatos a un cargo de elección popular, sea por un partido o como independientes, para que puedan llevar a la práctica sus teorías. Es sumamente fácil estar al otro lado del mostrador y señalar errores y exigir frutos, por lo que bien harían de probarlo en los hechos. Consejeros hay de sobra, basta ir a cualquier café o restaurante para escuchar las críticas y recomendaciones que hay sobre el quehacer gubernamental, lo difícil está en materializar las ideas.

Al ser los primeros relevos que tienen lugar en el primer nivel despertaron la atención de quienes se mueven en el mundillo de la administración estatal y la política. Además de Martha Cecilia Márquez, Julio César Medina quedó al frente de la Sebideso; quien a su vez deja la Secretaría del Medio Ambiente en manos de Alfredo Alonso Ruiz Esparza, que por el momento llega como “encargado del despacho” en tanto entran en vigor las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Lourdes Elizabeth Murguía Ferreira es la nueva directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, tras la renuncia de Ruth Pérez Cedillo hace unas semanas, y Manuel Appendini Carrera se hizo cargo de la Coordinación de Comunicación Social, por Adriana Jurado Valadez.

CRUCE DE CAMINOS

Sólo ella sabe si la nueva encomienda es un reconocimiento a la labor que desempeñó al frente de la Sebideso, o bien queda fuera de la competencia por la senaduría o una diputación federal, pero el asunto gravita en que Martha Cecilia Márquez llega a una dependencia que tiene demasiadas aristas.

En la ceremonia de presentación estuvo por el titular del Poder Ejecutivo el secretario general de gobierno, Javier Luévano, cuyo nombre se escucha con insistencia en palacio para ser candidato al Senado, lo que despierta más las presunciones.

El mismo viernes se comentó que Márquez Alvarado irá por una diputación federal y sólo falta decidir por cual distrito, lo que despejaría el camino para Silvia Violeta Garfias, que es una  propuesta del coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Senadores, Fernando Herrera Ávila, lo mismo que de la alcaldesa Teresa Jiménez, vinculada con el equipo del jefe nacional Ricardo Anaya.

De concretarse el regreso de Martha Cecilia a la arena política no se entendería la razón de moverla de la Sebideso, porque así esté semanas o meses en la Secretaría de Fiscalización tendrá detractores y opositores que se encargarán de agrandar cualquier detalle.

Lo que sí es un hecho es que por ley, de las dos candidaturas de mayoría al Senado, una fórmula tiene que ser femenina, y de las tres por las diputaciones al menos también una será integrada por mujeres, de manera que hay opciones para que participen; únicamente habría que esperar quienes son las que finalmente se hacen de los máximos honores.

FIEREZA POLÍTICA

Ha llegado la temporada del canibalismo político, del ajuste de cuentas o de sacar del camino al que estorba, por lo que cualquier dato que se encuentre en las cuentas públicas será inflado hasta hacerlo reventar en la cara del aludido

Fiel a su costumbre, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Jaime González de León, reveló que 293 millones de pesos están en vías de ser exigidos a funcionarios del sexenio anterior, aún cuando apenas se está en la etapa de análisis, de lo que se desprenderá cuáles partidas registran inconsistencias y una vez solventadas se elimina el expediente, o dónde sí hubo uso indebido de recursos.

De cualquier manera la cifra es lo bastante respetable como para soliviantar el ánimo popular, que da por hecho que hubo corrupción en el gobierno pasado y que debe regresar no sólo esa cantidad sino que los responsables sean aprehendidos.

Según Jaime González, son sujetos a indagaciones el Instituto de Educación por 97 millones de pesos; el Fondo Progreso por 45 millones; la Oficialía Mayor por 77 millones y el Instituto del Agua por 33 millones. De igual manera la Secretaría de Desarrollo Económico por 16 millones, Secretaría de Finanzas 7 millones y la Dirección del Cecytea 5 millones.

