La secretaria de Administración, Raquel Soto Orozco, informó que en este primer trimestre, los 2 mil 383 proveedores registrados ante el Gobierno del Estado deberán refrendar este trámite para acreditar su cédula 2023 y estar habilitados en participar en cualquier proceso de compra de los organismos centralizados y descentralizados.
Indicó que aquellos proveedores que omitan este trámite, tendrían que reiniciar todo el proceso a partir de abril próximo, en caso de querer venderle a alguna de las dependencias e instituciones del Gobierno del Estado.
Luego, señaló que de acuerdo con los contratos de compra, los proveedores podrán cobrar en plazos de 30 a 45 días de la fecha de entrega, aunque otros serán más ágiles al formar parte de montos pequeños de 20 mil a 100 mil pesos, que pueden ser cubiertos en una semana. En temas de seguridad pública, los plazos son mayores.
Asimismo, comentó que el padrón de proveedores del estado se encuentra abierto durante todo el año y las personas interesadas deben cumplir con un procedimiento exigente, porque implica estar al corriente como patrón del IMSS, tener un cumplimiento en positivo ante el Servicio de Administración Tributaria, cuyas instancias se regulan de modo independiente al Gobierno del Estado.
Agregó que la Secretaría de Administración es estricta en aceptar a nuevos proveedores, porque el objetivo es garantizar que las compras de bienes o servicios que se hagan para el Estado provengan de empresas que cumplen conforme a la ley, a favor de Aguascalientes y del país.
Raquel Soto Orozco mencionó que tan sólo en el periodo de octubre a diciembre de 2022 se dieron de alta 255 proveedores, pero la SAE está abierta a atender a las empresas interesadas en un horario de lunes a viernes, de 8:00am a 04:00pm.
De igual modo, la página electrónica de la Secretaría de Administración permite hacer consultas a los proveedores, incluso se puede dar de alta el interesado, y tras haber ingresado la documentación pertinente, se le resuelve en 3 días para que reciba su cédula y pueda participar en alguna compra de los organismos centralizados o descentralizados del Gobierno del Estado, llámese universidades, sector salud, educativo, obra pública, entre otros.
