Por: Octavio Díaz García de León

 La idea: entre los diferentes tipos de corrupción que se pretende combatir, se hace mucho énfasis en el mal uso de los recursos que utiliza el gobierno para realizar sus funciones. Si bien es cierto que en estos rubros existen importantes riesgos de corrupción, se suelen soslayar otros de igual o más importantes, tales como aquellos que derivan de decisiones regulatorias, sentencias o permisos. Es importante poner atención en estos riesgos de corrupción también.

 

Los esfuerzos por fiscalizar el uso de los recursos públicos (materiales, financieros y humanos) ocupan la mayor parte del tiempo de los órganos fiscalizadores de los tres poderes y de los organismos autónomos. Pero los grandes casos de corrupción no se encuentran sólo allí.

Las actividades sustantivas de las instituciones del gobierno afectan intereses económicos y políticos de los particulares que las hacen susceptibles de corrupción, al tratar estos de influir en los servidores públicos para que, en su carácter de autoridades, resuelvan los asuntos en su favor.

Este tipo de decisiones rara vez es revisado por los órganos fiscalizadores, los cuales se concentran en auditar el uso de los recursos de la institución. Lo cual no está mal, porque es una parte relevante de su función y, como he mencionado en otros artículos, el combate a la corrupción no es una de las tareas principales de los órganos fiscalizadores.

Algunos ejemplos de este tipo de decisiones con riesgos de corrupción son: permisos que se otorgan en estados y municipios, por ejemplo, para la construcción de inmuebles; algunos de los asuntos que se resuelven en el Poder Judicial, por ejemplo, en materia electoral. Esto último debido a que, si consideramos que una elección para gobernador puede llegar a costarle a los partidos políticos varios cientos de millones de pesos, es de esperarse que las presiones para obtener sentencias favorables en las disputas electorales no sólo tengan un fuerte componente político sino también económico.

En el mismo sentido, instituciones reguladoras en materia de telecomunicaciones, competencia o energía toman decisiones que afectan los negocios de las empresas por montos que pueden alcanzar miles de millones de dólares, por lo que en esas decisiones también pueden existir riesgos de corrupción.

El Poder Judicial separa la fiscalización de los asuntos jurisdiccionales de los administrativos. Para los primeros, cuenta con Visitadurías que realizan revisiones a las áreas jurisdiccionales, pero carecen de herramientas para investigar riesgos de corrupción. Su actuación se limita, en la mayoría de los casos, a ver si los asuntos jurisdiccionales son desahogados de acuerdo con la normatividad que les aplica. Una revisión parecida a la que hacen sus órganos internos de control en materia administrativa, los cuales fiscalizan las actividades no jurisdiccionales.

Los órganos internos de control no están diseñados para combatir actos de corrupción en general y, por lo tanto, no lo hacen con respecto a las decisiones en materia sustantiva de las autoridades, por lo que hace falta un mecanismo anticorrupción que permita detectar estos delitos.

Para ello, haría falta una agencia anticorrupción independiente con las herramientas necesarias de investigación que le permitan acceder a movimientos ilegales de dinero, recopilar inteligencia y revisar el patrimonio de los funcionarios que participan en estos actos de autoridad.

Ante los nulos resultados del Sistema Nacional Anticorrupción, sería conveniente crear estas agencias estatales y federales anticorrupción que no sólo combatan la corrupción en el manejo de los recursos con los que trabajan las instituciones del gobierno, sino que también investiguen y sancionen los delitos que derivan de este tipo de práctica, donde las autoridades favorecen indebidamente a particulares.

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