Aunque se tiene previsto que hasta mañana la Comisión de Vigilancia inicie los trabajos de análisis a detalle de cada una de las dependencias de gobierno del estado y de los once municipios, González de León da por hecho que hay un faltante, por lo que adelantó vísperas al declarar que “no habrá negociaciones de ningún tipo, ni con la administración de Carlos Lozano de la Torre, ni con la de Toño Martín del Campo, pues a final de cuentas debe respetarse el trabajo profesional del Órgano Superior de Fiscalización”.

En la misma sintonía se pronunció Paulo López, presidente del comité estatal del PAN, al exigir que el Congreso “llegue hasta las últimas consecuencias  en la revisión de las cuentas públicas de la administración estatal y de los gobiernos priístas en los ayuntamientos”, lo que denota una actitud enfermiza y una política de odio a sus adversarios, ya que también hubo tres ayuntamientos panistas que no pueden quedar fuera de la investigación.

El diputado Sergio Javier Reynoso Talamantes – quien fungió como secretario general de gobierno en la pasada administración durante cuatro años y renunció el 4 de marzo de 2016 para poder participar como candidato -, señaló que las observaciones que hay sobre las cuentas públicas no significa “ninguna situación de destino ilegal o sustracción de recursos”, por lo que pidió que se actúe con prudencia, debido a que son cuestiones “que no han sido solventadas”.

Consideró que las filtraciones y declaraciones que tienen lugar sobre ese particular “corresponden a un momento político que obviamente se está tratando de aprovechar”, por lo que en lugar de airear nombres de dependencias y cifras se debe permitir que se hagan las aclaraciones que correspondan.

Es incuestionable que comienza la temporada de caza.

RECIPROCIDAD

En una sola palabra, reciprocidad, resume el empeño que ha puesto el gobierno de México para contrarrestar la política prejuiciosa de la administración Trump, al buscar y alentar la cooperación entre países que asegure el incremento en materia económica, cultural y educativa y de intercambio comercial.

El presidente Enrique Peña Nieto participó en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en donde analizó con líderes mundiales la importancia de avanzar la colaboración bilateral y el intercambio comercial e inversión.

Sostuvo una reunión de trabajo con los Líderes del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) que examina la consolidación de este mecanismo de integración tras la salida de Estados Unidos.

Peña Nieto llevó a cabo reuniones bilaterales con los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau; de Japón, Shinzo Abe; y de Singapur, Lee Hsien Loong  y mantuvo pláticas con el presidente de China, Xi Jinping y con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. También dialogó con los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Corea del Sur, Moon Jae-in y de Perú, Pedro Kuczynski.

En el diálogo de Líderes de APEC, con miembros del Consejo Asesor de Negocios (ABAC), el mandatario mexicano participó en la importancia de seguir adelante en las iniciativas que hay en materia de integración económica regional, libre comercio, conectividad y emprendimiento, “economía circular” o sostenible y finanzas.

El titular del Poder Ejecutivo llevó a cabo una reunión de trabajo con el presidente y director general ejecutivo de FedEx-Express, David Cunningham, con quien comentó sobre el potencial que tiene el comercio electrónico en México y Estados Unidos.

Durante la reunión de Líderes de APEC y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), el presidente Enrique Peña subrayó la importancia que tiene este bloque en la Alianza del Pacífico en materia de cooperación económica, educación, innovación, ciencia y tecnología, y desarrollo sustentable.

Antes de partir a la región asiática, el gobernante encabezó en Alvarado, Ver., la ceremonia de hundimiento del buque ARM comodoro Manuel Azueta, con el que se protegerán los arrecifes naturales de Veracruz. En la ceremonia hizo un llamado a continuar trabajando para preservar “nuestra increíble biodiversidad” e impulsar la economía de las familias del país.

Desde el busque ARM Libertador, EPN destacó: “El buque Manuel Azueta quedará para la posteridad y continuará con su labor de proteger las costas veracruzanas, y nos recordará la importancia de cuidar el medio ambiente para el desarrollo de nuestra nación”.

