Por : Jesús Eduardo Martín Jáuregui

“Estos son mis principios, y si no le gustan… tengo otros” Groucho Marx

La neurociencia cognitiva ha investigado mucho sobre emociones humanas, pero aún sabe poco sobre la vergüenza ajena. ¿Por qué lo pasamos fatal cuando vemos al compañero hablando con un trozo de lechuga en el diente sin darse cuenta? Estudios recientes demuestran que, ante alguien que pone en peligro su dignidad, se activan las mismas estructuras corticales que cuando sentimos compasión por el dolor del prójimo.

¿Por qué la paso tan mal, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia convalida la figura del arraigo así se trate de los sicarios más resicarios del sicariato?

¿Por qué la paso tan mal cuando el Secretario de Relaciones Exteriores reclama lo irreclamable y defiende lo indefendible ante el señalamiento de una relatoría de la ONU que señala lo que medio mundo conocemos y de una u otra forma hemos experimentado, cuando no alentado?

Hace algunas décadas una entrañable amiga, colega, y entonces compañera en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, la ahora doctora Ma. Cristina Amador Jiménez de Ochoa, propuso al Procurador Jesús Ávila Femat, Q.E.P.D., con mi aval, que por supuesto era innecesario pero no me quería perder la posibilidad de participar en la propuesta, crear una Dirección General de Sustos, que al lado de la Dirección de Averiguaciones Previas en la que yo hacía todo lo posible por asustar a los indiciados por algún comportamiento antisocial pero que evidentemente era insuficiente, lograra inhibir las conductas delictuosas. No era infrecuente que compareciera alguna persona, luego de franquear la barrera del “Cielito Lindo” Don José Jayme Alcaraz, apodado así por un gran lunar que tenía en un tobillo, agente de la judicial comisionado a Averiguaciones Previas, solicitando la intervención de la representación social, el Ministerio Público para desfacer algún entuerto, y, cuando se trataba de una conducta no grave insistían “si no quiero que se le castigue, nomás que se le dé un susto”, o bien “nomás quiero que le den una “desconocidita” los judiciales, que al cabo yo tanteo que con unos fregadazos tiene”, o por qué no “si con que los otros presos le den una madrinita de recepción, con eso va a tener”.

Como lo platico sucedía, y si no allí está Cristi, para que me lo desniegue o a la contra, que me lo haga ver, porque la gente acudía así “con nuestro padre Gobierno” para que se apaciguara a los soliviantados.

Una conducta así, simple y de alguna manera cándida, ejemplificaba sin embargo la aceptación en el imaginario colectivo que la policía por su naturaleza, y toda autoridad por extensión, tendría justificación por usar la fuerza en represalia por las conductas antisociales. “Ya se sabe cómo es la policía…”, “Es que si la policía no es temida entonces no la toman en serio…”, “Es que para hacerse respetar tienen que usar de los medios que sean necesarios…”.

El llamado nuevo sistema de justicia penal tendría que lograr modificar paradigmas que están acendrados de manera profunda en el comportamiento de la autoridad, y aceptados, si bien de manera inconsciente por una gran parte de la población. No de otra manera se explica la tolerancia respecto de medidas totalmente contrarias a un sistema de justicia adversarial como lo es la figura del arraigo. Si una de las divisas fundamentales de la nueva visión en materia de persecución del delito es “investigar para detener” y no “detener para investigar”, el arraigo no puede tener carta de naturalización en un sistema democrático, transparente y de equilibrio de las partes acusadora y acusada.

La Suprema Corte de Justicia durante muchos años sostuvo un criterio rupestre, por decirlo suavemente, con respecto a la prueba confesional. El tribunal sostenía que la primera declaración de un inculpado, sea cuales fueren los medios empleados para obtenerla, tenía pleno valor probatorio por su valor de inmediatez y espontaneidad. El criterio de la Corte convalidaba la tortura porque dejaba subsistente el valor de la confesión. Los “investigadores” que torturan no lo hacen en términos generales porque se trate de “seres atávicos con regresión al salvaje” como quería de los delincuentes Lombroso, lo hacen porque desempeñan el papel que les enseñaron a desempeñar y porque además les da resultados. Es decir, al obtener la confesión pueden lograr la consignación de un presunto delincuente, y ocupar las planas policíacas de los periódicos con el “éxito” de la investigación. Al fin y al cabo, dentro de algunas semanas o meses que la maquinaria judicial, particularmente la federal dejara en libertad al acusado, ya no será noticia y ocupará una columna en vez de ocho en la página roja. El problema último de la tortura es que puede arrancar la confesión de casi cualquier persona, y sin embargo, no lograrla de criminales avezados.

Sostener la constitucionalidad del arraigo para un determinado tipo de conductas antisociales es sostener una arbitrariedad lógica. Todos los ciudadanos gozan de la presunción de inocencia salvo a los que la policía presuma culpables de delincuencia organizada. Un análisis minucioso que dé seguimiento a las consignaciones espectaculares de “delincuentes pertenecientes a bandas criminales” mostrará cómo en un número alarmante son luego puestos en libertad por violaciones a sus derechos fundamentales, ya sea en la detención, ya sea en la integración de la averiguación previa, ya sea en el proceso.

Los principios fundamentales de la moderna justicia penal no pueden aplicarse selectivamente. La presunción de inocencia no puede aplicarse para algunos delitos y dejar de aplicarse en otros. La igualdad procesal no puede operar solo en algunos procesos y no operar en otros. El investigar para detener debe operar siempre y no dejar de hacerlo para aparentar acción con “detenciones epatantes”. La Corte, seguramente por la presión de un gobierno que en buena medida se ve rebasado por las conductas antisociales y el crimen organizado, valida un criterio que, aunque esté en la Constitución, es contrario a la tendencia general del mundo occidental. Su criterio a la larga, retrasará los avances de la investigación policíaca científica, y hará que, en buena medida, se creen hoyos negros en el sistema de justicia penal adversarial.

Pensaba añadir algunas líneas para referirme a la cuestión de la tortura, pero… dadas las declaraciones oficiales me queda claro que en México no es ni será nunca una conducta generalizada, lo que sin duda nos deja a todos muy tranquilos… creo. Pero… siento una insuperable vergüenza ajena.

bullidero@outlook.com           bullidero.blogspot.com           twitter @jemartinj

¡Participa con tu opinión!