Resaltó que en reconocimiento al comodoro Manuel Azueta durante la defensa del Puerto de Veracruz en 1914, un buque de la Armada de México fue bautizado con su nombre y que éste dio servicio al país durante 40 años como escuela o como patrulla, y fue testigo de la transformación de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que “no hay mejor lugar para que este buque continúe sirviendo a la Patria que las costas veracruzanas, donde permanecerá para siempre como un imponente vigía. Ahora, su misión será proteger la riqueza natural de nuestros mares y ejemplo para todos los mexicanos de los más altos valores que guían a nuestros marinos”.

Hizo un reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, que sin importar lo difícil que sea el desafío que enfrente el país, los marinos, soldados y pilotos de México siempre han demostrado su compromiso con la nación y con el bienestar de las familias, como quedó demostrado recientemente con el paso de los huracanes y los sismos del 7 y 19 de septiembre.

TITULAR DE LA FEPADE

Entre el 10 y 15 de diciembre la Cámara de Senadores elegirá al sustituto de Santiago Nieto, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de al República (PGR), lo que cerrará un capítulo engorroso por todo lo que rodeó la destitución del funcionario y la confrontación entre las bancadas, que puso en peligro la aprobación del paquete económico 2018.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado definió la hoja de ruta para llevar a cabo la nominación, luego de una reunión a puerta cerrada que duró cerca de tres horas. La presidenta de la Jucopo, Ana Lilia Herrera (PRI), dio a conocer que por mayoría y con el rechazo del PT, se aprobó la convocatoria y que será un proceso abierto y transparente.

Como fue del conocimiento público, el pasado 20 de octubre la PGR destituyó a Santiago Nieto al acusarlo de haber “transgredido el Código de Conducta de la PGR”, lo que más tarde hizo del conocimiento del Senado reiterando que fue por violar el Código Nacional de Procedimientos Penales al supuestamente revelar información de una investigación.

El enfrentamiento entre los grupos parlamentarios evitó que el Senado llegara a un acuerdo para objetar la expulsión y restituir en su cargo a Nieto, por lo que se le dio “carpetazo” al asunto y con mayor razón cuando el propio ex servidor público hizo del conocimiento de la Cámara Alta el rechazo de regresar a su puesto.

La Jucopo será la encargada de recibir las propuestas para ser titular de la FEPADE, del 13 al 17 de noviembre y luego que se verifique la información, la Junta enviará los expedientes a la Comisión de Justicia, lo que será ratificado por el pleno el 23 de noviembre.

La Comisión de Justicia determinará el formato y la metodología para evaluar a los aspirantes bajo los principios de parlamento abierto y máxima publicidad, entre el 27 de noviembre y 9 de diciembre, que luego remitirá a la Junta el dictamen de elegibilidad y de no conflicto de interés.

El citado dictamen de elegibilidad deberá estar concluido el 11 de diciembre, para que enseguida la Jucopo acuerde el nombramiento y se presente al pleno en la última semana del período, votación que será por cédula de acuerdo al Reglamento del Senado para cuando se eligen personas.

La objeción del Partido del Trabajo (PT) a respaldar la convocatoria se debió a que no garantiza la elección de un fiscal imparcial alejado de las cuotas de los partidos, declaró el coordinador de esta fracción, Manuel Bartlett Díaz. Aseguró que “ahora se pusieron de acuerdo PAN, PRI y PRD como colita de Emilio Gamboa (coordinador de los senadores del PRI). Esto no es posible, no puede seguir los nombramientos por acuerdos clandestinos en el Senado”, sin embargo la impugnación pudo ser porque no hubo respuesta al planteamiento que hizo el PT para que en las propuestas sólo hubiera mujeres y así una de ellas ocupara el cargo en la FEPADE.

TOTAL NITIDEZ

Frente al reclamo de algunas bancadas de la Cámara de Diputados para que se mantuviera el reparto discrecional de recursos, el presidente de este organismo, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), consideró que eliminar del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), es un acto responsable y congruente al darle total transparencia al uso del dinero público.

Por varias semanas hubo voces que exigían mantener ese programa o sustituirlo por otro, para que continuara fluyendo el apoyo, porque, decían, ayudaba a mejorar las condiciones de vida en un número importante de localidades. El monto que se repartía entre los 500 diputados era cercano a los 10,000 millones de pesos, que al no estar regulado se prestaba para que se dispusiera sin problema alguno, lo que dio pie para que se conociera como el “de los moches”.

Para terminar con esta situación se acordó eliminarlo y que todo lo que salga del erario se conozca su uso y destino. El diputado Ramírez Marín acentuó que aún cuando servía como apoyo económico para las entidades, “se prestaba también a opacidad, por tanto, evitar cualquier suspicacia y posibilidad de desvío de recursos, apuntala la transparencia en su ejercicio”.

El pasado 9 de noviembre la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 413 votos a favor y 49 en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo, por una suma de 5 billones 236 mil millones de pesos, que incluyen 43 mil 291 mil millones a la propuesta que envió el Ejecutivo y que deberá estar aprobado en su totalidad a más tardar el 15 de noviembre.

Aunque se presentaron en lo particular 346 reservas existe la confianza que no se expondrá alguna propuesta para que se reinserte el Fortalece o uno similar, ya que casi todos los grupos legislativos están conformes en que pase a la historia.

Jorge Carlos Marín sostuvo que “las mejores decisiones se deben tomar en conjunto y sin resquemores partidistas. La unidad debe ser nuestra mayor herramienta para dar resultados a la ciudadanía”, además de recordar que de ninguna manera “se elimina la capacidad de gestión de los legisladores a favor de sus distritos. Van a poder seguir gestionando, lo que no podrán hacer es administrar recursos, puesto que eso debe ser facultad de otros poderes y funcionarios. Sin el Fortalece vamos a brindar más certeza, transparencia en el uso y destino del gasto público”

Con esta decisión se cierra un capítulo que siempre estuvo en turbulencia, debido a las acusaciones que había al desconocerse con precisión en qué se gastaba ese dinero y cuál era el beneficio social, lo que dio pie para se engancharan acusaciones de que había quienes pedían una iguala por tramitar y entregar el recurso.

DESTITUCIÓN HISTÓRICA.

Para un país como México, en que se conoce y denuncia hechos presumiblemente delictivos de funcionarios y no pasa nada, es un hito lo que sucedió el pasado 7 de noviembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución del jefe delegacional de Venustiano Carranza, en la capital del país, Israel Moreno Rivera, por incumplimiento de una sentencia de amparo, así como la consignación ante un juez y la de su antecesor en el cargo, el actual diputado local, José Manuel Ballesteros, por desacato.

Los ministros resolvieron por unanimidad el incidente de inejecución de sentencia, en el que se acusa al delegado por el PRD de haber omitido la expedición de cuatro nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, y de no otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.

Conforme a la Ley de Amparo, este delito no es considerado grave y puede significar de cinco a 10 años de prisión e inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por un mínimo de 10 años.

Es la primera vez que la Corte ordena la destitución de un jefe delegacional y por ser ausencia definitiva, el estatuto de gobierno señala que la Asamblea Legislativa designa a propuesta del jefe de gobierno y por mayoría absoluta de los diputados, al sustituto para que termine el encargo.

En cuanto al José Manuel Ballesteros, la PGR deberá evaluar si procede o no detenerlo en cumplimiento al fallo de la Corte, por lo que el Ministerio Público Federal debe analizar si la sentencia de la SCJN tiene efecto de retirar el fuero al diputado o si es necesario iniciar el proceso de desafuero en la Asamblea Legislativa.

Con esta acción la Suprema Corte ratifica el sistema de contrapesos que debe haber en cualquier país democrático, donde nadie está por encima de la ley, lo que al mismo tiempo sirve como un llamado de atención a los funcionarios de todos los niveles que están obligados a cumplir y hacer cumplir lo que dispone la legislación.